Preocupación ambientalista por escalada de crímenes contra activistas sociales en América Latina
En alerta
La red de organizaciones ambientalistas Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) se pronunció el viernes en solidaridad con la familia del joven dirigente ecuatoriano Marlon Lozano Yulán, de la organización Tierra y Vida, asesinado el 20 de julio en Guayaquil, Ecuador.
ATALC, con organizaciones en numerosos países de América Latina, está preocupada y en alerta por la ola de persecuciones y asesinatos de activistas sociales en la región.
“ATALC manifiesta su solidaridad con la familia de Marlon Lozano Yulán, al tiempo que repudia enérgicamente este nuevo atentado contra la vida de un luchador social, lo que lamentablemente se reitera demasiado y con total impunidad en nuestra Latinoamérica”, expresa una declaración circulada el viernes.
Asimismo, la red ambientalista extiende “su afectuoso abrazo y sentimiento de solidaridad a todos los compañeros de Tierra y Vida, y demás organizaciones ecuatorianas que sufren este tipo de atropellos regularmente”.
El 20 de julio dos sicarios encapuchados balearon a Marlon Lozano Yulán en el centro de Guayaquil. El joven murió más tarde. La secretaria ad hoc de Tierra y Vida, Raquel Silva, dijo a Radio Mundo Real que el mortal ataque iba dirigido al asesor legal de la organización, el abogado Milton Yulán, pariente de Marlon.
Tierra y Vida ha concentrado su trabajo en la defensa de los derechos de posesión de los campesinos de la provincia del Guayas sobre tierras que pertenecieron a terratenientes y banqueros hasta la crisis bancaria del año 2000, cuando les fueron confiscadas.
Tierra y Vida presume el involucramiento en el asesinato del joven dirigente de sectores opositores a la distribución de tierras y que defienden la concentración de propiedades en pocas empresas y grupos económicos.
“Frente a estos hechos, ATALC llama a los movimientos y organizaciones sociales y populares de la región a fortalecer los mecanismos de solidaridad”, dice la declaración ambientalista. “Demandamos además a las autoridades ecuatorianas que hagan las investigaciones necesarias para el esclarecimiento del asesinato de Marlon Lozano Yulán, y que se castigue debidamente a los responsables intelectuales y materiales”, agrega.
En esta misma línea, la red de organizaciones ambientalistas hace un llamado especial a las autoridades ecuatorianas y regionales responsables de hacer respetar las garantías individuales, y a aparatos judiciales y de derechos humanos, tanto independientes como estatales. Les pide que apliquen los mecanismos necesarios “para evitar estos tristísimos acontecimientos, que atentan contra el derecho a la resistencia pacífica de nuestros pueblos”.
El 24 de mayo, en Brasil, fueron asesinados a balazos el productor José Claudio Ribeiro da Silva y su esposa, María do Espírito Santo, conocidos en el Estado de Pará por su militancia en la lucha por la tierra y la defensa de la selva amazónica.
Tres días después, en el Estado de Rondônia, Adelino Ramos también fue ultimado cuando vendía verduras de sus cultivos en un barrio de Porto Velho, capital estatal. El activista había estado denunciando el accionar de las grandes madereras en la región limítrofe entre los Estados de Acre, Amazonia y Rondônia. Cientos de activistas ambientales brasileños están amenazados de muerte, según la Comisión Pastoral de la Tierra de ese país.
En Centroamérica las amenazas de muerte y la persecución a dirigentes sociales se han transformado en moneda corriente. El caso de Honduras, con un gobierno sucesor de una Dictadura, es el más preocupante.
El 14 de julio fue asesinado en ese país Nery Jeremías Orellana, periodista de 26 años que trabajaba en continuo contacto con movimientos sociales y era integrante del Frente Amplio de Resistencia Popular. Van 14 asesinatos de trabajadores de los medios de comunicación desde 2010 en Honduras.
Las persecuciones y asesinatos de activistas sociales en América Latina, sumadas a la criminalización de la protesta social, preocupan especialmente a los ambientalistas de Amigos de la Tierra de la región. “¡ATALC se mantiene en estado de alerta por la situación de violencia actual contra los movimientos sociales en Ecuador y la región!”, finaliza su declaración.
Foto: atiargentina.blogspot.com
(2011) Radio Mundo Real
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Una causa desvirtuada
Organizaciones brasileñas piden intervención de Dilma en caso de militantes asesinados
Las organizaciones sociales más importantes de Brasil apuntan a la responsabilidad del gobierno y por eso piden la intervención de la presidenta Dilma Rousseff, para que finalmente puedan hallarse los responsables de los crímenes de José Claudio Ribeiro da Silva y María do Espírito Santo, asesinados en mayo en norteño Estado de Pará.
A través de una declaración divulgada este 25 de julio, grupos vinculados a la lucha por la tierra y los familiares de las víctimas piden que el juez actuante en esta causa, Murilo Lemos Leao, sea inmediatamente separado del proceso, en el que han detectado graves irregularidades.
Argumentan, al momento de pedir la remoción, que el magistrado se negó en dos oportunidades a decretar la prisión de los principales sospechosos del crimen, y temen que de esa manera éstos hayan huido de la región, una de las más conflictivas del país.
Puntualmente, las organizaciones piden la intervención urgente de la Procuraduría de la República, que tiene alcance nacional.
Recordaron además que durante las investigaciones la policía civil solicitó la prisión temporaria de los acusados, pero el juez rechazó el pedido “para sorpresa de todos”.
“Ahora la detención del grupo (se habían identificado tres presuntos responsables) se torna todavía más difícil”, advierten en el comunicado divulgado esta semana.
En el Estado de Pará, según un informe de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT, una de las organizaciones firmantes de la declaración) se registró el 41,6% del total de los crímenes del campo ocurridos en Brasil entre 1996 y 2010, incluyendo algunos de los casos más paradigmáticos, como la masacre de El Dorado dos Carajás, y el asesinato de la monja estadounidense Dorothy Stang.
“Las decisiones del juez Murilo Lemos es un paso más en favor de la impunidad”, reiteran las organizaciones, que reclaman el involucramiento de la presidenta Dilma Rousseff, y los ministerios de Justicia, Derechos Humanos, Desarrollo Agrario, y las comisiones parlamentarias de esas áreas.
La “proclama de Marabá” es firmada por grupos como el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), el Movimiento de Afectados por Represas (MAB por sus siglas en portugués), el Consejo Indigenista Misionero (CIMI), y la ya mencionada CPT.
Foto:www.cpt.org.br
(2011) Radio Mundo Real
