La operación de Monsanto sobre Cristina Kirchner
Fabuloso negocio del monopolio global
Marcos Piña
Observatorio Sudamericano de Patentes
Las patentes son mencionadas por los organismos internacionales de propiedad intelectual OMPI, EPO (EUROPA) o USPTO (EEUU) como un indicador relevante de la actividad innovadora en materia de ciencia y tecnología de un determinado país, pues en general, los inventores o creadores –empresas- protegen aquellos aparatos, métodos o productos que pretenden utilizar o comercializar en el territorio en el que solicitan un registro monopólico por 20 años.
Los países de economías más desarrolladas acaparan aproximadamente el 95% de toda la inversión en ciencia y tecnología y un 96% de los registros de patentes sumando los EEUU, Europa. Japon, Canada, China y Corea. Apenas un 0.5% de las patentes son creadas en Latinoamérica y El Caribe.
Las empresas focalizan el registro de patentes en aquellas industrias en las que pretenden instalar monopolios o impedir que una industria local se desarrolle. Esa es la doble función de las patentes proteger monopólicamente o patentar en aquellas industrias en las que otro país es competitivo respecto de los países desarrollados.
El caso más demostrativo junto al de la industria farmacéutica es la denominada agro-industria con sus organismos genéticamente modificados, sus semillas e insumos para el tratamiento de las plantas, siendo Brasil, Argentina y Paraguay tres de los cuatro mayores productores de soja y otras transgénicas del mundo. Las empresas multinacionales desplegaron diversas estrategias de dominación para diseminar y ampliar la frontera y las ganancias por propiedad intelectual engañando y cooptando sectores de gobiernos para llevar a cabo sus negocios y controlar los reclamos y críticas de organizaciones ambientales y la opinión pública en general.
En Argentina, la inteligencia de Monsanto cooptó al entonces director de la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología, hoy ministro del área, Lino Barañao, quien estableció un sistema de préstamos (FONDEN y FONTAR) financiados con créditos del BID para proyectos de innovación originales o no (subsidios o préstamos con devolución) que en todos los casos debían ser susceptibles de ser protegidos por patentes a través de un tribunal de evaluación. La Agencia determina año tras año cuales son los proyectos susceptibles de recibir los subsidios.
El director de la Agencia nacional a través del periodista y matemático Adrián Paenza, convenció al entonces presidente Néstor Kirchner, en medio de la disputa con Monsanto por el cobro de royalties, de impulsar un modelo de desarrollo tecnológico basado en el patentamiento de los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por científicos argentinos que luego de emigrar por mejores salarios en dólares o euros, querían ser repatriados a su país con buenos sueldos y mudanza asegurada. Era necesario para ello crear el primer Ministerio de Ciencia y Tecnología, un golpe de efecto poderoso para quienes no diferencian demasiado (como los presidentes) la ciencia y la tecnología de fetiche, a la de negocios empresariales.
Así se planeó la construcción de un Polo Tecnológico para concentrar físicamente a los investigadores repatriados para los proyectos agro-tecnológicos, nano-tecnológicos y de punta, aunque el mayor negocio es el de las compañías transgénicas pues el plan cierra cuando recursos del Estado nacional son invertidos ahora para investigaciones destinadas a “desarrollos innovadores nacionales” que tendrán como destino las ganancias de las empresas semilleras que hacían lobby a Néstor Kirchner por el pago de royalties de propiedad intelectual.
Fallecido Néstor, la presidenta fue finalmente convencida por Barañao y sus colegas de CONICET que el patentamiento de los desarrollos hechos en Argentina por científicos repatriados argentinos, era la mejor forma de lograr una ciencia aplicada a su modelo de “crecimiento con inclusión social”. Los científicos y los desarrollos financiados por su gobierno, (alrededor de unas 20 solicitudes de patentes) a cambio de ganancias fabulosas para las empresas Monsanto, Syngenta, Cargill o Nidera quienes monopolizan mas del 80% de las semillas transgénicas en todo el Mundo.
El relato engañoso del ministro llevó a la presidenta a decir sentirse orgullosa que una investigadora, financiada mediante un acuerdo de las empresas agro-transgénicas Arcadia Biociense (EEUU) y Bioceres/Grobocopatel (ARG) que presentan los desarrollos de semillas genéticamente modificados como “logros de la ciencia e investigadores nacionales”: es el caso del gen o evento de semilla de soja de la Doctora Raquel Chan en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), resistente a sequías o inundaciones.
Este “invento” fue presentado por la misma presidenta como nacional, siendo un desarrollo financiado por una multinacional de EE UU, Arcadia Biociense, a quienes se les transferirá la titularidad de la patente a cambio de futuros royalties por las ventas generadas con la marca VERDECA en todo el mundo.
El triunfo del lobby transgénico sobre la poco conocedora presidenta Cristina Fernández debe concluir con la legislación que asegure las ganancias de las empresas a futuro y para ello convencieron a Kirchner de enviar al congreso un proyecto de Ley de Semillas conocido como “Ley Monsanto” por ser a la medida de la transnacional sojera que presionó a Néstor Kirchner durante todo su mandato, sin resultados. Ahora, se instruyó al ministro de agricultura argentino a enviar al congreso un ante proyecto de ley de semillas acordado con Monsanto que presenta una redacción "digerible" para ser aprobado por las dos cámaras Parlamentarias.
De aprobarse esta ley, sería la estocada final para los pequeños y medianos agricultores que deberán comprar las semillas o pagar royalties a las transnacionales ahora financiadas con los fondos del Estado argentino a través de las investigaciones patentadas por el CONICET y transferidas a las semilleras de Estados Unidos que comerciarán las semillas en su país, en Argentina y en el mundo.
Lorenzo Basso, el secretario de Agricultura de Argentina, develó que desde la creación del Ministerio de Agricultura en los últimos tres años se aprobaron 14 eventos versus los 13 que se habían autorizado en los primeros diecisiete años desde que se creó el marco regulatorio en la Argentina, de alli la necesidad de acelerar una nueva normativa con reconocimiento de la propiedad intelectual de la empresas transnacionales semilleras.
“En particular, existe una gran potencialidad por explotar en los desarrollos obtenidos por investigadores nacionales, ninguno de los cuales llegó al mercado y la introducción de variedades transgénicas en especies diferentes de la soja, maíz o algodón", dijo Basso.
De acuerdo con el funcionario, la modificación de la ley de semillas "avanzará sobre el reconocimiento de la propiedad intelectual del germoplasma". La lista de eventos en evaluación abarca nuevos cultivos como trigo, papa, arroz, cártamo, etcétera.
"Existen cultivos con nuevas características, tales como resistencia a sequía, mayor rendimiento, resistencia a virus y producción de proteínas con valor agregado. Asimismo, resistencia a herbicidas y plagas diferentes a lo disponible hoy en el mercado, expresó. Monsanto tiene convenios con Dow, Nidera, Sursem y Syngenta, entre otras, para la llegada de esta tecnología transgénica.
Este engaño y traición de los investigadores del CONICET junto a la inteligencia de Monsanto, de la mano de Barañao, llevó a que la presidenta Cristina anunciara frente a los gerentes de esta empresa monopólica la defensa de las patentes (pues ahora argentina producía patentes) y el acuerdo de aceptación de la propiedad intelectual de las semillas (actualmente prohibida en la legislación nacional) junto a la instalación de la mayor planta de tratamiento de semillas transgénicas de Latinoamérica en la localidad de Islas Malvinas, provincia de Córdoba.
Lo que a la presidenta le ha sido ocultado es que el sistema de patentes en vigencia beneficia a las empresas transnacionalizadas y pocas ganancias le reportan a las empresas nacionales: de hecho cada vez hay menos patentes argentinas: según los datos suministrados por la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana (RICYT) en el año 2005 las solicitudes de patentes nacionales de todas las industrias presentadas en el país eran de 1054, mientras las presentadas en 2010 fueron 552. En cambio las patentes extranjeras presentadas ante la oficina de patentes de Argentina fueron 4215 en el 2005, siendo de 4165 en el año 2010.
La asimetría existente muestra el nivel de extranjerización de la ciencia y la tecnología en Argentina y la estrategia del CONICET de transferir unas pocas patentes al exterior lleva a disminuir el número de patentes realmente explotadas por empresas nacionales. Este hecho muestra que el sistema de patentes vigente favorece a las economías y empresas transnacionales y de continuar esta situación el propio sistema apoyado y financiado por las principales potencias económicas continuará atentando contra la soberanía tecnológica de Argentina y demás países en desarrollo, pues la titularidad queda en manos de la empresa estadounidense.
Esta compleja trama fue muy bien urdida por los agentes científicos formados en Estados Unidos y plantados en el CONICET que consiguieron financiamiento nacional de la presidenta, un ministerio de ciencia y tecnología y ganancias propias dejando de lado el interés de los consumidores que ven como se inflan los precios de los alimentos por investigación y desarrollo junto a costos de marcas y publicidad pagados por los salarios de los trabajadores argentinos que aportan con sus impuestos al fisco.
La inteligencia tecnológica realizada sobre el gobierno y la presidente Kirchner han sido una de las mayores operaciones realizadas sobre un gobierno “progresista” de la región, aunque no ha sido el único: ya ingresaron en Brasil y Uruguay , y quieren ingresar en Ecuador, Bolivia y Venezuela. En Paraguay dieron un Golpe de Estado y están junto a la USAID en el propio gobierno.
