Accion Mundial contra Grandes Represas
El día 14 de marzo se conmemora el Día Mundial de Acción Contra las Grandes Represas. Sólo la existencia de esta efeméride da cuenta de las controversias que las grandes represas han suscitado a partir de la construcción de la primera en 1930. Desde entonces la tecnología fue publicitada como limpia, abundante, renovable y barata. Sin embargo, contundente evidencia demuestra que tales afirmaciones son ideológicas y están sesgadas por el negocio extremadamente rentable que rodea a estas mega-centrales a lo largo de su desarrollo -diseño, evaluación, construcción y operación-.
Actualmente hay más de 45 mil represas en el mundo, y el 60% de los ríos del planeta están fragmentados por centrales hidroeléctricas y otras obras hídricas. Estimaciones indican que hasta 80 millones de personas podrían haber sido desplazadas y relocalizadas a la fuerza, e incluso que muchas personas han sido asesinadas por oponerse a mega-represas y a la destrucción de sus territorios y formas de vida.
En Chile, el caso del Biobío es un triste ejemplo, donde la zona sacrificada se ha transformado en la más pobre del país, con la más alta tasa de suicidios -que triplica la media nacional- y donde sus habitantes pagan unas de las tarifas eléctricas más elevadas del país. Y esto aunque las centrales del Biobío fueron evaluadas ambiental y socialmente.
En términos ambientales, las grandes represas degradan y empobrecen las dinámicas naturales de los ríos, desde el nivel local, continental, al global, con irreversibles implicancias negativas para la biodiversidad. Sus impactos son multidimensionales, degradando de forma compleja la red de vida en las cuencas hidrográficas, alcanzando los ecosistemas costeros y el océano interior. Emiten gases efecto invernadero y destruyen organismos fotosintéticos en los ríos y océanos y, por lo tanto, contribuyen en forma directa al cambio climático.
Es verdad que las grandes hidroeléctricas han generado enormes cantidades de electricidad. En 2008 representaban el 16% de la producción eléctrica del mundo, con centrales en 150 países. La tendencia actual muestra que debido a la creciente escasez de ríos íntegros, pero sobre todo por las externalidades, los países desarrollados están exportando el negocio de la mega hidroelectricidad a los países en desarrollo, particularmente a los de Latinoamérica. En Chile, los proponentes de la mayor parte de las hidroeléctricas proyectadas y en construcción, salvo Colbún, son transnacionales europeas y norteamericanas. Como el caso de la ítalo-española Enel-Endesa, que monopoliza las aguas de los ríos australes de nuestro país, y que pretende construir HidroAysén.
Solo el acaparamiento de los derechos de agua no-consuntivos, y la extrema laxitud de la legislación chilena, que permite que las empresas no se hagan cargo de las externalidades, explican que en nuestro país se estén tramitando y construyendo proyectos potencialmente tan destructivos como HidroAysén, Río Cuervo, Alto Maipo, Neltume, San Pedro, Angostura, entre otros. Este escenario es aún más chocante en Chile, cuando expertos nacionales e internacionales consideran que somos uno de los países más ricos en energías renovables no convencionales (ERNC) del mundo, y con un alto potencial en eficiencia que no está siendo aprovechado. El país debe obligar a los grandes consumidores –industria, minería, comercial, sector público- a reducir su demanda.
A pesar de las carencias legales, en algunos casos la institucionalidad chilena ha intentado hacer lo correcto y rechazar proyectos altamente destructivos como HidroAysén. Sin embargo éstos han seguido tramitándose a través de operaciones políticas desde el Ejecutivo y tráfico de influencias, tal como lo constató la Comisión Investigadora de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, cuyo presidente Sergio Ojeda concluyó: “Todo el proceso relacionado con HidroAysén está viciado, desde su inicio, por lo cual nunca debió entrar siquiera al SEIA”.
Por lo tanto, las organizaciones firmantes hacemos un enérgico llamado a cada uno de los parlamentarios a rechazar los proyectos de ley de Carretera Eléctrica Pública y de Concesiones Eléctricas tal como están planteados –ya denominadas “Leyes HidroAysén”- presentados por el ejecutivo, que claramente están orientados a allanarle el camino a HidroAysén, y a otros complejos hidroeléctricos similares. Objetivo que la ciudadanía ya conoce y cuestiona públicamente. Seguir adelante con ambos proyectos de ley sería contribuir descaradamente a consolidar el rentable monopolio en el sector, ampliando los derechos a empresas eléctricas por sobre los de propietarios agrícolas, turísticos, comunidades indígenas, y los bienes comunes.
Consideramos que en un año electoral, donde los sectores políticos buscan consolidar su incidencia, los Parlamentarios deben propiciar una profunda reforma energética en Chile, que genere las condiciones para implementar una matriz eléctrica diversificada en actores y fuentes, con generación distribuida por el territorio en base a las ERNC, a la eficiencia, el ahorro y la conservación energética, y no ser cómplices del continuismo del negocio privado del monopolio eléctrico que nos tiene entrapados en el desarrollo ambientalmente insostenible de hidroeléctricas y termoeléctricas a gran escala, encareciendo además el costo de la energía, e impidiendo el desarrollo energético inteligente, moderno, sustentable social y ecológicamente que nuestro país se merece. La viabilidad de este nuevo modelo es incuestionable. Las claves son la información –no-sesgada y de calidad-, y la voluntad política.
Ecosistemas Actualmente hay más de 45 mil represas en el mundo, y el 60% de los ríos del planeta están fragmentados por centrales hidroeléctricas y otras obras hídricas. Estimaciones indican que hasta 80 millones de personas podrían haber sido desplazadas y relocalizadas a la fuerza, e incluso que muchas personas han sido asesinadas por oponerse a mega-represas y a la destrucción de sus territorios y formas de vida.
En Chile, el caso del Biobío es un triste ejemplo, donde la zona sacrificada se ha transformado en la más pobre del país, con la más alta tasa de suicidios -que triplica la media nacional- y donde sus habitantes pagan unas de las tarifas eléctricas más elevadas del país. Y esto aunque las centrales del Biobío fueron evaluadas ambiental y socialmente.
En términos ambientales, las grandes represas degradan y empobrecen las dinámicas naturales de los ríos, desde el nivel local, continental, al global, con irreversibles implicancias negativas para la biodiversidad. Sus impactos son multidimensionales, degradando de forma compleja la red de vida en las cuencas hidrográficas, alcanzando los ecosistemas costeros y el océano interior. Emiten gases efecto invernadero y destruyen organismos fotosintéticos en los ríos y océanos y, por lo tanto, contribuyen en forma directa al cambio climático.
Es verdad que las grandes hidroeléctricas han generado enormes cantidades de electricidad. En 2008 representaban el 16% de la producción eléctrica del mundo, con centrales en 150 países. La tendencia actual muestra que debido a la creciente escasez de ríos íntegros, pero sobre todo por las externalidades, los países desarrollados están exportando el negocio de la mega hidroelectricidad a los países en desarrollo, particularmente a los de Latinoamérica. En Chile, los proponentes de la mayor parte de las hidroeléctricas proyectadas y en construcción, salvo Colbún, son transnacionales europeas y norteamericanas. Como el caso de la ítalo-española Enel-Endesa, que monopoliza las aguas de los ríos australes de nuestro país, y que pretende construir HidroAysén.
Solo el acaparamiento de los derechos de agua no-consuntivos, y la extrema laxitud de la legislación chilena, que permite que las empresas no se hagan cargo de las externalidades, explican que en nuestro país se estén tramitando y construyendo proyectos potencialmente tan destructivos como HidroAysén, Río Cuervo, Alto Maipo, Neltume, San Pedro, Angostura, entre otros. Este escenario es aún más chocante en Chile, cuando expertos nacionales e internacionales consideran que somos uno de los países más ricos en energías renovables no convencionales (ERNC) del mundo, y con un alto potencial en eficiencia que no está siendo aprovechado. El país debe obligar a los grandes consumidores –industria, minería, comercial, sector público- a reducir su demanda.
A pesar de las carencias legales, en algunos casos la institucionalidad chilena ha intentado hacer lo correcto y rechazar proyectos altamente destructivos como HidroAysén. Sin embargo éstos han seguido tramitándose a través de operaciones políticas desde el Ejecutivo y tráfico de influencias, tal como lo constató la Comisión Investigadora de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, cuyo presidente Sergio Ojeda concluyó: “Todo el proceso relacionado con HidroAysén está viciado, desde su inicio, por lo cual nunca debió entrar siquiera al SEIA”.
Por lo tanto, las organizaciones firmantes hacemos un enérgico llamado a cada uno de los parlamentarios a rechazar los proyectos de ley de Carretera Eléctrica Pública y de Concesiones Eléctricas tal como están planteados –ya denominadas “Leyes HidroAysén”- presentados por el ejecutivo, que claramente están orientados a allanarle el camino a HidroAysén, y a otros complejos hidroeléctricos similares. Objetivo que la ciudadanía ya conoce y cuestiona públicamente. Seguir adelante con ambos proyectos de ley sería contribuir descaradamente a consolidar el rentable monopolio en el sector, ampliando los derechos a empresas eléctricas por sobre los de propietarios agrícolas, turísticos, comunidades indígenas, y los bienes comunes.
Consideramos que en un año electoral, donde los sectores políticos buscan consolidar su incidencia, los Parlamentarios deben propiciar una profunda reforma energética en Chile, que genere las condiciones para implementar una matriz eléctrica diversificada en actores y fuentes, con generación distribuida por el territorio en base a las ERNC, a la eficiencia, el ahorro y la conservación energética, y no ser cómplices del continuismo del negocio privado del monopolio eléctrico que nos tiene entrapados en el desarrollo ambientalmente insostenible de hidroeléctricas y termoeléctricas a gran escala, encareciendo además el costo de la energía, e impidiendo el desarrollo energético inteligente, moderno, sustentable social y ecológicamente que nuestro país se merece. La viabilidad de este nuevo modelo es incuestionable. Las claves son la información –no-sesgada y de calidad-, y la voluntad política.
Etica en los Bosques
