De Barrancones a HidroAysén: a un paso
Juan Pablo Orrego
Ecólogo, Presidente de Ecosistemas. Coordinador Internacional del Consejo de Defensa de la Patagonia.
Hace algunas semanas el Ministro de Energía Ricardo Raineri entregó públicamente un apoyo explícito a los proyectos Castilla, HidroAysén, Xstrata, y a la energía nuclear. Esto es un hito político y comunicacional dado que por primera vez el gobierno de Piñera entrega su visto bueno a algunos de los más grandes y nefastos negocios energéticos planteados en el país. Esta actuación, totalmente fuera de la competencia propia del Ministro y reñida con la probidad administrativa, le valió el enérgico rechazo de la ciudadanía.
Ahora queda claro cuál es la política energética de este Gobierno, que es exactamente lo opuesto a lo que necesita Chile: un apoyo desenfrenado al mega negocio energético de grandes empresas y monopolios. En sus declaraciones, el Ministro Raineri fundamentalmente sólo apoya lo mega, entrando en total contradicción con la meta 20/20 recientemente planteada por el gobierno, al parecer otro maquillaje verde, de llegar al 2020 con un 20% de energías renovables en nuestra matriz energética. Los proyectos apoyados por el Ministro destruyen la posibilidad de cambiar el paradigma energético y de transitar a un sistema inteligente, moderno, realmente eficiente, respetuoso del medio ambiente y de las dinámicas de las comunidades regionales y locales. Esta mirada, orientada ciegamente por el mega negocio energético, impide evolucionar a un modelo energético sustentado en una sabia utilización de los elevados potenciales energéticos renovables de cada región, con centrales a muy menor escala, que acercan la generación al consumo, eliminando de paso las grandes e ineficientes líneas de transmisión. Además, la generación distribuida aumenta significativamente la seguridad energética y crea numerosos empleos, entre muchas otras bondades.
Esta mirada, orientada ciegamente por el mega negocio energético, impide evolucionar a un modelo energético sustentado en una sabia utilización de los elevados potenciales energéticos renovables de cada región, con centrales a muy menor escala, que acercan la generación al consumo, eliminando de paso las grandes e ineficientes líneas de transmisión.
Sólo HidroAysén coparía el mercado energético por más de una década, bloqueando el despliegue de las renovables durante ese período, lo que constituye sin duda uno de los objetivos estratégicos perversos de las empresas involucradas para impulsarlo contra viento y marea. Este proyecto, además, con su línea de 2.300 kms instalaría un elevadísimo riesgo de corte y caída del sistema con consecuencias catastróficas para el SIC, es decir para casi todo el país. Algunos teníamos una leve esperanza que el Presidente Piñera, pragmático y eficiente empresario, aplicara esta lógica al desarrollo energético, porque si fuera así no podría extraviarse de esta forma. El problema es que una vez más se privilegia el mega negocio de los mismos de siempre, por sobre todas las cosas, incluyendo el sentido y el bien común. ¿Cómo es posible, además, que saltándose la institucionalidad ambiental por motivos personales el Presidente liquide Barrancones de 600 MW y que luego su Secretario de Estado apoye el monstruo termoeléctrico Castilla de 2.100 MW, que destruiría uno de los tramos más bellos y más ricos en términos de ecología marina de todo el litoral norte de nuestro país? O sea, no hay lógica energética ni ambiental, sólo comercial.
No obstante, tampoco debe sorprender demasiado que en medio de la tramitación ambiental, y a 72 horas que la empresa HidroAysén entregara su segunda Adenda, Raineri apareciera en El Mercurio y La Tercera entregando esta sesgada ‘visión’. Recordar su pasado como consultor de Colbún ayuda a disipar la sorpresa.
Pero este inusitado lobby político del más alto nivel en apoyo de los poderosos que manejan el negocio energético en Chile, no paró ahí. A mitad de semana el mismísimo Presidente, Sebastián Piñera, al ser consultado por los proyectos hidroeléctricos en la región de Aysén, declaró: “La pregunta no es si se van a hacer o no… sino cómo se van a hacer…”Una vez más nuestra ya casi patética institucionalidad ambiental recibe un espolonazo nada menos, que de la máxima autoridad del Estado. Con este acto, se van al tacho de la basura las credenciales verdes que pudo en un momento haber presentado Piñera. Para ser justos, esto no es primera vez que sucede y no es privilegio de la derecha.
El ex presidente Frei impuso la central hidroeléctrica Ralco en el Bio bío, con consecuencias ambientales y sociales gravísimas que aún reverberan en nuestro país, y el ex presidente Lagos liquidó el proyecto Alumysa (planta reductora de aluminio y complejo hidroeléctrico asociado). Independiente de que uno celebre o condene el resultado de estas intervenciones presidenciales, a las que se suma hoy Barrancones, todas delatan claramente que el sistema de evaluación y de autorización de grandes proyectos por el medio exclusivo de ventanilla única, a través de la institucionalidad y legislación ambiental es, en gran medida, una triste farsa y un maquillaje verde para fomentar la inversión extranjera en nuestro país. El problema es que de esta forma lo que realmente estamos haciendo es fomentar el desastre.
Los integrantes de una delegación italiana de dirigentes de ONGs y de periodistas (RAI) que en estos días visitan nuestro territorio y que apoyan la campaña Patagonia Sin Represas no pueden creer que en Chile, teniendo la fama de país democrático dotado con una sólida institucionalidad, legalista, sustentado en la sacralidad del derecho y de la propiedad privada, pueda haber espacio para estas intervenciones discrecionales del Presidente Piñera y su Ministro Raineri. Los italianos que han visitado la Patagonia y que se han reunido con sus pobladores y autoridades locales, con Senadores y Diputados en el Congreso Nacional, varios de los cuales denunciaron, de hecho, una tremenda impotencia estructural y legal frente al actuar de empresas y corporaciones, no logran entender esta suerte de esquizofrenia entre país legal e institucional e intervencionismo de un ejecutivo cooptado o en complicidad con un empresariado que sólo busca la utilidad de sus empresas a costa del bien común y de la sustentabilidad social y ambiental del país.
El sacrificado viaje de la delegación italiana no es casualidad, y no es mera solidaridad internacional “ambientalista”. Ellos vinieron a Chile porque Enel, gigante energético europeo, que pasó a controlar el 92 % de Endesa España en febrero de 2009, es italiano. Un tercio de su capital accionario es estatal, público. Es decir, si HidroAysén se hace, estaría involucrado el dinero de todos lo italianos a través de sus impuestos. Está claro por qué los representantes de las ONGs que nos visitan se sienten fuertemente interpelados y con el deber y derecho de intervenir en el asunto. Además, si HidroAysén fuese autorizado, no solamente estaríamos bajo el dominio de un incontrarrestable monopolio de la energía y el agua en Chile, por parte de Endesa y Colbún (el 80% de la generación de energía del país, 80% de los derechos de agua no consuntivos de Chile y el 96% de Aysén), que pondría en jaque mate a la democracia nacional, sino que también el propio Estado italiano, a través de Enel estaría realizando un pingüe negocio con bienes nacionales de uso público de todos chilenos. Lo que el propio Estado de Chile, de acuerdo a su condición “subsidiaria” establecido en la Constitución de 1980, no puede hacer. Aquí hay una pérdida de soberanía gravísima que el Estado de Chile y Gobiernos de turno no debieran permitir por ningún motivo. En el pasado nos hemos peleado con Argentina por unas islas, por la “Laguna del Desierto”… Hoy estamos entregando nuestras aguas y nuestros ríos australes, recursos absolutamente vitales y estratégicos para nuestro país, a empresas trasnacionales… ¿y dónde están ahora los patriotas? ¿Es tanta la adoración del becerro del oro, del negocio infinito a costa de todo?
Suma y sigue, ya que la construcción de las faraónicas represas en la Patagonia chilena no es todo. Para llevar la electricidad a la zona central sería necesario cruzar más de la mitad del territorio nacional, con la línea de transmisión más larga del mundo, de más de 2.300 kilómetros de extensión, que atravesaría 9 regiones, 67 comunas, tierras indígenas, parques nacionales, con 6 mil enormes torres de 70 mt de alto y una franja de servidumbre de 100 mts de ancho. Todo esto para entregar “energía barata” a las grandes mineras del país en regiones donde se dan las más altas tasas de irradiación solar del mundo. ¿Qué pasó con la lógica, la racionalidad, la eficiencia, la mirada estratégica de largo plazo? Y si autorizan las represas de HidroAysén que son inútiles sin la línea ¿no generaría esto una dinámica perversa, compulsiva para autorizarla? Curiosamente, muchos expertos, así como Senadores y Diputados consultados, ven esta línea como una obra imposible por los insalvables obstáculos y riesgos de todo tipo que enfrentaría y, por lo tanto, también por su elevadísimo costo potencial.
Chile presenta una inmejorable condición geográfica y climática para el despliegue de todas las formas existentes de energías renovables: geotermia, eólica, solar, oceánica, lo que sumado a la eficiencia energética, nos permitiría perfectamente abastecer el desarrollo de un Chile renovado, embarcado por fin en una fase productiva terciaria. Para esto es necesario sustentar la economía en actividades realmente ‘productivas’ y no destructivas del tejido social y de los ecosistemas. Generar una sociedad equitativa, bella y sana en base a una educación de la máxima calidad pareja para todos. Producir inteligencia no echa humo ni tiene efluentes, no consume agua ni energía en las cantidades colosales que lo hace la fase ‘destructiva’ primaria. Los que tienen la responsabilidad de ser autoridades hoy no sólo tienen que practicar lo que predican sino también cambiar radicalmente la prédica. Pareciera que este gobierno voluntariamente no lo hará. Ahora depende de la ciudadanía informarse en serio y participar muy pro-activamente para influir en la toma de decisiones de políticas públicas en nuestro país. Es nuestro deber y nuestro derecho.
