Denuncia por Vale
El impacto ambiental
Darío Aranda
Trece organizaciones sociales de cuatro provincias denunciaron que el impacto socioambiental es el aspecto más silenciado de la minera brasileña Vale y del proyecto Potasio Río Colorado (instalado en Mendoza). “Potasio Río Colorado nació y sigue en conflicto con nuestras comunidades. No fue evaluado y aprobado de manera integral, sino de manera fragmentada y aun incompleto. Hemos advertido los riesgos para las aguas del río Colorado (que atraviesa cinco provincias)”, alerta el comunicado conjunto. La multinacional Vale repartió utilidades por 6000 millones de dólares, pero exige nuevos beneficios impositivos para continuar con su proyecto en Mendoza. En 2012, Vale fue catalogada por activistas de todo el mundo como peor empresa del mundo respecto de la contaminación y la violación de derechos laborales.
En 2010 la Legislatura de Mendoza aprobó el proyecto Potasio Río Colorado. En julio de 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció en la Casa de Gobierno el comienzo de la construcción. A fines de 2012, la compañía frenó la construcción del megayacimiento (en Malargüe) y exige nuevos beneficios impositivos para continuar con la obra. Argumenta problemas económicos y que descendió el precio del potasio.
En una inusual iniciativa, trece organizaciones sociales de Mendoza, Neuquén, La Pampa y Buenos Aires comenzaron una campaña informativa conjunta, con argumentos diferentes a los esgrimidos por la empresa y por los gobiernos. Cuestionan “las presiones que el gobierno de Brasil y su transnacional minera hacen a la Argentina para no abonar el IVA que todos pagamos por ley, mientras la empresa reconoce haber distribuido en 2012 ganancias a sus accionistas por 6000 millones de dólares”.
El comunicado firmado por las mendocinas Asamblea Popular por el Agua, Oikos Red Ambiental, asambleas de vecinos de San Carlos, Alvear, Tunuyán, Tupungato, Uspallata, Maipú, Luján de Cuyo, Las Heras y Guaymallén. De La Pampa figura la Asociación Civil Alihuen. De Neuquén el Foro Permanente por el Medio Ambiente (Foperma), Fundación Ecosur y La Brecha. De Buenos Aires la organización Aukan y el Observatorio Petrolero Sur.
Marcelo Giraud, uno de los voceros de las organizaciones, apunta a la supuesta caída del precio del potasio. Precisa que en agosto de 2010, cuando la multinacional decidió construir la mina, el potasio cotizaba a 345 dólares la tonelada. “Hoy está a 400 dólares, 15 por ciento más caro que cuando Vale empezó a construir. Les pedimos a empresarios y algunos periodistas que dejen de inventar pretextos, Vale nunca dejó de acumular jugosas ganancias y sigue tensando la cuerda para obtener más privilegios de los gobiernos argentino y provinciales para maximizar sus ganancias”, afirmó el geógrafo y asambleísta mendocino.
Las organizaciones plantean los problemas ambientales que el proyecto ocasionará en las cinco provincias. Sobresale la afectación al Río Colorado. La empresa admitió que dejará a perpetuidad 120 millones de toneladas de sal (subproducto de la explotación) a pocos kilómetros del cauce del río. Las organizaciones recuerdan el persistente viento de la zona e incluso los movimientos sísmicos que no fueron evaluados y podrían vincular los depósitos de sal con el principal río de la región.
Exigen que se cumpla la resolución de 2010 de la Defensoría del Pueblos de la Nación que insta a la Secretaría de Ambiente de la Nación a realizar el “análisis de los impactos ambientales integrales, acumulativos e interjurisdiccionales del emprendimiento minero”. Las organizaciones remarcan que el estudio nunca se hizo y que cada jurisdicción (municipal y provincial) analizó partes del proyecto, pero nunca el impacto completo de la megaobra.
El proyecto en su etapa de extracción requerirá un promedio de 1,5 millón de metros cúbicos de gas por día, superior al consumo residencial de toda Mendoza (1,2 millón). “Considerando las escasas de reservas de gas del país, sería una fuerte contribución, por parte de un solo proyecto, al agotamiento de nuestros bienes energéticos comunes no renovables”, advierten las organizaciones y alertan sobre la vinculación de la extracción minera de Vale y la explotación en Neuquén de gas no convencional, cuestionada por el impacto en aguas subterráneas y superficiales.
Potasio Río Colorado también muestra la interconexión del modelo extractivo a nivel regional. “Los cultivos de soja de Brasil insumen el 40 por ciento de la demanda brasileña de potasio y otra buena parte los de caña de azúcar (para combustible). El proyecto minero en Mendoza no será una ayuda a la producción de alimentos para la humanidad, sino a la expansión de la frontera agropecuaria brasileña y la deforestación que implica el modelo de agronegocios”, afirma Giraud.
El comunicado de las organizaciones cuestionan al gobierno nacional porque “sólo aspira a equilibrar la balanza comercial con Brasil, aunque sea a costa de exportar y agotar rápidamente nuestros bienes comunes no renovables”. Exigen que se indemnice a los trabajadores y pequeñas empresas locales “no partícipes de grandes negocios” reclaman la suspensión del proyecto e instan a la evaluación de impactos ambientales integrales, acumulativos e interjurisdiccionales del proyecto.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-216771-2013-03-28.html - Imagenes: infobae.com - noticias-ambientales-
Trece organizaciones sociales de cuatro provincias denunciaron que el impacto socioambiental es el aspecto más silenciado de la minera brasileña Vale y del proyecto Potasio Río Colorado (instalado en Mendoza). “Potasio Río Colorado nació y sigue en conflicto con nuestras comunidades. No fue evaluado y aprobado de manera integral, sino de manera fragmentada y aun incompleto. Hemos advertido los riesgos para las aguas del río Colorado (que atraviesa cinco provincias)”, alerta el comunicado conjunto. La multinacional Vale repartió utilidades por 6000 millones de dólares, pero exige nuevos beneficios impositivos para continuar con su proyecto en Mendoza. En 2012, Vale fue catalogada por activistas de todo el mundo como peor empresa del mundo respecto de la contaminación y la violación de derechos laborales.
En 2010 la Legislatura de Mendoza aprobó el proyecto Potasio Río Colorado. En julio de 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció en la Casa de Gobierno el comienzo de la construcción. A fines de 2012, la compañía frenó la construcción del megayacimiento (en Malargüe) y exige nuevos beneficios impositivos para continuar con la obra. Argumenta problemas económicos y que descendió el precio del potasio.
En una inusual iniciativa, trece organizaciones sociales de Mendoza, Neuquén, La Pampa y Buenos Aires comenzaron una campaña informativa conjunta, con argumentos diferentes a los esgrimidos por la empresa y por los gobiernos. Cuestionan “las presiones que el gobierno de Brasil y su transnacional minera hacen a la Argentina para no abonar el IVA que todos pagamos por ley, mientras la empresa reconoce haber distribuido en 2012 ganancias a sus accionistas por 6000 millones de dólares”.
El comunicado firmado por las mendocinas Asamblea Popular por el Agua, Oikos Red Ambiental, asambleas de vecinos de San Carlos, Alvear, Tunuyán, Tupungato, Uspallata, Maipú, Luján de Cuyo, Las Heras y Guaymallén. De La Pampa figura la Asociación Civil Alihuen. De Neuquén el Foro Permanente por el Medio Ambiente (Foperma), Fundación Ecosur y La Brecha. De Buenos Aires la organización Aukan y el Observatorio Petrolero Sur.
Marcelo Giraud, uno de los voceros de las organizaciones, apunta a la supuesta caída del precio del potasio. Precisa que en agosto de 2010, cuando la multinacional decidió construir la mina, el potasio cotizaba a 345 dólares la tonelada. “Hoy está a 400 dólares, 15 por ciento más caro que cuando Vale empezó a construir. Les pedimos a empresarios y algunos periodistas que dejen de inventar pretextos, Vale nunca dejó de acumular jugosas ganancias y sigue tensando la cuerda para obtener más privilegios de los gobiernos argentino y provinciales para maximizar sus ganancias”, afirmó el geógrafo y asambleísta mendocino.
Las organizaciones plantean los problemas ambientales que el proyecto ocasionará en las cinco provincias. Sobresale la afectación al Río Colorado. La empresa admitió que dejará a perpetuidad 120 millones de toneladas de sal (subproducto de la explotación) a pocos kilómetros del cauce del río. Las organizaciones recuerdan el persistente viento de la zona e incluso los movimientos sísmicos que no fueron evaluados y podrían vincular los depósitos de sal con el principal río de la región.
Exigen que se cumpla la resolución de 2010 de la Defensoría del Pueblos de la Nación que insta a la Secretaría de Ambiente de la Nación a realizar el “análisis de los impactos ambientales integrales, acumulativos e interjurisdiccionales del emprendimiento minero”. Las organizaciones remarcan que el estudio nunca se hizo y que cada jurisdicción (municipal y provincial) analizó partes del proyecto, pero nunca el impacto completo de la megaobra.
El proyecto en su etapa de extracción requerirá un promedio de 1,5 millón de metros cúbicos de gas por día, superior al consumo residencial de toda Mendoza (1,2 millón). “Considerando las escasas de reservas de gas del país, sería una fuerte contribución, por parte de un solo proyecto, al agotamiento de nuestros bienes energéticos comunes no renovables”, advierten las organizaciones y alertan sobre la vinculación de la extracción minera de Vale y la explotación en Neuquén de gas no convencional, cuestionada por el impacto en aguas subterráneas y superficiales.
Potasio Río Colorado también muestra la interconexión del modelo extractivo a nivel regional. “Los cultivos de soja de Brasil insumen el 40 por ciento de la demanda brasileña de potasio y otra buena parte los de caña de azúcar (para combustible). El proyecto minero en Mendoza no será una ayuda a la producción de alimentos para la humanidad, sino a la expansión de la frontera agropecuaria brasileña y la deforestación que implica el modelo de agronegocios”, afirma Giraud.
El comunicado de las organizaciones cuestionan al gobierno nacional porque “sólo aspira a equilibrar la balanza comercial con Brasil, aunque sea a costa de exportar y agotar rápidamente nuestros bienes comunes no renovables”. Exigen que se indemnice a los trabajadores y pequeñas empresas locales “no partícipes de grandes negocios” reclaman la suspensión del proyecto e instan a la evaluación de impactos ambientales integrales, acumulativos e interjurisdiccionales del proyecto.
