Jujuy “capital de la minería” Argentina
Por: Observatorio del Agua UNP Sede Esquel
(Publicado por Tramas)
Las minas metalíferas y de carbón han sido definidas como máquinas de contaminación perpetua. El drenaje ácido de minas (DAM) puede envenenar ríos y aguas subterráneas hasta milenios después del cierre de la mina. El DAM de la mina Richmond, en la Montaña de Hierro, California, por ejemplo, se calculó en 3000 años.
¿Qué sentido tiene sacrificar el territorio y el agua por cientos de generaciones a cambio de unos pocos años de cierta prosperidad solo para algunos? ¿Cómo puede ser entonces que los Estudios de Impacto Ambiental (EIAs) de los proyectos mineros resulten siempre aprobados?
La transición energética y la supuesta descarbonización de la economía del primer mundo necesitan ahora del litio. El 80 % del litio del mundo se encuentra en los salares de la Puna (Argentina), Atacama (Chile) y Uyuni (Bolivia), por el cual se disputan China y EEUU en primer lugar. De aquí la estrecha relación que mantiene con cualquier motivo la embajada de EEUU con el gobierno de Jujuy. Es más, poco antes del golpe de estado que derrocó a Evo Morales, el gobernador recibió en Jujuy a la hija del presidente estadounidense, Ivanka Trump. Y luego, con la connivencia del gobierno nacional y del embajador argentino en La Paz, Morales facilitó el apoyo logístico de EEUU a los golpistas a través de la frontera con Bolivia, por lo que ha sido denunciado penalmente. La base yanqui sigue operatva en las afueras de La Quiaca.
Ocurre que la Puna no es una región desierta: está habitada desde el pasado por fuertes culturas andinas, bien adaptadas a la altura, a los vientos y al clima semidesértico, donde llueve menos de 400 mm por año. La extracción del litio agotaría el agua subterránea, de donde se alimentan las vegas y pujios (manantiales) – sustento de la vida en la región. Y también agotaría el agua de acuíferos fósiles, llamados así porque no se recargan con los regímenes de precipitaciones del presente. El extractivismo se mueve con los tiempos del dinero, pero no hay dinero que pueda pagar la destrucción de las salinas y la falta de agua que seguirá.
El saqueo del litio ha encontrado férreras resistencias en la comunidades de las Salinas Grandes y laguna de Guayatayoc. Kachi Yupi -huellas de sal- es el protocolo de consulta en el marco del Convenio 169 de la OIT, en el que exigen se respete el derecho al consentimiento libre e informado sobre los proyectos de litio, tal como lo expresa la Constitución del 94 para los territorios comunitarios. Las comunidades del salar de Olaroz-Cauchari ahora saben por triste experiencia propia las consecuencias de la extracción del litio y se han sumado al levantamiento general contra la nueva constitución.
La nueva des-constitución introduce cambios mucho más graves que los que se han venido dando a partir de la firma del tratado de integración y complementación minera entre Argentina y Chile, en los 90. Cambios en la estructura administrativa, legislativa y judicial favorables al saqueo de sus recursos, que es bueno recordar:
1)Los límites máximos de contaminantes permitidos para la explotación minera son considerablemente mayores que los señalados en la Ley Nacional de Residuos Peligrosos. 2) los impactos ambientales de la actividad minera se tratan en la Unidad de Gestión Ambiental Minera Provincial (UGAMP). Allí se aprueban los EIAs incluso si ocultan información clave o contienen información falsa[1]. El Ministerio de Ambiente prácticamente no interviene. 3) La provincia de Jujuy creó un Juzgado Ambiental y una fiscalía específica para delitos ambientales, separado de la fiscalía general, en teoría para defender los derechos de la Pachamama y las comunidades afectadas por la contaminación.
Pero en realidad, si es que nos atenemos a sus escasos resultados, más bien fue para facilitar la aprobación de los proyectos mineros; 4) el único funcionario que denunciaba penalmente casos de contaminación minera en la provincia de Jujuy era el Fiscal Federal Gustavo Antonio Gómez, delegado de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) para todo el NOA, con asiento en Tucumán. El sector minero presionó entonces a través del fiscal federal jujeño y la Procuración General de la Nación excluyó a Jujuy del área de incumbencia de la UFIMA para el NOA. De esta manera las empresas mineras eluden hacerse cargo de los pasivos que dejan tras la explotación, y pueden instalarse tranquilas en la próxima zona de sacrificio.
Todas las estrategias posibles fueron utilizadas para facilitar la penetración en los territorios de las comunidades, entre otras: 1) Propaganda en lugar de información real: “progreso”, “Desarrollo”, “fuentes de trabajo”, “minería sustentable”, “máximos estándares de seguridad ambiental”, etc. son parte de los clichés publicitarios con los que las empresas, el gobierno y sus medios de mentiración, saturan la mente de los pobladores. Nunca les van a decir la cantidad de agua que requiere cada proyecto de litio. 2) disfrazarse de coya para la foto en ceremonias ancestrales, manoseadas por el Ministerio de DDHH y Pueblos originarios, siendo que en los hechos, muestran tal desprecio hacia lo y los nativos y nativas, que en sus recorridas comen en un salón aparte de quienes vinieron a escucharles y les prepararon la comida, como si fueran leprosos; 3) dejar en las comunidades migajas del botín para ganarse su favor, tal como pintar la escuela, ofrecer las camisetas de un equipo de fútbol con el logo de la empresa, hacer un invernáculo, es decir, más espejitos de colores; responsabilidad social empresaria (RSE), que le llaman. 4) Debilitar lo comunitario: cultos que se difundieron en la Puna, demonificando sus rituales y la cosmovisión originaria, sembrando la ideología del enriquecimiento personal como símbolo de salvación e indirectamente la adhesión a los “proyectos de desarrollo”. 5) cooptar comuneros a favor de dichos proyectos, provocando divisiones internas o manipulando las elecciones comunales, etc. (ONGs y operadores de todo tipo) 6) Incluso usar la fuerza bruta para doblegar decisiones comunitarias sobre su propio territorio. Tal el caso de Caspalá, por mencionar un ejemplo.
La declaración de la Quebrada de Humahuaca como patrimonio de la humanidad por la UNESCO, desencadenó, por una parte, la invasión inmobiliaria de tierras y terrenos comunitarios y, por la otra, la apropiación mercantilista de la cultura, ceremonias y rituales, con lo cual destruyen su sentido y su profundo poder transformador. Diferentes formas de apropiarse y descomponer lo originario para que así puedan ser ocupados sus espacios e instaurarse el dios mercado, donde todo se compra y se vende y donde lo originario va quedando excluido. El turismo, más allá de ciertos límites, llevado a escala industrial, también es estractivismo.
La nueva carta magna de la provincia de Jujuy, con artículos contrarios a la Constitución Nacional, pretende dar un marco legal y asegurar la impunidad del gobierno ante los atropellos y la violencia que deberá acentuar para garantizar esta fase de profundización del saqueo. Aprobada sin tiempo para las debidas consultas, da superpoderes al ejecutivo; ignora y anula la propiedad comunitaria de la tierra, permite el libre acceso de las empresas multinacionales a las “tierras fiscales” -en realidad territorios comunitarios-, y la expulsión de sus habitantes al mismo tiempo que criminaliza la protesta. Es decir, que se pueda extraer lo que sea y donde sea, y al costo que sea. Un enorme retroceso, que atenta contra el milenario equilibrio de la vida de todos los seres que habitan en la Puna, Quebrada y Yungas, y pone en más grave riesgo el futuro de los espacios habitables en la región.
La des-constitución de Jujuy, último atropello del clan Morales, instalado en el gobierno, -sumado a los reclamos salariales de docentes y otros no atendidos-, rebalsó la enorme paciencia de la gente. Con la voluntad de no retroceder, sacrificio y el apoyo social, las comunidades mantienen cortes de ruta en la Quebrada y en la Puna. Y, en Buenos Aires, el 3er Malón de la Paz, como antaño sus abuelos y sus padres, exigen la intervención de gobierno nacional, pese al hostigamiento del gobierno de la ciudad. Comuneros encadenados a la Corte Suprema de Justicia en huelga de hambre seca hasta las últimas consecuencias, muestran que no están de paseo.
El rechazo masivo de la nueva des-constitución, pese a las amenazas laborales, persecución y represión de opositores, muestra a gritos que es un constructo radicalmente ilegítimo y que, por lo tanto, no implica ninguna obligación de obedecerla. Tarde o temprano caerá por su propio peso, como lo expresaba, en otras circunstancias, Nana Bevilacqua, defensora adjunta del pueblo de la Nación.
Observatorio del Agua. Universidad Nacional de la Patagonia. Sede Esquel.
Imagen destacada: Laguna Pozuelos, Parque Nacional, Sitio RAMSAR para aves migratorias, Reserva de Biosfera UNESCO, pero colector natural de tóxicos de las minas abiertas y planificadas en su cuenca
[1] como el de hacer desaparecer por arte de magia el arroyo Uquillayoc antes de su desembocadura en la laguna Pozuelos, dónde naturalmente vierte sus aguas con cada creciente; de esta forma, obviaron tener que explicar que el DAM de mina Chinchillas no afectará a la Laguna, que es a la vez Parque Nacional, Reserva de Biósfera de la UNESCO y Sitio Ramsar internacional para aves migratorias.
Fuente: https://aplaneta.org/2023/08/20/jujuy-capital-de-la-mineria-argentina/
