Ecuador: Las razones de la Marcha por la Vida, por el Agua y por la Dignidad de los Pueblos

Los pueblos indígenas del Ecuador están marchando hacia Quito. Convocados por sus organizaciones, La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), regional de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) partieron el 8 de marzo de todas partes del país para marchar por la vida, por el agua y por la dignidad de los pueblos. Llegarán a Quito el 22 de marzo, Día Mundial del Agua.

Megaproyectos mineros, petroleros e hidroenergéticos en manos de transnacionales vulneran los derechos de los pueblos indígenas y derechos de la Madre Tierra.

Los pueblos indígenas del Ecuador están marchando hacia Quito. Convocados por sus organizaciones, La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), regional de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) partieron el 8 de marzo de todas partes del país para marchar por la vida, por el agua y por la dignidad de los pueblos. Llegarán a Quito el 22 de marzo, Día Mundial del Agua.

El gobierno ecuatoriano, que se llama a sí mismo de la “revolución ciudadana”, los ha acusado de pretender desestabilizar la democracia. Es el mismo viejo lenguaje de los gobiernos neoliberales del continente. Ya no les ponen el sambenito de “comunistas”, ahora dicen que están aliados, incluso financiados por la derecha. Pero es el gobierno quien realmente está aplicando un programa de derecha, profundizando el modelo neoliberal extractivista primario exportador.

Los hechos lo demuestran. Tal como señala el Mandato por la Vida, por el Agua y por la Dignidad de los Pueblos de las organizaciones indígenas ecuatorianas, aunque en un primer momento el discurso del Presidente de la República fue nacionalista en el sentido de que deben ser las empresas estatales las que exploten los recursos naturales, en la práctica el gobierno ha delegado su desarrollo a capitales transnacionales. Es así que bajo el discurso de la eficiencia, se ha entregado la producción petrolera de los campos maduros de Shushufindi y Libertador, hasta ahora a cargo de Petroecuador, a las empresas transnacionales Schlumberger, Tecpetrol y Sertecpet, hecho que no fue posible ni en la época neoliberal.

Lo mismo sucede en materia minera, ya que los cinco proyectos estratégicos previstos en el Plan Nacional de Desarrollo Minero (Mirador, Panantza - San Carlos, Quimsacocha, Fruta del Norte, Río Blanco) también están a cargo de capitales transnacionales, es decir que las empresas se llevarán la mayor parte de la riqueza que generen estos proyectos. Del Proyecto Mirador (Zamora Chinchipe), que representaría aproximadamente veinte mil millones de dólares, sólo el 22% ingresará como renta al Estado, mientras el 78% restante será para las transnacionales, pero nos dejará 681 mil millones de litros de agua contaminada.

Esto está vinculado a la implementación de una nueva matriz energética con un plan de construcción de represas hidroeléctricas y proyectos multipropósito (como el Coca Codo Sinclair, PMPPCH, etc.) financiados con capital y acuerdos con empresas de origen chino, que en función de proveer energía para el sistema integrado (necesaria para el procesamiento de la minería) y garantizar el agua a las zonas agroindustriales, inundarán miles de hectáreas de las zonas más fértiles y agrobiodiversas, y territorios indígenas y montubios como Villao, Río Grande, etc. especialmente en la Costa y la Amazonía.

Estas son algunas de las razones de la marcha indígena, frente a lo cual los pueblos y nacionalidades originarios plantean un cambio de modelo de desarrollo, para construir un modelo de soberanía alimentaria, que es la base de un verdadero Estado Intercultural y Plurinacional:

· No a la minería a gran escala. Cumplimiento del Mandato Minero. Exigencia a la Corte Constitucional para que resuelva la acción de incumplimiento de dicho mandato. Derogatoria de la Ley Minera por ser inconstitucional. Nulidad del contrato de explotación minera firmado del día 5 de marzo entre el gobierno nacional y la empresa ECSA Ecuacorriente.

· No ampliación de la frontera petrolera en la Amazonía. Suspensión de la Décima y Decimoprimera Ronda Petrolera. Respeto a la autodeterminación de los pueblos libres y cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la CIDH. Garantía a la no explotación de los bloques ITT y 31, por estar dentro del Parque Nacional Yasuní y territorio ancestral Waorani. Reparación y restauración ambiental de los territorios afectados por la actividad petrolera, y justicia en el caso Chevron Texaco.

· No a los mega proyectos hidroeléctricos y multipropósito.

Marzo del 2012,
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