HIDROAYSÉN; EL QUE SE APURA PIERDE EL TIEMPO
Por: Carlos Pérez Alvarado
Muchas personas se han estado preguntando qué sucede con la movilización en contra de la construcción de mega represas en nuestra región. Luego de la aprobación de HidroAysén, las marchas como la del 21 de mayo, que en Coyhaique congregó a más de tres mil personas y unas 80 mil en Santiago, no han sido superadas en cantidad de gente y han ido disminuyendo en frecuencia. Algunos se muestran preocupados por la aparente inactividad del movimiento Patagonia sin Represas (PSR) y otros –incluso- se muestran contentos, sin ocultar sus deseos de que la insospechada fuerza que llegó a adquirir disminuya. Nada más alejado de la realidad.
En el caso de Aysén basta considerar que las marchas y protestas no se han detenido desde el mismo año 2006, cuando se anunciaron las intenciones de la entonces Endesa-España de venir a represar nuestros ríos. Recordar, p.e. la épica cabalgata Cochrane-Coyhaique en noviembre de 2007, que no fue cubierta por los medios nacionales pero que sí impactó fuertemente en toda la comunidad regional con su clarísimo mensaje de unidad frente a las amenazas de esta empresa transnacional en contra nuestra cultura. No se olvidarán a los transeúntes aplaudiendo, saludando con sus pañuelos o simplemente llorando de emoción por lo que estaban presenciando, más de 120 jinetes llegando a la plaza pentagonal. Pese al marcado e interesado silenciamiento de los medios, los ayseninos nos hemos manifestado en numerosas ocasiones; con lluvia, con sol o con nieve y ha sido una de las razones por las que nos ganamos el respeto y el apoyo del resto del país, que también salió en masa a las calles para repudiar la aprobación del megaproyecto aquel aciago 9 de mayo. Y eso no se detendrá.
El gobierno y sus funcionarios, que siempre imaginaron que este tema duraría unos pocos días han tenido que soportar por semanas el asedio de una ciudadanía que se unió e hizo de PSR una causa nacional (e internacional). Hoy día en La Moneda parece que no quieren reconocer tanta oposición y, más aún, que el proyecto Hidroaysén se encuentre paralizado, por una resolución de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt estimándose que esto no se resolverá sino hasta fines de este año (si es que). Dependiendo del dictamen habrá apelaciones de uno u otro lado, llevando con seguridad el caso hasta la Corte Suprema, lo cual puede retrasar varios meses más su reanudación. Lo anterior involucra sólo 3 recursos que se interpusieron después de su irregular aprobación, además de la última querella en contra del VP Ejecutivo Daniel Fernández, por mentir en los Tribunales de Justicia (lo que se castiga con cárcel), se ha informado que se preparan varias otras demandas en contra de Hidroaysén, el gobierno y quienes resulten responsables de su autorización. Incluso se estudian recursos en cortes internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Unesco (por afectar parques Nacionales), etc.
Mientras tanto Hidroaysén postergó la entrega del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del tendido de torres de alta tensión con la excusa que esperará por la "carretera eléctrica" propuesta por el Presidente S. Piñera pero que de la que todavía nada se sabe. La promesa de ingresarlo al sistema de evaluación a fines de este año ahora no tiene fecha por lo que podría terminar transformándose en un estorbo serio para los candidatos en las próximas elecciones municipales de 2012, quienes no querrán aparecer avalando un proyecto tan impopular como éste. Sin duda este inconveniente complicaría mucho sus planes si no consiguen ingresarlo antes de que parta la campaña a mediados del próximo año.
Suponiendo que el consorcio Endesa-Colbún pueda finalmente sortear sus conflictos legales, incluso antes de que ingresen el EIA del tendido, una eventual reunión del Consejo de Ministros para ratificar o no la aprobación de las 5 megarepresas en el Baker y el Pascua será el siguiente gran escollo que deberán enfrentar. No cuesta mucho adivinar que si eso llega a ocurrir vamos a estar nuevamente en las calles por miles y miles, en todo Chile, para volver a recordarle al Presidente y su gobierno que no queremos represas en la Patagonia y que continuaremos oponiéndonos, por lo menos hasta que S. Piñera, su principal defensor, ya no esté en La Moneda. Por lo tanto, a todos aquellos que están preocupados por la falta de convocatorias para seguir marchando contra de Hidroaysén y Energía Austral, el llamado es estar tranquilos, y como sabiamente decimos en la Patagonia; el que se apura pierde el tiempo.
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Así lo confirmó su presidente Julio López.
ANEF regional llama a firmar para concretar realización de plebiscito sobre represas y tendidos eléctricos en Aysén
· Dirigente recordó que la ANEF “está comprometida, desde hace una buena cantidad de años, por lo menos desde el 2005, con este tipo de formas de participación”.
“Llamamos a las funcionarias públicas, a los funcionarios públicos, pero en general a las vecinas, a los vecinos, a los ciudadanos, a quienes quieran tener una participación en esta toma de decisiones, a que se inscriban en la notaría, a que lleven a los amigos a inscribirse y a que entre todos podamos decidir, en igualdad de condiciones”.
Éste fue el llamado que el presidente regional de la Anef, Julio López, hizo a la comunidad regional para que se involucre en el proceso de recolección de firmas que busca convocar a plebiscitos en diversas comunas de la región, que permitan a los ayseninos expresar democráticamente su opinión sobre la eventual construcción de represas y tendidos eléctricos en Aysén. La idea ha sido recogida por diversas organizaciones locales, una de las cuales, el Movimiento Ciudadano Patagonia Unida (MCPU), está liderando el proceso en Coyhaique, donde se requieren cerca de 1600 firmas para concretar el referéndum.
En este sentido Julio López expresó que “es altamente conveniente que la gente participe y que utilice los pocos instrumentos que nos entrega la actual Constitución, para tener mayor poder de decisión. No es una Constitución particularmente democrática, pero tiene algunas rendijitas por donde se cuelan algunas libertades y ésas hay que aprovecharlas”. Agregó que “los ciudadanos tenemos que acostumbrarnos a tener poder para decidir sobre el futuro, no solamente nuestro sino que también de nuestro entorno, de nuestras comunidades, y la mejor forma de decidir, la más democrática, la más participativa, es votando, participando todos en igualdad de condiciones, donde cada persona vale lo mismo. Esto es muy conveniente y necesario hoy día, cuando hay mucha crítica y duda instalada con respecto de la legitimidad con que las autoridades están tomando ciertas determinaciones en nombre nuestro o bajo nuestra representación”. El dirigente explicó que este llamado es coherente con la visión de la Anef en el sentido de que la organización “está comprometida, desde hace una buena cantidad de años, por lo menos desde el 2005, con este tipo de formas de participación. Nosotros hemos pedido a distintos gobiernos otras instancias que permitan ir ampliando los espacios de participación para los ciudadanos”.
Los impulsores de los plebiscitos están acogiéndose a lo consagrado por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades que señala que de reunirse un 5 % de las firmas del padrón de una comuna, se puede exigir al alcalde que convoque a referéndum sobre materias relacionadas con “inversiones específicas de desarrollo comunal, a la aprobación o modificación del plan comunal de desarrollo, a la modificación del plan regulador o a otras de interés para la comunidad local”. Una vez entregadas las rúbricas al edil, éste tiene hasta 10 días para dictar el decreto respectivo y a partir de ese momento 15 días para publicarlo en El Diario Oficial. El llamado a plebiscito será entre los 60 y 90 días una vez publicado en El Diario Oficial.
Si en el referéndum vota más del 50 % de los inscritos en el padrón, el resultado debe ser acatado por la autoridad comunal.
Sobre las preguntas que se están planteando, éstas se relacionan específicamente sobre materias del ordenamiento y desarrollo territorial comunal, en las cuales los ciudadanos podrán decidir si quieren que en su comuna se instalen o no infraestructuras relacionadas con mega proyectos energéticos, y designar la comuna de Coyhaique como distrito donde sólo se puedan desarrollar a futuro iniciativas de energías renovables no convencionales. El trámite es completamente gratuito y se puede realizar en la Notaría Durán (21 de Mayo 551, esquina Eusebio Lillo), en Coyhaique, de lunes a viernes en horario de oficina. En el resto de las comunas, deben descargar las instrucciones en la web www.plebiscitosparachile.cl. El plazo que los organizadores se han puesto para recolectar las firmas es todo el mes de julio.
Comunicaciones
Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida
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Desprivatizar las decisiones sobre nuestra energía
Presidenta del Partido por la Democracia (PPD)
Consultado en algún momento sobre el proyecto HidroAysén el ex ministro de la cartera Laurence Golborne, señaló con toda candidez que era poco lo que el gobierno podía hacer al respecto, pues se trataba de un proyecto impulsado por el sector privado. La actitud del ministro y sus palabras revelan una de las mayores carencias de nuestro sistema en materia energética.
Los gobiernos sí tienen algo que hacer ante los proyectos energéticos. Pueden hacerles observaciones y pueden rechazarlos o aprobarlos. En este caso, se optó por aprobar sin observaciones, renunciando a las limitadas posibilidades que el gobierno tiene de intervenir en la definición de un proyecto como HidroAysén, de condicionar su puesta en marcha o de impedirla. Mal puede quejarse el Ministro por las pocas atribuciones que el gobierno tiene si no hizo el más mínimo intento de utilizar las que sí tiene. Como país, sin embargo, es válido que nos preguntemos si queremos que en el sector energético el papel del Estado se limite a ponerle luz verde, roja o amarilla a los proyectos del sector privado, o si esperamos que tenga un rol más activo.
A nadie se le ocurriría que la decisión sobre qué carreteras construir y cuándo hacerlo dependiera de la voluntad de la empresa privada. Existe la posibilidad de que privados construyan y operen vías camineras e incluso que presenten al sistema de concesiones proyectos de inversión, pero las decisiones sobre qué caminos construir y cuándo hacerlo están radicadas en el Estado. Se entiende que se trata de una materia demasiado relevante para dejarla a merced de decisiones que no se inspiran en la búsqueda del bien común, sino que en el afán de obtener la mayor rentabilidad posible para el inversionista. Claramente nuestro sentido común indica que ese no es el criterio para definir la infraestructura caminera de nuestro país, sin embargo, es así como funciona el sector energético. En el sector de la energía, son empresas privadas las que tienen la iniciativa sobre qué proyectos promover. Ellas definen qué fuente energética usar, en qué momento realizar la inversión y en qué territorio. A través de diversas regulaciones, más o menos estrictas, mejor o peor concebidas e implementadas, el Estado chileno toma posición sobre las propuestas que presentan los privados, pero no dispone de la iniciativa de definir los proyectos a impulsar. Peor aún. Tenemos una situación en la que el mercado de la generación eléctrica se encuentra dominado por unos pocos grandes jugadores. Es finalmente en esas manos en las que está la definición de las fuentes energéticas que el país usará. En el ámbito hidroeléctrico, son esas empresas las que disponen del acervo de estudios sobre las cuencas hidrográficas de Chile que se generaron en los tiempos en que Endesa era una empresa de CORFO. Y son esas empresas las que tienen en su poder prácticamente todos los derechos de agua de los ríos con potencial de generación eléctrica del país, particularmente en la zona central.
Con un Estado pasivo y un sector privado sin competencia nada bueno puede esperarse del sector energético. Necesitamos cambiar radicalmente la manera en que se están tomando las decisiones en Chile en el ámbito de la energía y redefinir los papeles del sector público y el sector privado. Cada vez que un proyecto energético es cuestionado, el principal argumento en su defensa es que el país necesita energía y si se rechazan las inversiones que están en cartera, nos espera un alza en las tarifas, un riesgo de racionamiento y un freno al crecimiento económico. En el trasfondo de ese argumento está asumido que el país tiene que elegir entre los proyectos que están presentados o nada. O HidroAysén, o nada. O Castilla, o nada. La verdad, sin embargo, es otra. Hay muchos otros proyectos que el país podría impulsar, con otras tecnologías o en otras locaciones, pero no están en cartera porque no son los que tienen una mayor rentabilidad privada. Pueden ser buenos para el país, pueden ser incluso convenientes desde el punto de vista económico, pero si hay otro proyecto que promete más utilidades el inversionista optará por éste último. Por eso es tan importante invertir la forma en que tomamos las decisiones y permitir que se impulsen los proyectos que integralmente son mejores para el país, lo cual requiere el involucramiento del sector público en la formulación de los proyectos y en la definición de políticas que promuevan en forma mucho más activa un modelo de desarrollo energético más consistente con el interés general. Todo ello debe ser resultado de la deliberación democrática, no del cálculo de rentabilidad de unas pocas empresas dominantes. Su implementación requiere definiciones adoptadas en un proceso abierto y transparente que tenga presente los objetivos de desarrollo de largo plazo del país. Los proyectos podrán ser construidos por privados o entregados en concesión para su operación, pero lo clave es disponer de la capacidad de tomar las decisiones estratégicas que definan la matriz energética nacional. Ciertamente, también debiéramos permitir que el Estado sea socio o titular de proyectos energéticos, como lo es en gran parte de los países desarrollados. Al desprivatizar las decisiones sobre energía se nos abrirán muchas más posibilidades de las que hoy vislumbramos. Podremos hacer consideraciones de corto y largo plazo, evaluar distintas alternativas tecnológicas, tomar en cuenta los usos alternativos del territorio y las vocaciones productivas de las localidades, aportar a la innovación y la especialización en fuentes energéticas en que tenemos fortalezas potenciales, combinar diversos modelos de negocios, involucrar a las comunidades en la explotación energética de sus riquezas, como el agua, la energía solar, eólica o geotérmica. Podremos equilibrar y compensar de una forma más justa las externalidades negativas que los proyectos provocan en su entorno con los beneficios económicos gigantescos que de ahí obtienen los grandes consumidores de energía, especialmente en el sector minero. También tendremos la posibilidad de articular de forma más decidida las políticas de generación y de eficiencia energética. Hay una infinidad de combinaciones para resolver nuestras necesidades energéticas que hoy no están dentro de las alternativas que el país está evaluando simplemente porque no coinciden con los intereses de las poderosas grandes empresas que la llevan en Chile en materia energética. Vislumbrar esas posibilidades, tomar la iniciativa de impulsarlas y desarrollar políticas para darles viabilidad es una función indelegable del Estado, equivalente a las que asume en todos los ámbitos relevantes de las política pública, como educación, salud o vivienda y no hay ninguna razón para que siga renunciando a hacerlo en el ámbito de la energía. Dar ese salto requiere enfrentar poderosos e influyentes intereses y voluntad de actuar a favor del bien común. No se me ocurre una mejor definición de la buena política.
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/07/19/desprivatizar-las-decisiones-sobre-nuestra-energia/
