Argentina-Mendoza: Oír al pueblo

Audiencia Pública quiere decir eso: oír al pueblo. Así de simple y sencillo: que todos podamos tener voz en temas que trascienden por mucho a las políticas de turno, a los funcionarios de turno, a los intereses sectoriales de, en este caso, un puñado de especuladores locales mineros que, por haber registrado gratis en los noventa con el plan P.A.S.M.A. (sic), o por dos mangos después, unos derechos mineros –unos trámites- que los hacen sentirse dueños de la cordillera, del agua y el destino de todos nosotros.

Fuente: Eugenia Segura publicado en Mendoza On Line

I-Vox populi, vox dei

Porque eso son los particulares y las empresas que mantienen los diez juicios contra la ley 7722: el sueño de unos pocos especuladores de hacerse de contratos millonarios vendiéndoles esos trámites, en dólares, a megamineras que tienen cada historial o prontuario: antecedentes públicos y notorios de desastres ecológicos, de violaciones a los derechos humanos, de corrupción, de abandono de personas al desamparo laboral y a la intemperie de los daños ambientales.

La ley 7722 empezó a aflorar en una plaza pública, la de Alvear, un día que fue tan histórico como el cabildo abierto: la consigna, la pregunta era la misma, "El pueblo quiere saber de qué se trata". Han pasado más de ocho años de ese entonces, hoy en día el pueblo ya sabe de qué se trata, es más, ya sabemos todo lo que está en juego, no sólo para nosotros, los habitantes actuales de esta parte de la tierra que llamamos Mendoza, sino también para las generaciones venideras, y que incluso exceden cualquier visión cortoplacista y antropocéntrica: todos los animales, todas las plantas penden de esta ley, así como todas las actividades productivas y la economía de la Mendoza tuya, de tus nietos, bisnietos y tataratataratatara nietos, dependen directamente de que haya agua, y que esté pura, que esté buena. Merecíamos una Audiencia Pública, ser oídos, sólo por eso.

Una lástima que los jueces supremos nos hayan negado esta oportunidad de decir nuestras más de mil razones para defender la ley 7722, se hubiera dado el tan promocionado "debate serio", en un ámbito legitimado por la institución que representan. Hubieran podido cargar la tinta de sus lapiceras con la energía de todas nuestras consciencias allí reunidas, y quizás, puestos ante la disyuntiva de tener que fallar hacia darle la vía libre al cianuro y demás sustancias tóxicas en las nacientes de nuestros ríos, o de proteger el líquido elemento que nos iguala a todos (levante la mano quien no toma agua ni se alimenta de cosas que también se nutren con agua), no les temblaría el pulso a la hora de la verdad.

II- Igualdad ante la Ley

Hablando de igualdades, ya escribí el domingo pasado, en este mismo espacio de mdz, a mi modo de ver, algunos de mis argumentos legales favoritos, sobre los que se sostiene la defensa de la constitucionalidad de la 7722, si gustan, pueden leerlos aquí.

Vamos a decir otra vez lo mismo pero distinto: paradójicamente, los megamineros se quejan de que la ley 7722 los discrimina, cuando la discriminadora acá es la megaminería, porque, imagínense si todas las demás actividades productivas tuvieran, ya no digo la mitad: la misma cantidad de ventajitas que tienen las megamineras. En un país donde hasta los trabajadores pagan impuesto a las ganancias, ellas lo deducen no una, sino dos veces: por dos leyes distintas. O si las PYMES pudieran pagar el litro de gasoil a sesenta centavos de peso. Otra sería la cosa ¿no? Bueno, ahora imagínense algo que ningún argentino ha conocido nunca, es más, ni siquiera se nos ocurriría soñarlo, sería como muchísimo pedir: estabilidad fiscal y cambiaria por 30 años. ¿Suena raro? Bueno, la minera Bajo la Alumbrera, en Catamarca, por ejemplo, empezó en 1997, y por esas estabilidades de la vida, sigue operando con el dólar uno a uno hasta el 2027, tiempo que le sobra porque el yacimiento ya se les está agotando: pronto cierra.

Discriminatorio también es considerar a pueblos enteros como zonas sacrificables, o que los saberes populares, ancestrales, valen cero, y que los saberes modernos humanísticos valen menos que los títulos de geólogos que ellos ostentan (escuchemos aquí la risa del Phd. Sheldon Cooper). O que la Economía es una ciencia pero la Ecología, no sabemos por qué, para ellos no. Y sobre todo, discriminatorio es competir deslealmente por el agua, tomándola en las nacientes de los ríos pura y abundante, y devolviéndola menguadísima y contaminada para que los productores y las poblaciones que están aguas abajo, verticalmente hablando, se las arreglen como puedan, como ya sucede en San Juan.

Que dicho sea de paso, no es casualidad: mientras escribo estas líneas, la Barrick anuncia que se retira de Pascua Lama, igual que hizo Vale dejando la triste imagen y el saldo que ya todos conocemos. Ni que, al mismo tiempo que intentan bajar la ley 7722, un ejemplo mendocino para todo el país, en el que se apoyan varias leyes anticianuro de otras 6 provincias, dirijan un ataque contra su hermana cordobesa, la ley 9526.

Pero bueno, volviendo a lo que nos ocupa, el principio de igualdad ante la ley dice clarito: que deben tratarse de igual modo a las personas que se encuentran en iguales circunstancias. Y la megaminería, por el tipo de actividad que realiza –que se encuadra en el neo-extractivismo- y por la escala de contaminación y daños irreversibles que produce, no se puede comparar, no está en iguales circunstancias que ninguna otra actividad productiva (salvo el fracking, o los OGM y las fumigaciones con glifosato). Ya que por cierto, al ser el agua el bien tutelado, un bien colectivo superior, el deber de preservarlo para nosotros y para las generaciones futuras prima sobre cualquier interés de particulares. Si los megamineros no pueden respetar una simple ley, que muy sensatamente les prohíbe echar cianuro ¿qué podemos esperar del resto? Ahora bien, si realmente se sienten discriminados, antes que modificar una ley ambiental de la provincia, deberían proceder según lo establecido en el marco legal vigente, referido al tema de la discriminación, realizando la correspondiente denuncia ante el organismo pertinente, que es
 el INADI.

Sí, que vayan a quejarse al INADI, pero que ni se les ocurra tocarle una coma a la ley del pueblo, la 7722. Porque somos vectores de fuerzas mayores, todos, en este asunto: los jueces con su derecho a decidir por sí mismos, los promineros con su poder de lobby y, digámoslo elegantemente, "financiamiento" de campañas políticas, publicidad etc. Y nosotros, que ya le dedicamos dos carruseles enteros a la ley porque sabíamos que el ataque iba a venir por ahí ¿Se acuerdan de los parches de tela turquesa que repartíamos hace dos años, con la leyenda "Yo voy a la Audiencia Pública por la 7722"? Es que realmente queremos que nos escuchen, y si no nos dejan, con nuestra creatividad de siempre sabremos cómo hacernos oír. Esténse atentos, todos los defensores del agua, la vida, la montaña y la ley, porque en cualquier momento salimos a dibujar de nuevo una página más de la historia con todos nuestros colores.

Y ojalá que no tengamos que llegar a tanto, pero vaya esta aclaración por las dudas: ojalá no nos obliguen a cortar rutas, les juro: no nos gusta cortar rutas, siempre es preferible estar en casa con tus seres queridos, o haciendo actividades al aire libre, las cosas que a cada uno más le gustan. En cambio, hace frío, hace calor, en las rutas siempre hace intemperie. Habrán notado que en todos estos años, desde la caída del Proyecto San Jorge hasta la malhadada idea que tuvieron algunos de casi casi aprobar Hierro Indio, no cortamos ninguna ruta. Nos quedamos tranquilos en esa casa común que compartimos todos por igual, cuyo piso son las leyes nacionales de presupuestos mínimos para la preservación del ambiente, y cuyo techo es la ley provincial 7722, que al proteger el agua, te protege a vos. Somos gente que sale a la intemperie sólo cuando el desamparo es muy grande, y si eso llegara a ocurrir, llevá buena música, mate, un buen libro, y desde ya te pedimos paciencia: no es culpa nuestra, llevamos muchos años tratando de evitar que se cometa la estupidez de echarle toneladas de cianuro al agua, y de ahí no nos movemos, hasta que la voz del pueblo los hiciere entrar en razón.