Megarepresas: ¿exportar y depredar?

Rolando Carvajal - Bajo la experiencia peruana de contundentes protestas sociales por la hidroeléctrica sobre el río Inambarí, tributario del Madre de Dios en la Amazonía de Puno, que afectaron al transporte y al comercio binacional con Bolivia, se ha desatado en el país una virtual polémica acerca de estos emprendimientos de enormes repercusiones económicas y sociales que la presente nota rescata, a partir de algunos acontecimientos puntuales.

Apenas concluía, el viernes 10 de junio en La Paz, el seminario "Construcción de centrales hidroeléctricas y mitigación de impactos socio ambientales: experiencias internacionales", ya se ultimaban detalles para la discusión más que ecologista en el panel internacional "Cachuela Esperanza, ¿otra megarepresa en la cuenca del río Madera?", efectuado el 15 del mismo mes en Cochabamba.

El primero fue organizado por el Grupo de Estudios del Sector Eléctrico de la Universidad Federal de Río de Janeiro (GESEL/UFRJ), a través de la Embajada de Brasil en Bolivia con el apoyo de Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Mundial (BM).

El segundo fue auspiciado por el Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CEADESC), cuyo director, Jorge Cortés, explicó que hay preocupaciones sobre el impacto ambiental que tendrá la proyectada central en Cachuela Esperanza, por la gran extensión de territorio a ser inundada, el costo social y la distribución de los beneficios económicos, entre otros aspectos.

CACHUELA ESPERANZA
La hidroeléctrica de Cachuela Esperanza, que según previsiones oficiales produciría electricidad de exportación desde el 2019, está ubicada sobre el río Beni, al noroeste de Riberalta y ha sido proyectada como parte del Complejo Hidroeléctrico del Río Madera (Madeira para los brasileños) en territorio boliviano.

Con una inversión de 2.000 millones de dólares, produciría 990 Megawatios (MW) equivalentes al 80% de la energía actualmente producida por Bolivia, y aunque el proyecto está en fase de estudios a cargo de la consultora canadiense Tecsult, los primeros resultados alertan que los impactos sociales y ambientales serían muy considerables.

Pero Cachuela Esperanza no es el único proyecto de exportación de electricidad, pues el gobierno tiene previsto, según la rendición pública de cuentas realizada el primer trimestre, concluir este año el estudio de pre-factibilidad de los aprovechamientos hidroeléctricos en cascada del tramo binacional del río Madera, que puede generar una potencia aproximada de 3.000 MW

Ambos eventos concluyeron antes que se conociera, el jueves 16, la decisión del gobierno peruano, de cancelar la concesión temporal para construir la gran central de Inambarí, origen de protestas en el sur del país y de una huelga en Puno que ha causado millonarias pérdidas al comercio con Bolivia durante las últimas cinco semanas.

EN EL PERÚ: INAMBARI
Al declarar extinguida la concesión –y acceder a las demandas de los pobladores del sur peruano–, se estableció que "cualquier derecho eléctrico relativo al Proyecto Inambari" deberá contar con la aprobación de la población de la zona mediante un mecanismo de consulta previa como recoge un convenio de la Organización Internacional del Trabajo.

La Central Hidroeléctrica del Inambari estaba destinada a ser la quinta más grande de América Latina, implicando una inversión de 4.847 millones de dólares para lograr 2000 MW de potencia instalada, de los cuales $ 882 millones serían para una línea de transmisión de 810 km de largo que la uniría con las centrales del río Madeira en Brasil.

Su construcción, de acuerdo a datos del Bank Information Center (BIC), implicaba un impacto social y medio ambiental considerable:

Por una parte, la evacuación de entre 4.000 y 8.000 personas a causa de la inundación de 378 km2, por lo cual 65 centros poblados de los departamentos de Puno, Cuzco y Madre de Dios deberían ser reubicados y compensados; la deforestación de unas 308.000 hectáreas, sobre todo a causa de la migración de la población en búsqueda de trabajo y negocios; la destrucción de la biodiversidad del área y la severa alteración de los sistemas acuáticos aguas abajo y aguas arriba.

Además serán afectados 161 km de la Carretera Interoceánica por el embalse de la represa, según el reporte del BIC.

MOROS Y CRISTIANOS
En el caso de Bolivia, con una polémica que apenas comienza e interesa mucho a los grupos medioambientales, los dos eventos consecutivos han mostrado, entre otros aspectos técnicos y financieros que el negocio no será fácil, peor si se forman grupos antagónicos.

Por lo pronto, ante una tibia posición gubernamental, Brasil parece haber tomado la delantera, y tiene de su lado a la CAF y al BM, aunque los tres enfatizan la condición soberana de boliviana para resolver el asunto, según declaró el secretario de la Embajada, Ruy Ciarlini, quien clausuró el seminario sobre las hidroeléctrica y la mitigación de los impactos socioambientales.

La iniciativa a favor de las hidroeléctricas cuenta también con el apoyo de expertos del sector como Carlos Miranda y ex funcionarios que alientan la idea de contar, igual que Paraguay con Itaipú (14,750 MW), Venezuela con Raúl Leoni (Guri) y Macagua 10,055 y 3.154 MW (respectivamente) o Argentina con Yacyreta (3.100 MW), con una mega represa cuya energía tenga mercado seguro lo mismo que ingresos estatales garantizados por largo tiempo.

Con un régimen de posiciones ambiguas o casi silenciosas –para el CEASDEC la mayor inquietud es la falta de información por parte del Gobierno–, el otro frente comienza a conformarse por otros expertos que se agrupan en torno al CEADESC que opera desde Cochabamba, abanderando la defensa del medio ambiente, y al portal plataformaenergética.org impulsado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Agrario y Laboral (CEDLA), con base en La Paz.

Eduardo Gudynas, de Plataforma Energetica.org señala, por ejemplo, que el permiso para la construcción de la gran represa Belo Monte en la Amazonia brasileña no sólo ha recrudecido las polémicas en ese país, sino que tiene consecuencias internacionales importantes.

"Es un ejemplo que otras naciones, como Bolivia, no deberían imitar" recomienda Gudynas al rememorar que la presa sobre el río Xingú inundará 700 kilómetros cuadrados, con enormes impactos sociales, tanto en comunidades rurales como pueblos indígenas, y severos efectos ambientales. "A pesar de que desde hace años la ciudadanía se opone a esa obra faraónica, el Gobierno federal brasileño y un grupo de empresas lograron su primer permiso para iniciar las obras".

TEMORES
En el seminario organizado por Brasil, la CAF y el BM, el viceministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Alurralde (observador asiduo en el caso de las aguas del Silala que aprovecha Chile), expresó el temor de que las represas Jirau y San Antonio, sobre el río Madeira desaten inundaciones en el lado boliviano y daños en la economía y salud indígenas.

Según Alurralde, Bolivia no está satisfecha con los informes en pro de las hidroeléctricas, prontas a operar el 2012 y el 2013. Es más, las inundaciones y alteraciones en el flujo de agua podrían incluso inviabilizar otros proyectos hidroeléctricos en territorio boliviano.

Santo Antonio y Jirau serán capaces de generar 6.450 MW, 1.000 menos que los 5.450 previstas por Cachuela Esperanza, El Bala y las cachuelas sobre el Madera boliviano.

EL INTERÈS BRASILEÑO
En Brasil ha existido un crecimiento económico sostenido lo cual ha contribuido a convertirlo en el país más influyente de América del Sur. Instituciones como el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) con activos de $159 mil millones, son instrumentos de una política nacional que apuesta por el fortalecimiento a empresas que contribuyan al desarrollo del país, mejoren la competitividad de la economía y eleven la calidad de vida de la población brasileña.

El crecimiento sustancial de la economía brasileña ha conllevado un incremento considerable de sus necesidades, energéticas y es ahora el tercer consumidor mundial de electricidad aunque su electricidad es cara.

El interés del Brasil por impulsar la integración energética sudamericana responde, en gran medida, a la necesidad de asegurar su abastecimiento de energía eléctrica. Entre 2009 y 2017 su demanda debe crecer, en promedio, en 5.900 megavatios anuales para poder mantener un crecimiento económico del orden del 4 al 5% anual.

Diversos consultores privados afirman que en los próximos 10 años el Brasil necesitará una capacidad adicional de producción de 50.000 MW, de los cuales 37.000 ya están en diferentes niveles de avance. Por esta razón, están en marcha grandes emprendimientos que también constituyen grandes oportunidades de inversión para la empresa privada y la banca multilateral brasilera. Actualmente Brasil viene apostando por la construcción de grandes represas como Tucuruí, Balbina y Itaipú, y actualmente está promoviendo represas como Belo Monte, Inambari, en Perú y Cachuela Esperanza, en Bolivia, y el Complejo hidroeléctrico del río Madeira cerca a la frontera entre Perú, Bolivia, y Brasil.

En este contexto, los presidentes Alan García del Perú y Luis Ignacio Lula da Silva del Brasil lanzaron formalmente, el 28 de abril de 2009, la carrera que debe culminar con la puesta en operación de un número indeterminado de grandes represas en los ríos de la selva altoperuana que, según lo informado, principalmente deben abastecer la demanda energética del país vecino.

La noticia de la firma del memorando de intención entre Brasil y Perú —uno de cuyos seis puntos hace referencia a las hidroeléctricas— fue mucho más comentada en Brasil que en el Perú, donde, a pesar de su evidente importancia geopolítica, económica, social y ambiental, pasó casi desapercibida. En esencia, el memorando plantea permitir que el Brasil estudie, financie, construya y opere hasta seis grandes hidroeléctricas en territorio peruano para abastecer sus necesidades de energía, comprometiéndose a comprar al Perú gran parte de la energía producida.

Las hidroeléctricas por construir son Inambari (2,000 MW), Sumabeni (1,074 MW), Paquitzapango (2,000 MW), Urubamba (940 MW), Vizcatán (750 MW) y Chuquipampa (800 MW), con un costo conjunto en el orden de los US$16 mil millones, de acuerdo a una información difundida por Bicusa.org.

MADERA-CACHUELA ESPERANZA
Para el proyecto Madera, se realizaron estudios básicos como levantamiento topográfico (sistema LIDAR), georeferenciación, hidrología (mediciones sedimentológicas y caudales), además de línea-base ambiental y geológica. El costo aún está por definirse.

El proyecto Cachuela Esperanza tiene casi listo el Estudio de Factibilidad Técnica, Económica, Financiera y Ambiental y el Diseño Final del aprovechamiento hidroeléctrico. Se prevé contar con una potencia instalada de 900 MW, mediante 18 turbinas Bulbo de 50 MW cada una, a un costo total de 2.464 millones de dólares, que incluye tendido de líneas y construcción de subestaciones.

Según lo informado por Tecsult, la represa tendrá una superficie de 690 kilómetros cuadrados, es decir tres veces más que cada una de las dos represas brasileñas. Entre otros efectos nocivos del proyecto sobre el medio ambiente y la biodiversidad serán: la alteración, pérdida de agua y del caudal del río, alteración y pérdida de vegetación en la zona de las obras, alteración y migración de peces, y alteración y pérdida de aves.

El IIRSA informó que, de acuerdo al contrato, Tecsult debe realizar tres estudios por un monto de 8 millones de dólares: Diseño final del proyecto Cachuela Esperanza, impacto en Bolivia de las represas Jiraú y San Antonio en Brasil, y tres alternativas – a nivel de pre-factibilidad - de posibles formas de aprovechamiento de las potencialidades del tramo binacional Bolivia – Brasil en el río Madera, Mamoré y Beni.

Los impactos a nivel social serán de reubicación de hogares, pérdida de tierras agrícolas utilizadas para el autoconsumo y comercio, pérdidas de recursos utilizados por la población, perturbaciones a la pesca, pérdida de bienes patrimoniales y aumento de enfermedades ligadas a la presencia de obras, señala Plataformaenergetica.org.

La construcción incluiría obras como una presa de 37 metros de altura y una esclusa, una central hidroeléctrica, vertedero e la instalación de varios generadores/turbinas. Demorarían en su construcción de hasta ocho años.

Según el especialista Henkjan Laats, tomando en cuenta que la cantidad de energía que produciría Cachuela Esperanza es más de tres veces menor que la energía generada en Brasil - 990 MW frente a 3300 y 3150 MW de Santo Antonio y Jirau, y que el área inundada (690 Km2) sería tres veces mayor que la de aquellas represas, el impacto de Cachuela Esperanza en temas como la emisión de gases con efecto invernadero sería diez veces más grave por cada MW producido.

El costo de la energía producida por Cachuela Esperanza será más alto que el costo de la energía producida por Jirao y San Antonio. Por lo tanto, como la energía de Cachuela Esperanza está destinada al mercado brasileño, en las negociaciones sobre el monto de dinero que pagará Brasil para la energía generada de Cachuela Esperanza, Bolivia difícilmente obtendrá el precio justo para la energía exportada.

Un argumento que se utilizó a favor del proyecto era la esperanza de Bolivia de tener una hidrovía hasta el Océano Atlántico, lo que mejoraría la viabilidad económica de Cachuela Esperanza. Esta posibilidad se vio frustrada desde que Brasil decidió no construir esclusas como parte de los proyectos hidroeléctricos Jirao y San Antonio, según LaHaine.org.

Avances: sin consenso ni participación social

Los mega proyectos hidroeléctricos que se prevén construir en la Amazonía, en el río Madera, avanzan sin la participación de la sociedad civil y no cuentan con una visión integral de desarrollo, advirtieron en el seminario "Cachuela Esperanza, ¿Otra Mega represa en la Amazonía?".

"Las represas que se plantean en el marco de la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana IIRSA (hoy denominado Comité Coordinador de la Infraestructura de América del Sur y Planificación COSIPLAN) tienen muy poca participación de la sociedad civil, de los pueblos, es una suerte de imposición de los mega proyectos sobre los pueblos", dijo Jorge Cortés, director del CEADESC.

"No puede haber proceso de integración sin la participación de la sociedad civil y no es posible la participación sin información", explicó Cortés en la apertura del seminario que contó con la participación de ambientalistas, representantes de organizaciones civiles y periodistas de Brasil, Perú y Bolivia.

Según el Director del CEADESC, los actuales proyectos de integración regional sudamericana se sustentan básicamente en el desarrollo de infraestructura, pero carecen de una visión más integral y no incorporan una mirada desde la economía, la planificación energética, los derechos humanos, la preservación del medio ambiente y el desarrollo.

"Es necesario repensar estos proyectos de integración con una mirada y una perspectiva más global y de desarrollo", agregó.

Participaron del panel: Ing. Walter Justiniano (Especialista Medio Ambiente, Guayaraín), Dorian Arias (Radio Televisión Bambú, Guayaramerín), George Komadina (CEADESC, Cochabamba), Vanessa Cueto (Derechos, Ambiente y Recursos Naturales, Lima, Perú) y Guilherme Carvalho (FASE - Federación de organizaciones para Asistencia Social y Educacional, Belem, Brasil).

www.hidrocarburosbolivia.com 

http://www.ecosistemas.cl/web/noticias/documentos/1363-megarepresas-iexportar-y-depredar-.html