Uno de los impulsores de la votación que protegió la gran reserva natural de Ecuador: “El dinero que necesita el pueblo no está en el Yasuní sino en el bolsillo de los ricos”

Seis meses después de ganar la consulta popular para proteger la reserva amazónica del Yasuní, el colectivo ecologista detrás de la iniciativa asegura que todavía intenta que las autoridades cumplan sus promesas: En agosto de 2023 se produjo un hito medioambiental en Ecuador. En una consulta popular histórica, el 59% de los ecuatorianos votó a favor de poner fin a la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, el área protegida más grande de Ecuador (más de un millón de hectáreas en el nororiente de la Amazonía) y una de las zonas con mayor biodiversidad por metro cuadrado del planeta.

Nathalia Romero

La desprotección de esta reserva de la biosfera empezó su cuenta atrás en 2013, cuando el entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció la cancelación de un proyecto que buscaba mantener bajo tierra el petróleo existente en una zona llamada bloque 43, hogar de los últimos grupos indígenas en aislamiento del país latinoamericano. Fue entonces cuando el colectivo ecologista Yasunidos, formado hace una década por ocho jóvenes universitarios, decidió plantar cara al Gobierno, al poderoso sector petrolero y hasta al crimen organizado. Lo consiguió finalmente hace seis meses, tras numerosos escollos jurídicos, ganando en una consulta que puede sentar precedentes para otros países.
Sin embargo, una vez se ganó el referéndum, la petrolera estatal, Petroecuador, defendió la importancia de la extracción petrolera a través de un informe en el que aseguraba que esta actividad “aporta aproximadamente 1.200 millones de dólares (1.102 millones de euros) al presupuesto general del Estado”.
Fernando Muñoz, (Quito, 32 años), uno de aquellos jóvenes que impulsaron la consulta, ha sido galardonado con el premio Avanzando la Transición Justa de la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes), en la categoría de América Latina. Recogió el premio en Zaragoza el pasado diciembre y, a su paso por Madrid, recordó en una entrevista con este diario, que su lucha no ha concluido y es necesario vigilar que se cumple la voluntad popular. “Las intenciones de no hacer caso a la consulta, acompañada de la poca transparencia gubernamental, están muy presentes”, advierte.

Pregunta. La consulta popular para proteger el Yasuní obtuvo 59% de los votos. ¿Esperaban esta victoria?
Respuesta. Siendo sincero, no. En algún momento decíamos que ganaríamos con un 50% justo, pero fue por casi seis millones de votos. Fue algo enorme, pero la consulta no la ganamos nosotros, es una victoria del pueblo ecuatoriano.
Es la primera vez en la historia del mundo que se hace una consulta donde la gente decide sobre el manejo de sus recursos naturales, pero también es la primera vez que se tienen que cerrar pozos petroleros que están todavía activos
P. ¿Qué estrategias usaron para ganar?
R. El Estado dice constantemente en su propaganda que Ecuador está en crisis, que no hay dinero. Y sí lo hay. El dinero lo tienen los que no están pagando impuestos. Así que nos lanzamos de lleno a hablar de justicia fiscal y demostramos que los 4.000 millones de dólares (3.700 millones de euros) que el Gobierno decía que íbamos a perder en 30 años de explotación hasta que se acabara la licencia en 2055, no era [una cifra] cierta. Demostramos que, en un solo año, en 2021, el Gobierno decidió perdonar deudas a los empresarios más poderosos con 6.300 millones de dólares (casi 6.000 millones de euros), es decir, 2.500 millones más. Se perdió en un año más de lo que se iba a ganar en 30 años de extracción petrolera. Retornamos a una consigna que decíamos desde nuestra fundación: el dinero que necesita el pueblo ecuatoriano no está en el Yasuní, sino en el bolsillo de los ricos.
P. El crimen organizado azota actualmente a Ecuador. ¿Afectó en la campaña?
R. De las 24 provincias que tiene Ecuador, solo en dos no pudimos entrar. En Esmeraldas tuvimos una campaña muy fuerte con el apoyo de organizaciones campesinas y la Asociación de Afectados de la Refinería, pero nos decían que no se comprometían con hacer grandes concentraciones porque recibían amenazas de muerte. Y en Los Ríos no pudimos ingresar porque desde el inicio recibíamos amenazas de vacunas, que son las cuotas o el peaje que pide el crimen organizado para entrar a ciertos territorios.
P. Ya han pasado seis meses de la consulta, ¿qué ha pasado desde entonces?
R. Ha sido igual de difícil. A pesar de que es una consulta de cumplimiento obligatorio, depende mucho de la voluntad política. El expresidente Guillermo Lasso dijo que sí, que se iba a cumplir. Pero luego tuvo una reunión secreta y le grabaron diciendo que no iba a mover ni un dedo para que se acelere el proceso. Pudimos filtrar esa información, al punto de que tuvo que retractarse, porque desde el primer día intentaron anular toda la consulta con el argumento de que “la gente no está informada”. Solo para no reconocer la decisión del pueblo.
P. De acuerdo con la sentencia de Corte Constitucional, tras la consulta, el Estado tendrá como máximo 18 meses para detener la explotación y no podrá iniciar contratos para continuar con las extracciones.
R. Somos conscientes de que el proceso de desmantelamiento se puede prolongar. Es la primera vez en la historia del mundo que se hace una consulta donde la gente decide sobre el manejo de sus recursos naturales, pero también es la primera vez que se tienen que cerrar pozos petroleros que están todavía activos. Hay que tener mucho cuidado para no causar un desastre ambiental.
P. ¿Qué es lo que más les preocupa?
R. En el último informe de la petrolera estatal, Petroecuador se muestra que el último campo que empezó a explotarse (Ishpingo) ha aumentado intensamente su explotación. Por lo visto, están queriendo sacar lo máximo posible antes del cierre. También se han reportado tres nuevas perforaciones, y por eso hemos solicitado un acceso a la información pública para verificar si son contratos previos, tal como exige la sentencia de la Corte Constitucional.
P. ¿Y cuál es la posición del actual presidente, Daniel Noboa?
R. En la campaña presidencial fue el primero en decir “Sí al Yasuní”. Su argumento era: “Yo fui inversor en el sector petrolero, sé que es un mal negocio”. Sin embargo, en la segunda vuelta, le preguntaban cómo iba a resolver la brecha fiscal y respondía: “Con minería”. Para nosotros es inconcebible. No vamos a salir del petróleo con minería; las dos cosas son perversas de diferente manera.
P. El petróleo financia gran parte del presupuesto estatal y según un informe del Banco Central del Ecuador se perderían más de 107.000 empleos por el cierre del bloque petrolero en el Yasuní hasta 2025. ¿Qué otras alternativas de actividades económicas proponen?
R. Turismo comunitario, redistribución y justicia fiscal. A eso apuntamos.


Nathalia Romero: Periodista dominicana. Escribe sobre derechos humanos, cultura y desarrollo sostenible en Planeta Futuro. Antes de incorporarse a El PAÍS trabajó en varios medios de comunicación en República Dominicana. Cursó el máster de Periodismo UAM-El País en la promoción 2022-2024.
Fuente: https://elpais.com/planeta-futuro/que-mueve-a/2024-01-22/uno-de-los-impulsores-de-la-votacion-que-protegio-la-gran-reserva-natural-de-ecuador-el-dinero-que-necesita-el-pueblo-no-esta-en-el-yasuni-sino-en-en-el-bolsillo-de-los-ricos.html  - Imagen de portada: Fernando Muñoz, activista ecuatoriano y miembro del colectivo ecologista Yasunidos, el pasado 18 de diciembre en Madrid. JUAN BARBOSA