UNPSJB: la facultad de Humanidades rechazó los fondos de Minera La Alumbrera
Asociación Docentes Universitarios
El Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco manifestó en su sesión del viernes, por unanimidad, el rechazo a los fondos provenientes de Minera La Alumbrera.
Fue la consejera alumna, Débora Saso, junto a Mauricio Ruiz, de la Federación Universitaria Patagónica y el Foro Ambiental y Social de la Patagonia, quienes dieron los argumentos que permitieron tomar la decisión a los representantes de docentes, no docentes y estudiantes.
Hasta ahora ya rechazaron los fondos mineros tres universidades y 27 facultades de todo el país. En este marco el debate también llegó a la UNPSJB a través de la Pastoral Social que expuso el tema en el Consejo Social, planteando la necesidad de rechazarlos, considerando el impacto que tiene en el medio ambiente y por ende en las comunidades.
La Universidad local ya aceptó el primer envío de fondos de La Alumbrera y ahora debe resolver si aceptará el segundo. Cabe recordar que la sede Esquel, ciudad emblema de la lucha contra la mega minería, rechazó públicamente los fondos y pidió que el Consejo Superior hiciera lo mismo.
El rechazo por parte de facultades y universidades nacionales a los fondos de Minera La Alumbrera y la concientización sobre el daño que ocasiona la mega minería forman parte de la lista en la que figuran los principales logros ambientales de 2009 de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), según un balance efectuado por la agrupación Movida Ambiental de Termas de Río Hondo (integrante de esa organización nacional).
El origen
Las universidades nacionales reciben dinero proveniente de las ganancias empresariales de La Alumbrera porque una ley de 1959 determina que el 20 por ciento de aquellas deben ir a Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), que reparte el 60 por ciento de ese dinero a la provincia de Catamarca, otro 20 por ciento a la Universidad de Tucumán y el 20 por ciento restante entre las demás universidades.
En el último año varias casas de estudio rechazaron los fondos, por lo que el monto a repartir es cada vez más importante. Sin embargo, algunos sectores de las comunidades universitarias plantean que “si se reciben fondos de personas o instituciones que violaron normas, y que al hacerlo pusieron en riesgo la salud y la vida de las personas, tal aceptación demuestra ausencia de criterios éticos y ‘blanquea’ indirectamente la imagen individual o corporativa de quienes transfieren fondos”.
Publicado por Puerta E
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Denuncia penal contra la minera Cat Gold
El día viernes 12 de noviembre de 2.010, el abogado Dr. Julio Andrada presentó una DENUNCIA PENAL en Fiscalía de Instrucción de la Provincia, contra la Empresa Cat Gold. S.A, el Secretario de Minería de la Provincia Jorge Eremchuk, el Intendente de Fiambalá Amado David Quintar y el Delegado de Las Papas Nicolás Fidel Caro. Entre los cargos se cita violación y/o incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Esta denuncia surge luego que integrantes de las asambleas de Vecinos Autoconvocados de Tinogasta, Medanitos y Palo Blanco comprobaran que la Empresa Exploradora Cat Gold. S.A está trabajando a 80 km aproximadamente de la localidad de Las Papas, Dpto. Tinogasta (casi en el limite con el Dpto. Antofagasta de la Sierra), en tareas de perforación para exploración, interviniendo en el curso del río, cortando su cauce y almacenando el agua proveniente de los deshielos de la Cordillera de San Buenaventura, una de las nacientes del Río Abucán que abastece de agua a todas las poblaciones del Departamento; con el agravante que la empresa dio comienzo a las tareas dos meses atrás, sin contar hasta el día de la fecha con la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental.
Sumado a ello la empresa Cat Gold está usando la Posta Sanitaria del lugar como campamento, cedida por el Intendente Amado Quintar y el Delegado Caro, empleando a la población femenina en tareas de lavado y limpieza, manipulando a los habitantes de Las Papas para lograr consenso social.
Cabe mencionar que cuando los asambleístas regresaban del lugar, el Delegado Caro y geólogos de la empresa les realizaron un corte en el camino, atravesando la camioneta del Sr Caro, tratándolos de ignorantes, intentándoles quitar el material fotográfico y filmaciones y reprochándoles que habían ingresado a la localidad de Las Papas sin el permiso del Delegado.
Comisión Prensa y Comunicación
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas
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Otra empresa minera demanda a El Salvador
COLATINO
Las demandas interpuestas por las empresas extranjeras en tribunales internacionales de corte neoliberal plantean la necesidad de revertir o renegociar los Tratados de Libre Comercio (TLC) con los Estado Unidos y las demás potencias mundiales.
Al parecer, los países en vías de desarrollo y las economías emergentes del mundo quedan en una posición susceptible, cuando los tratados los amarran a jurisdicciones y tribunales corporativos de los organismos financieros internacionales.
En el caso particular de El Salvador, dos empresas han demandado al Estado por más de 170 millones de dólares, basándose en violaciones a los tratados de libre comercio.
Pacific Rim, empresa canadiense dedicada a la minería metálica, fue la primera en interponer una demanda en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), por haberse cancelado los permisos de explotación del subsuelo salvadoreño en el departamento de Cabañas.
La segunda empresa demandante es Commerce Group, radicada en los Estados Unidos. A esta se le revocó el permiso de explotación en San Sebastián, departamento de La Unión, por lo que consideran violentados sus derechos y exigen 100 millones de dólares de indemnización, además de la restitución del permiso.
El gobierno salvadoreño concedió desde los años 1960 varios permisos de explotación de forma intermitente a Commerce, para sacar oro de la mina, según la documentación del caso.
Luego El Salvador modificó sus leyes mineras en 1995 y en 2001. Según esta última reforma, las compañías debían cumplir con unos permisos medioambientales más estrictos.
En agosto de 2003, la compañía anunció que había obtenido un nuevo permiso de explotación pero en noviembre de ese año, el gobierno salvadoreño acusó a la empresa de no haber llevado a cabo todas las auditorías medioambientales necesarias.
La licencia de Commerce Group fue clausurada por el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN) cuando se confirmó que sus operaciones contaminaron el río San Sebastián con cianuro, mercurio, drenajes ácidos y metales pesados. La contaminación alcanzó otros afluentes, el aire y el suelo en el norte de La Unión.
La empresa estadounidense siguió el mismo procedimiento que inició la Pacific Rim hace meses ante el CIADI, que es el tribunal corporativo del Banco Mundial y es el que decide sobre la validez de los reclamos de las mineras amparadas en las disposiciones del TLC, firmado entre Centroamérica y los Estados Unidos.
Para Luis López, representante legal de la Mesa Frente a la Minería de El Salvador, este tipo de arbitrajes o juicios en los tribunales que se interpusieron son ilegales.
“La primera parte de ilegalidad de este tipo de demandas radica en que estos arbitrajes no contemplan todos los aspectos de la legalidad; el principal aspecto olvidado en este punto es el respeto al medioambiente”, explicó López.
La posición de la Mesa Frente a la Minería es que el CIADI debe ser rechazado como tribunal competente para resolver este tipo de diferencias, que no son estrictamente comerciales por involucrar aspectos sociales como la salud pública y el medioambiente.
“Estamos frente a un tribunal que decide aperturar cualquier tipo de demanda frente a cualquier Estado que se oponga por intereses ambientales o económicos a los intereses de las empresas mineras”, concluyó el abogado.
