Más de 10.000 pescadores siguen sin poder trabajar dos años después del vertido de Repsol en Perú

La Defensoría del Pueblo ha pedido al Estado iniciar la rehabilitación en las zonas afectadas por el derrame en la refinería de La Pampilla, operada por Repsol. Asociaciones de pescadores reclaman a la multinacional la reparación ambiental del ecosistema y compensaciones económicas justas.

Elisenda Pañarés

Hoy se cumplen dos años del vertido de cerca dos millones de litros de hidrocarburos de un buque de Repsol que iba a descargar en la refinería de La Pampilla, en Ventanilla (Perú). Pese al tiempo transcurrido, asociaciones de pescadores artesanales de los distritos de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón Aucallama y Chancay denuncian que el ecosistema no ha sido reparado y siguen reclamando que la empresa, con matriz española, se haga responsable de lo que consideran un «ecocidio».
La Defensoría del Pueblo de Perú pidió ayer al Estado iniciar la etapa de rehabilitación ambiental en las zonas afectadas por el vertido que tiñó de negro las aguas. «Al cumplirse, este lunes 15 de enero, dos años del derrame de cerca de 11.000 barriles de petróleo frente al mar de Ventanilla, la Defensoría del Pueblo exhorta al Poder Ejecutivo a continuar las acciones de evaluación y supervisión ambiental y sanitaria».
No se cuenta con «las condiciones para un desarrollo normal de las actividades extractivas de recursos hidrobiológicos relacionadas con la pesca artesanal, ha señalado la Defensoría en un comunicado. Por su parte, el pasado mes, tanto el Gobierno peruano como la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Producción confirmaron que persistía la contaminación ambiental en determinados puntos y que 25 playas de uso recreacional mantenían la condición de afectadas. 

Pescadores artesanales afectados por este desastre medioambiental han denunciado las estrategias de Repsol para tratar de eludir su responsabilidad. Estos trabajadores señalaron el pasado febrero a Climática que miles de ellos habían aceptado en un acuerdo extrajudicial las compensaciones económicas propuestas por la multinacional porque atravesaban una «situación económica desesperada».
Por su parte, Repsol aseguraba que más de 9.800 de las personas habían cobrado adelantos de compensación. Se trata de pescadores que a día de hoy siguen sin poder trabajar. En ese recuento, faltaban 1.000 pescadores de 19 organizaciones pesqueras que se resistían a firmar un acuerdo «lesivo, abusivo e impositivo», en palabras de Zenón Gallegos, presidente del sindicato de pescadores del Puerto de Chancay.
Estos afectados han seguido reclamando en los últimos meses una reparación integral de sus daños morales y de su entorno natural mediante manifestaciones en las que han sufrido represión policial. También han han contado con el apoyo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que se ha pronunciado al respecto.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos también recuerda al Gobierno español que, en el marco de los tratados y convenios internacionales suscritos, «tiene la obligación constitucional de garantizar que las empresas domiciliadas en su país cumplan con todos los estándares de derechos humanos y debida diligencia en los terceros países donde mantiene operaciones».
Por el momento, se desconoce cuándo se podrá reanudar la actividad pesquera en la zona. La ONU ha asegurado que los daños ambientales de un vertido de tal magnitud pueden durar una década.
La Defensoría del Pueblo peruano indica que actualmente quedan pendientes de concluir actividades como la última evaluación biológica ambiental en la zona marino costera, a cargo del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), o la ampliación de la evaluación de la condición sanitaria y análisis de riesgo de los recursos hidrobiológicos, a cargo del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes).

Este órgano pide que se extienda el Plan Post Declaratoria de Emergencia Ambiental, que venció el pasado mes de diciembre. «El Ministerio de Energía y Minas se encuentra evaluando 18 planes de rehabilitación presentados por Repsol, por lo que se requiere que el Ministerio del Ambiente dé continuidad a dicho plan y al espacio de seguimiento construido para articular la intervención de las instituciones involucradas», concluye.
Respecto al proceso de compensación, la Defensoría propone al Ministerio de Energía y Minas hacer modificaciones al decreto emitido por dicho sector, a fin de lograr que el proceso de compensación garantice una reparación integral y un trato justo.
Repsol –la mayor petrolera de España y líder en emisiones de CO2–, presentó hace un año los mejores de su historia. La compañía alcanzó el año 2022 su cifra récord de beneficios, con un resultado neto de 4.521 millones de euros, un 70% más que en 2021.

Fuente: https://www.climatica.lamarea.com/pescadores-vertido-repsol-peru/ Imagen de portada: La playa de Ventanilla, Perú, en enero de 2022, afectada por el derrame de hidrocarburos cerca de la refinería La Pampilla de Repsol. Foto: ULAN/Pool / Latin America News Agency vía Reuters