Argentina: La matriz energética. Una discusión pendiente
Por Juan Carlos Villalonga *
El debate sobre la energía nuclear que abrió el accidente en la central de Fukushima en Japón no está superado. Aunque desde algunos sectores como la Autoridad Regulatoria Nuclear se sostiene que existe una opinión mayoritaria sobre las “excepcionales contribuciones de la nucleoenergía a la reducción de los gases de efecto invernadero”, se trata de un debate abierto.
A fines del año pasado, producto de la presión de la opinión pública, el gobierno japonés debió cambiar radicalmente su política en materia nuclear y asumió un plan para cerrar sus plantas atómicas antes del 2040. Más de 50 centrales nucleares producían el 30 por ciento de la energía eléctrica de ese país antes del accidente que produjo el tsunami de 2010. Para las próximas dos décadas Japón planeaba cubrir con reactores nucleares el 40 por ciento del total de la electricidad generada. La decisión de Japón es uno de los resultados más importantes del debate post-Fukushima.
Una segunda falsedad es sostener que sigue siendo mayoritaria la opinión favorable hacia el desarrollo de energía nuclear. En nuestro país este debate nuclear ha sido evitado sistemáticamente por las autoridades.
El abandono de la energía nuclear, que hoy sólo aporta un 6 por ciento de la energía eléctrica en Argentina, es perfectamente posible. Necesitamos transformar radicalmente nuestra matriz energética si queremos evitar un escenario de conflictividad creciente, costos siempre a la suba, riesgos innecesarios y un pasivo inmenso para las futuras generaciones.
Desplazar la porción de energía eléctrica que hoy aportan las plantas nucleares por fuentes de energía limpia y renovable es perfectamente posible y se puede hacer en muy pocos años. El mejor mecanismo para hacerlo es a través de un mecanismo similar al Genren, el programa de promoción de inversiones en fuentes renovables que el gobierno nacional lanzó en el 2009. Lamentablemente ese programa tiene aún una pobrísima implementación debido a la debilidad con que el Estado lo viene ejecutando y respaldando.
El debate se torna cada vez más urgente, ya que el gobierno nacional está destinando enormes sumas de dinero a la reactivación de la actividad nuclear. Esto incluye la finalización, a un costo económico disparatado, de la planta atómica de Atucha II. Al mismo tiempo, se inician las inversiones para extender la vida útil de Embalse. Algo similar deberá ocurrir próximamente con Atucha I. Entretanto, se dispone a iniciar la construcción del prototipo de reactor Carem y adquirir una nueva planta nuclear. Todo esto se proyecta concretar en los próximos ocho años, e implicará, entre otros conflictos, la reactivación de la altamente contaminante minería de uranio. Se trata de un debate que no puede seguir eludiéndose.
Para producir el cambio necesario debemos suspender los proyectos de endeudamiento y subsidios para obras vinculadas al sector nuclear. Para esto es imprescindible que se derogue la Ley 26.566, el “paquetazo nuclear” aprobado por el Congreso Nacional en el 2009, un fenomenal cheque en blanco que la dirigencia política nacional le otorgó al lobby nuclear. Hoy ya existe un proyecto de ley en el Congreso nacional para establecer metas y objetivos de transformación de la matriz de generación eléctrica para cambiar de rumbo hacia un modelo basado en fuentes renovables. Plantea el cierre de las plantas nucleares y alcanzar una participación de las renovables del orden del 25 por ciento para el año 2020. Para ese año todas las distribuidoras de electricidad del país deberán admitir y promover que sus usuarios se conviertan en generadores, alentando así un sistema de generación distribuida, más eficiente y racional. Tales metas son perfectamente posibles; no existen impedimentos técnicos para alcanzarlas ni implica costos económicos extraordinarios. De lo que se trata, simplemente, es de romper un viejo libreto escrito por el lobby fósil y nuclear.
* Presidente de la junta directiva de Los Verdes.El debate sobre la energía nuclear que abrió el accidente en la central de Fukushima en Japón no está superado. Aunque desde algunos sectores como la Autoridad Regulatoria Nuclear se sostiene que existe una opinión mayoritaria sobre las “excepcionales contribuciones de la nucleoenergía a la reducción de los gases de efecto invernadero”, se trata de un debate abierto.
A fines del año pasado, producto de la presión de la opinión pública, el gobierno japonés debió cambiar radicalmente su política en materia nuclear y asumió un plan para cerrar sus plantas atómicas antes del 2040. Más de 50 centrales nucleares producían el 30 por ciento de la energía eléctrica de ese país antes del accidente que produjo el tsunami de 2010. Para las próximas dos décadas Japón planeaba cubrir con reactores nucleares el 40 por ciento del total de la electricidad generada. La decisión de Japón es uno de los resultados más importantes del debate post-Fukushima.
Una segunda falsedad es sostener que sigue siendo mayoritaria la opinión favorable hacia el desarrollo de energía nuclear. En nuestro país este debate nuclear ha sido evitado sistemáticamente por las autoridades.
El abandono de la energía nuclear, que hoy sólo aporta un 6 por ciento de la energía eléctrica en Argentina, es perfectamente posible. Necesitamos transformar radicalmente nuestra matriz energética si queremos evitar un escenario de conflictividad creciente, costos siempre a la suba, riesgos innecesarios y un pasivo inmenso para las futuras generaciones.
Desplazar la porción de energía eléctrica que hoy aportan las plantas nucleares por fuentes de energía limpia y renovable es perfectamente posible y se puede hacer en muy pocos años. El mejor mecanismo para hacerlo es a través de un mecanismo similar al Genren, el programa de promoción de inversiones en fuentes renovables que el gobierno nacional lanzó en el 2009. Lamentablemente ese programa tiene aún una pobrísima implementación debido a la debilidad con que el Estado lo viene ejecutando y respaldando.
El debate se torna cada vez más urgente, ya que el gobierno nacional está destinando enormes sumas de dinero a la reactivación de la actividad nuclear. Esto incluye la finalización, a un costo económico disparatado, de la planta atómica de Atucha II. Al mismo tiempo, se inician las inversiones para extender la vida útil de Embalse. Algo similar deberá ocurrir próximamente con Atucha I. Entretanto, se dispone a iniciar la construcción del prototipo de reactor Carem y adquirir una nueva planta nuclear. Todo esto se proyecta concretar en los próximos ocho años, e implicará, entre otros conflictos, la reactivación de la altamente contaminante minería de uranio. Se trata de un debate que no puede seguir eludiéndose.
Para producir el cambio necesario debemos suspender los proyectos de endeudamiento y subsidios para obras vinculadas al sector nuclear. Para esto es imprescindible que se derogue la Ley 26.566, el “paquetazo nuclear” aprobado por el Congreso Nacional en el 2009, un fenomenal cheque en blanco que la dirigencia política nacional le otorgó al lobby nuclear. Hoy ya existe un proyecto de ley en el Congreso nacional para establecer metas y objetivos de transformación de la matriz de generación eléctrica para cambiar de rumbo hacia un modelo basado en fuentes renovables. Plantea el cierre de las plantas nucleares y alcanzar una participación de las renovables del orden del 25 por ciento para el año 2020. Para ese año todas las distribuidoras de electricidad del país deberán admitir y promover que sus usuarios se conviertan en generadores, alentando así un sistema de generación distribuida, más eficiente y racional. Tales metas son perfectamente posibles; no existen impedimentos técnicos para alcanzarlas ni implica costos económicos extraordinarios. De lo que se trata, simplemente, es de romper un viejo libreto escrito por el lobby fósil y nuclear.
Fuente: Página 12 - Imagenes: elartederecordar.es - elmundodewayne.es
