UN FALLO PROHIBE A MONSANTO CONSTRUIR UNA PLANTA
Semillas de discordia
Por Darío Aranda
La Justicia de Córdoba ordenó frenar la construcción de una planta de Monsanto en la provincia. Entre los fundamentos, remarca la necesidad de respetar el principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras). Pese a la restricción, la multinacional de agronegocios continúa con la obra porque, alega, “no fue notificada” de la prohibición. Matías Marizza, de la Asamblea de Vecinos de Malvinas Argentinas, afirmó que Monsanto “se burla de la Justicia, se sabe poderosa e impune, y por eso incluso aceleró la construcción” de su planta.
Desde junio pasado, cuando la población de Malvinas Argentinas supo de la llegada de Monsanto, comenzó un proceso de organización y nació la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida. La localidad está ubicada en las afueras del Gran Córdoba, donde desde hace una década denunciaban las fumigaciones con agroquímicos de los campos de soja cercanos.
Hubo marchas, jornadas informativas y también se optó por la vía judicial. La Asamblea y la Fundación Club de Derecho presentaron un amparo fundamentado en la Ley General del Ambiente (25.675). Exige la realización de un estudio de impacto ambiental previo a la construcción y audiencias públicas con participación de los vecinos.
En enero, el Concejo Deliberante sancionó la ordenanza 812 y permitió a Monsanto comenzar la construcción. Vecinos y Fundación presentaron una medida cautelar para detener la obra hasta que se resuelva el amparo. La jueza civil Claudia Zalazar falló a favor de la Municipalidad y Monsanto. Pero el 22 de febrero, en segunda instancia, la Sala 2 de la Cámara de Conciliación Laboral hizo lugar al pedido de la Asamblea y ordenó suspender la ordenanza (y las obras) hasta que se resuelva el amparo.
“Resulta razonable ordenar a la Municipalidad que se abstenga de autorizar obras tendientes a la implementación de la planta”, remarca la sentencia votada por los jueces Silvia Díaz y Luis Fernando Farías (con la disidencia de Miguel Angel Azar) y subrayan la importancia del principio precautorio de la Ley 25.675. “No resulta consistente la afirmación de que las obras iniciadas o a ejecutarse no impactarían sobre el ambiente, pues éstas están inmersas en un proyecto general de instalación de la planta de semillas sospechada de provocar un impacto negativo en el ambiente. En materia ambiental se debe poner énfasis de manera fundamental en lo preventivo y en la obligación por parte de la Justicia de buscar resultados adecuados y útiles en tiempos razonables”, afirman los jueces.
En los fundamentos cita la importancia del artículo 41 de la Constitución nacional, Constitución de Córdoba (artículo 66) y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los jueces recuerdan que “no debe soslayarse que el principio precautorio es el principio rector. E importa una prescripción para que las actividades potenciales causantes de riesgos ambientales graves deban ser evitadas, aun cuando no haya certeza científica de los riesgos involucrados. En caso de duda, el deber de estar en favor del ambiente y en contra de la actividad contaminante”.
Los jueces le recuerdan a Monsanto que “debe someterse a la normativa que regula el ambiente” y explica que la ley insta a que “toda obra o actividad que sea susceptible de degradar el ambiente o afectar la calidad de vida de la población estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución”.
Monsanto no acató la decisión judicial. La vocera de la empresa, María Lucila Pentenero, reconoció que las obras continúan y argumentó que “no han sido revocados el permiso de obra otorgado por la Municipalidad ni la aprobación del aviso de proyecto emitido por la Secretaría de Ambiente provincial”. Y señaló que Monsanto “no recibió ninguna notificación de la Justicia”.
El abogado denunciante, Federico Macciocchi, explicó que el incumplimiento de la decisión judicial “se debe la falta de ética de la Municipalidad y su abogado Gustavo Asís, que mediante chicanas judiciales desoyen a la Justicia”. Matías Marizza, de la Asamblea de Vecinos, recordó que “Monsanto desoye a la Justicia porque tiene protección política”, pero también remarcó el valor del fallo judicial: “Es un paso adelante y, a pesar de que el escenario no es el mejor, con la gente en la calle se logran cambios, de la mano de muchas organizaciones y con mucho poner el cuerpo se puede frenar a las corporaciones”.
Fuente: pagina12.com.ar - Imagenes: lajornadaweb.com.ar
Desde junio pasado, cuando la población de Malvinas Argentinas supo de la llegada de Monsanto, comenzó un proceso de organización y nació la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida. La localidad está ubicada en las afueras del Gran Córdoba, donde desde hace una década denunciaban las fumigaciones con agroquímicos de los campos de soja cercanos.
Hubo marchas, jornadas informativas y también se optó por la vía judicial. La Asamblea y la Fundación Club de Derecho presentaron un amparo fundamentado en la Ley General del Ambiente (25.675). Exige la realización de un estudio de impacto ambiental previo a la construcción y audiencias públicas con participación de los vecinos.
En enero, el Concejo Deliberante sancionó la ordenanza 812 y permitió a Monsanto comenzar la construcción. Vecinos y Fundación presentaron una medida cautelar para detener la obra hasta que se resuelva el amparo. La jueza civil Claudia Zalazar falló a favor de la Municipalidad y Monsanto. Pero el 22 de febrero, en segunda instancia, la Sala 2 de la Cámara de Conciliación Laboral hizo lugar al pedido de la Asamblea y ordenó suspender la ordenanza (y las obras) hasta que se resuelva el amparo.
“Resulta razonable ordenar a la Municipalidad que se abstenga de autorizar obras tendientes a la implementación de la planta”, remarca la sentencia votada por los jueces Silvia Díaz y Luis Fernando Farías (con la disidencia de Miguel Angel Azar) y subrayan la importancia del principio precautorio de la Ley 25.675. “No resulta consistente la afirmación de que las obras iniciadas o a ejecutarse no impactarían sobre el ambiente, pues éstas están inmersas en un proyecto general de instalación de la planta de semillas sospechada de provocar un impacto negativo en el ambiente. En materia ambiental se debe poner énfasis de manera fundamental en lo preventivo y en la obligación por parte de la Justicia de buscar resultados adecuados y útiles en tiempos razonables”, afirman los jueces.
En los fundamentos cita la importancia del artículo 41 de la Constitución nacional, Constitución de Córdoba (artículo 66) y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los jueces recuerdan que “no debe soslayarse que el principio precautorio es el principio rector. E importa una prescripción para que las actividades potenciales causantes de riesgos ambientales graves deban ser evitadas, aun cuando no haya certeza científica de los riesgos involucrados. En caso de duda, el deber de estar en favor del ambiente y en contra de la actividad contaminante”.
Los jueces le recuerdan a Monsanto que “debe someterse a la normativa que regula el ambiente” y explica que la ley insta a que “toda obra o actividad que sea susceptible de degradar el ambiente o afectar la calidad de vida de la población estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución”.
Monsanto no acató la decisión judicial. La vocera de la empresa, María Lucila Pentenero, reconoció que las obras continúan y argumentó que “no han sido revocados el permiso de obra otorgado por la Municipalidad ni la aprobación del aviso de proyecto emitido por la Secretaría de Ambiente provincial”. Y señaló que Monsanto “no recibió ninguna notificación de la Justicia”.
El abogado denunciante, Federico Macciocchi, explicó que el incumplimiento de la decisión judicial “se debe la falta de ética de la Municipalidad y su abogado Gustavo Asís, que mediante chicanas judiciales desoyen a la Justicia”. Matías Marizza, de la Asamblea de Vecinos, recordó que “Monsanto desoye a la Justicia porque tiene protección política”, pero también remarcó el valor del fallo judicial: “Es un paso adelante y, a pesar de que el escenario no es el mejor, con la gente en la calle se logran cambios, de la mano de muchas organizaciones y con mucho poner el cuerpo se puede frenar a las corporaciones”.
