La Justicia anuló permisos y decreto presidencial que beneficiaban al proyecto minero aurífero “Las Crucitas” en Costa Rica
La decisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo tuvo lugar luego de intensas campañas y denuncias por parte de comunidades y organizaciones ambientalistas ticas ante un proyecto que contaba con el beneplácito y la complicidad del poder político en ese país.
La complicidad llegó al punto de que el ex presidente Óscar Arias lo declaró de “interés público” y “conveniencia nacional”, tratamiento que fue continuado por la actual presidenta Laura Chinchilla.
El proyecto minero estaba programado para construirse en Crucitas de San Carlos, en la región Huetar Norte de Costa Rica, a unos tres kilómetros del río San Juan, fronterizo con Nicaragua.
Además, los jueces ordenaron a la Dirección de Geología y Minas, del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), eliminar la concesión a la minera de capitales canadienses Industrias Infinito, pero también buscan hacer responsable penalmente a las autoridades -entre ellas el ex presidente Arias- que habilitaron los permisos iniciales sin tener en cuenta el daño ambiental y social que representaba.
La sentencia, que se hará firme el próximo 14 de diciembre, fue recibida como un verdadero triunfo por parte de organizaciones comunitarias y ambientales que aguardaban, según las crónicas, en las afueras del tribunal. Y la misma ordena tanto a Industrias Infinito como al propio Estado costarricense el pago de una indemnización al país y a las comunidades por los daños ambientales causados en la zona.
Caminatas y vigilias
Dos caminatas de 170 kilómetros cada una, además de una vigilia y ayuno de cien horas, fueron las herramientas de movilización contra el proyecto Crucitas y contra las concesiones mineras a cielo abierto brindadas a trasnacionales en Costa Rica.
Asimismo, a comienzos de este mes de noviembre la Asamblea Legislativa daba un paso más en defensa de la soberanía de los recursos minerales al prohibir luego de arduos debates la minería metálica a cielo abierto en el país. El cerco comenzaba a cerrarse en torno al proyecto Crucitas.
Estos pasos, sustentados en decenas de instancias comunitarias, consultas públicas y movilizaciones jalonaron la decisión del Tribunal, que representa motivo de celebración en Costa Rica hoy, pese a que el gobierno de Laura Chinchilla no se ha pronunciado y espera se formalice la sentencia.
Oro o juicios
Pocas horas después de conocerse el fallo Radio Mundo Real recogió el testimonio de Javier Baltodano, miembro de Coecoceiba - Amigos de la Tierra Costa Rica quien destacó la enorme importancia de esta decisión: “éste es un juicio que ganó el Planeta, que ganó la Naturaleza y como movimiento nos sentimos siempre muy acompañados por el resto de la Federación”.
A su juicio, el resultado obtenido este 24 de noviembre además de ser histórico no hubiera sido posible sin la apoyatura internacional que el movimiento ambiental tico logró convocar.
Baltodano señala que el Poder Ejecutivo, que se ha llamado a silencio sobre el dictamen, “no cuenta con mucho margen de maniobra” sino acatar y suspender los decretos y permisos, al sumarse la decisión judicial a la norma parlamentaria que prohíbe la minería a cielo abierto.
Para Baltodano, resulta claro que esta decisión es “la última estocada” para esta industria extractiva en el territorio costarricense.
Una vez formalizada la decisión y transcurrida la instancia de casación, “nos quitaríamos así un enorme peso de encima”, señaló Baltodano, quien recordó que según encuestas un 98 por ciento de la población reprueba estos proyectos.
Es esperable que la compañía canadiense intente doblegar la decisión soberana a través de amenazas de juicios de indemnización, expresó el activista ambiental.
“El ex presidente Óscar Arias tuvo una responsabilidad personal y hacia él tienen que ir dirigidas las flechas en caso de un juicio de parte de la empresa minera”, insistió Baltodano subrayando que el Tratado de Libre Comercio signado por costa Rica con Canadá precisamente ambienta este tipo de demandas.
“La empresa es responsable porque siguió adelante con el proyecto a pesar de que había una legislación muy clara y contundente que se lo prohibía. Siguió adelante auspiciada por los políticos de turno y son ellos los responsables a quienes se deberían pedir indemnizaciones y no al Estado de Costa Rica”, señaló.
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