Los ataques a defensores ambientales y sociales continúan – ahora en Brasil

El 14 de septiembre supimos del asesinato del activista de Guanipol, Juan López en Honduras. A la semana recibimos la noticia de que sicarios estarían listos para asesinar líderes comunitarios en otro de los conflictos ambientales de ese país, el de la minera AGRECASA en Puerto Cortés. Como en Guanipol, esa empresa minera ha provocado daños irreversibles en su río, por lo que han reclamado el cierre de la mina. La respuesta que han obtenido ha sido sólo la represión policial.

Ahora nos llegan las amenazas a otro activista contra minería, pero en ese caso en Brasil. Conociendo los desastres mineros que empresas provocaron en otros lugares de Brasil como Brumadinho o Mariana, nada nos podría sorprender. Pero el desastre provocado por la empresa Braskem en Maceió (Alagoas) no se queda atrás. Sobre todo porque, siendo las consecuencias graves, todavía pueden ser mucho peores.
Ahora hemos sabido que la casa del coordinador general del Movimiento Unificado de Víctimas de Braskem (MUVB), Cássio Araújo, fue objeto de un incendio el 8 de octubre. Este fue el quinto ataque a la casa desde noviembre, en un ciclo repetido de intimidación y violencia. El incendio  destruyó parte de la vivenda, así como 20.000 libros. Se denunció que una persona entró en la vivienda y utilizó un líquido inflamable para provocar el fuego.
Araújo es una de las 60.000 personas que fueron obligadas a abandonar su casa en el barrio Pinheiro, por el derrumbe de las minas de sal gema de Braskem. La empresa está intensificando la demolición de viviendas en estos barrios, pero Araújo se había opuesto y no la había autorizado.
En mayo de 2023 Braskem fue declarada organización criminal por la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), e inculpó a ocho de sus directivos.
Maceió, la capital del estado de Alagoas, se sitúa en la costa norte de Brasil, entre Bahía y Fortaleza. Ahí operó la minera Braskem que extraía sal gema, un material utilizado para fabricar PVC y sosa cáustica. La extraía mediante galerías que accedían a la capa de sal, entre 900 y 1.200 metros de profundidad, y expulsaban la sal con agua a alta presión y temperatura. El Servicio Geológico de Brasil, concluyó que Braskem operó en una zona de falla geológica que incidió en ella, lo que amenaza con el hundimiento de toda la zona en la que se asienta la ciudad. La cifra de personas directamente afectadas, y sin embargo sin poder optar a una indemnización justa, asciende a  200.000.

La incidencia en la falla provocó terremotos como el de 2018 y temblores posteriores, los últimos en diciembre 2023, cuando en el barrio de Mutange el suelo de la mina se hundió 1,69 m. El barrio de Pinheiro y sus alrededores también sufrieron grietas en los edificios, fisuras en las calles, hundimiento del suelo y cráteres. 60.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares y más de 14.500 viviendas fueron afectadas. Pese a que Braskem afirmó que todos las personas afectadas habían sido realojadas, el Movimiento Unificado de Víctimas de Braskem denunció que las indemnizaciones fueron pagadas con mucha demora y que en muchos casos el monto no fue el adecuado. Entre las personas afectadas no se incluían habitantes de los barrios circundantes, que quedaron sin accesos ni servicios,  que también huyeron y cuyas propiedades fueron devaluadas.
El Movimiento Unificado de Víctimas de Braskem reivindicó la reparación integral frente a  la indemnización de la propiedad, porque esta última no satisface las necesidades de la población. Las personas afectadas necesitan volver al mismo nivel de vida que tenían antes o mejor, y eso no se consigue con una indemnización, y menos con la re-localización.
Lo sucedido refuerza la denuncia del Movimiento de Afectados por Represas (MAB) de que la «impunidad de los crímenes en Mariana y Brumadinho hace que las empresas mineras repitan sus acciones para continuar violando los derechos humanos, destruyendo el medio ambiente y anteponiendo el lucro a la vida». El MAB repudia cualquier intento de intimidar y perseguir a los afectados por Braskem en Maceió y exige una investigación rápida y rigurosa por parte de las autoridades competentes para identificar a los posibles responsables de este ataque.
Desde aquí también, desde Euskal Herria, nos solidarizamos con Cássio Araújo y todas las personas afectadas por el crimen de Braskem y exigimos una solución digna para ellas. Exigimos también el cese a la persecución a Araújo y al resto de activistas de MUVB y de otros movimientos.  Por otro lado, reclamamos el fin del extractivismo, como práctica que no tiene en cuenta los límites ni los efectos al Planeta, y a las comunidades.

Fuente: https://aplaneta.org/2024/10/13/los-ataques-a-defensores-continuan-ahora-en-brasil/#more-21571