La batalla por los ‘tesoros’ marinos, un negocio turbio para el Sur global

Países de todo el mundo se preparan para la extracción de componentes valiosos para la tecnología y la transición verde en aguas internacionales, que podría ser aprobada el año que viene. Pero quedan muchas incógnitas acerca de las consecuencias para las naciones en vías de desarrollo

Gabriela Ramírez

En las ocuras profundidades de nuestros océanos y dentro de salas de juntas a puertas cerradas se está desarrollando un capítulo lleno de controversias. La búsqueda de metales preciosos en el fondo de los océanos, un territorio inexplorado, suscita preocupaciones entre científicos y ambientalistas, como quedó claro recientemente, cuando Noruega se convirtió en el primer país del mundo en aprobar la exploración de sus aguas profundas.
Hasta este momento, más de 20 gobiernos han pedido una pausa de la minería en aguas profundas internacionales, y más de 800 científicos y expertos marinos han firmado una petición alertando de riesgos ambientales, sociales y económicos. Los críticos advierten de que la excavación en aguas internacionales no solo pone en peligro áreas ambientales prístinas y privatiza recursos que pertenecen a la humanidad, sino que también explota a países económicamente vulnerables en el Sur global. “Solo un grupo de inversores está beneficiándose de esta privatización encubierta”, resume Andrew Whitmore, asesor financiero de la campaña de minería en el mar profundo de la ONG Ocean Foundation.
La minería en aguas profundas busca principalmente nódulos polimetálicos: rocas del tamaño de una patata que se encuentran a más de 4.000 metros de profundidad. Son conocidas como “baterías en una roca” debido a que contienen altos porcentajes de componentes como cobre, cobalto, manganeso o níquel, utilizados en las baterías de teléfonos inteligentes y computadoras. La demanda de estas materias primas para la transición ecológica del planeta (baterías de coche eléctrico, turbinas eólicas, paneles solares...) se duplicará para 2040, según la Agencia Internacional de Energía, y algunos expertos ya advierten de una crisis de oferta de estos metales verdes.
Quien posee las llaves de estos tesoros marinos del mundo es una institución autónoma pequeña y poco conocida que opera como brazo de la ONU en cuestiones de fondo marino internacional: la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), con sede en Kingston, Jamaica. La institución nació hace casi 30 años con el propósito de “administrar de manera sostenible y equitativa” los recursos encontrados en las profundidades del océano que van más allá de la jurisdicción de cada país.
En los últimos tres lustros, la ISA ha emitido más de 30 contratos de exploración. Estos contratos permiten a compañías privadas y públicas realizar investigaciones ambientales y probar maquinaria con la extracción de ciertos minerales, que no se pueden comercializar. Se trata de un paso previo para conseguir un codiciado contrato comercial, que permita explotar los recursos del lecho marino en aguas internacionales. La ISA aún no ha otorgado ninguna de estas licencias comerciales: el pasado julio, las negociaciones internas acabaron sin luz verde para la explotación comercial, pese al apoyo de países como Noruega o México. Pero el voto final se producirá el año que viene. Y The Metals Company (TMC), una empresa emergente con sede en Canadá, tiene papeletas para ser la primera en conseguir el primero de estos contratos comerciales, seguida del Gobierno de China, que hoy cuenta con cinco contratos de exploración.
“Áreas reservadas” para la equidad
Por ahora, la Autoridad ha otorgado ocho contratos de exploración a compañías y países en desarrollo para explorar una de las áreas más ricas del lecho marino, la Zona Clarion Clipperton (CCZ), en el océano Pacífico, entre Hawái y México, y que limita con las Zonas Económicas Exclusivas de las Islas Cook, Kiribati, Nauru y Tonga.
La CCZ es una fosa marina de aguas profundas aproximadamente del tamaño de la Unión Europea que contiene aproximadamente 21.000 millones de toneladas de nódulos polimetálicos. Solo entre las áreas de Nauru y Tonga en la Zona de Clarion-Clipperton, TMC estima que hay aproximadamente 1.600 millones de toneladas de nódulos: suficiente níquel, cobre, cobalto y manganeso para electrificar 280 millones de vehículos, equivalente a toda la flota de vehículos de pasajeros de Estados Unidos. The Metals Company calcula que obtendrá más de 30.000 millones de dólares (unos 27.546 millones de euros) en ganancias durante el proyecto de extracción, que durará tres décadas.
Para acceder a algunos de los kilómetros cuadrados submarinos más provechosos, las compañías privadas están sujetas a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), que establece un sistema, llamado de “áreas reservadas”, destinado a garantizar que los países en desarrollo tengan acceso a los recursos minerales del fondo marino profundo y a promover la equidad. Y es que las naciones que acogen estos minerales son a menudo vulnerables a los impactos del cambio climático, como el aumento del nivel del mar, la erosión costera y la sequía, y tienen muy pocas oportunidades de diversificación económica. Dependen del exterior en cuanto a experiencia en este tipo de operaciones, para tecnología y para asistencia financiera. “Es un sistema propenso a abusos”, afirma Pradeep Singh, experto en gobernanza del océano y política climática y miembro del Instituto de Investigación para la Sostenibilidad en Potsdam (Alemania).
Para cumplir con este requisito, The Metals Company, por ejemplo, se ha asociado con tres pequeñas naciones insulares del Pacífico, Kiribati (131.000 habitantes), Tonga (107.000) y Nauru (apenas 13.000), para explorar y potencialmente explotar los lechos marinos en busca de metales. ¿Cómo beneficiarán estas futuras explotaciones mineras a pequeños países como estos? No está nada claro: los detalles de estos acuerdos no son públicos y, por ahora, el reparto de beneficios entre naciones ricas y pequeñas islas no ha estado en el centro de las discusiones en la ISA, según varios expertos consultados en Kingston durante las últimas reuniones de la Autoridad Internacional, el pasado mes de julio.
Las empresas privadas que planean explotar el fondo marino insisten en que cumplirán con las pautas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, además, distribuyendo los ingresos con las naciones del Pacífico. Sin embargo, aún no está claro de qué forma repercutirá esta nueva industria en los países de bajos ingresos: la ISA aún no ha iniciado el debate sobre qué hacer exactamente con las ganancias generadas por la explotación minera.
La TMC, por su parte, asegura que planea contribuir a las economías locales en los Estados que patrocinan sus operaciones, como Nauru, con regalías por tonelada de nódulos y con distintas inversiones. Los expertos consultados matizan, por su parte, que es difícil conocer detalles concretos, puesto que los contratos entre las empresas y los Estados patrocinados no son públicos. Consultado sobre la fórmula exacta de distribución o el porcentaje de los beneficios que irá a las naciones del Pacífico, Rory Usher, portavoz de TMC, subraya que la compañía aún no tiene la cifra porque no han comenzado el trabajo en la zona. “Esperamos ser probablemente el mayor contribuyente a la economía de Nauru una vez que comencemos la primera producción”, afirma.
La privatización del fondo marino
En total, más del 60% de los contratos actualmente disponibles entre agentes privados y Estados en desarrollo en la CCZ se han reservado para dos compañías privadas occidentales, con acuerdos fuera del ámbito público con países en desarrollo.
Según varios expertos consultados, este sistema resulta en una privatización de facto de porciones significativas del lecho marino hecha a través de artificios: esencialmente, ciertos gobiernos pueden otorgar acceso a áreas específicas del lecho marino internacional para la minería, con la condición de que los beneficios se distribuyan a la sociedad en su conjunto. “[Este] es esencialmente un eslabón en una cadena de personas que se benefician de un recurso que, por su propia naturaleza, debería considerarse un bien común global. Sin embargo, lo que han hecho es crear un sistema que efectivamente lo respalda o privatiza”, afirma Andrew Whitmore, de la ONG Ocean Foundation.
La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, el organismo dependiente de la ONU, tiene varias tareas pendientes, como decidir cuánto de los ingresos deben usar los contratistas como compensación a las naciones mineras que experimenten pérdidas debido a las actividades de minería en aguas profundas que afecten sus operaciones mineras terrestres. O decidir cuántas operaciones autoriza. La ISA no respondió a los correos electrónicos de este diario.
“Para que la ISA sea financieramente viable, podría necesitar aprobar un número sustancial de actividades mineras. Sin embargo, aprobar un gran número de solicitudes de minería podría dar lugar a una situación no deseada en la que la capacidad del océano para soportar tales actividades se vea superada”, explica Pradeep Singh. “Si la minería en aguas profundas no tiene sentido desde una perspectiva de distribución de beneficios, entonces no tiene sentido permitirla en absoluto”, afirma Singh, quien lleva siete años centrado en la investigación de políticas de minería en aguas profundas y que también participó como observador en la última reunión de la ISA. “La gente necesita entender que el mandato de la ISA es hacer que la minería en el lecho marino suceda”, declaró uno de los delegados en la cumbre de julio.

Fuente: https://elpais.com/planeta-futuro/2024-01-23/la-batalla-por-los-tesoros-marinos-un-negocio-turbio-para-el-sur-global.html - Imagen de portada: La embarcación 'The Hidden Gem', con capacidad para practicar la minería en el fondo marino, en la Zona Clarion Clipperton, en el océano Pacífico, entre Hawái y México. FOTO CEDIDA POR THE METALS COMPANY