Minería: se recalienta el debate por los glaciares

Los bloques opositores intentarán sancionar en Diputados -en la próxima sesión- el proyecto de ley de Miguel Bonasso que prohíbe la actividad minera y petrolera en los glaciares y el ambiente periglaciar.
Con esta iniciativa, que es un calco de una ley vetada -en diciembre de 2008- por la presidenta Cristina Fernández, el arco anti K va por la revancha en un tema sensible que involucra a la actividad minera en provincias ubicadas en los Andes centrales. El asunto se complica porque también está a la consideración de la Cámara baja (es el dictamen de minoría) un proyecto de Daniel Filmus aprobado por unanimidad en el Senado, en octubre de 2009.
Resulta paradójico que el radicalismo, el PJ disidente, la Coalición Cívica y el socialismo hayan respaldado en la Cámara alta -por acción u omisión- el proyecto de Filmus y en el debate en comisión de Diputados se hayan alineado con el de Bonasso. La explicación es política, coinciden los diputados consultados.
De lo que se trata es de enfrentar un "veto total inadmisible", aseguró el ex kirchnerista Bonasso, quien en las últimas semanas vino conversando con los opositores para sumarlos a la causa en contra del veto y a favor de su proyecto, que en realidad es una réplica del de la ex diputada Marta Maffei.
El radical Oscar Aguad, el macrista Federico Pinedo, la cívica Elisa Carrió y PJ disidente Felipe Solá bendijeron a Bonasso.
Algunos diputados que pidieron reserva de su nombre reconocieron que la sanción del Senado "es más completa, protege mejor a los glaciares". Pero ninguno de estos bloques y mucho menos Bonasso están dispuestos a dar el brazo a torcer: quieren ir al recinto con el dictamen que dice lo mismo que fue vetado, para hacerle pagar el costo a Cristina.
De todos modos, la oposición está dispuesta a introducir mejoras en el texto de la norma para contemplar aspectos que tiene la sanción del Senado. Pero quieren que el debate arranque con los fundamentos del proyecto vetado.
Como es obvio, los K pretenden lo contrario; que el punto de partida sea la sanción que viene de la Cámara alta, para evitarle un dolor de cabeza a Cristina. Esta discusión de poder esconde otro debate más enojoso vinculado a las explotaciones mineras que ya están en marcha en los Andes Centrales, particularmente el de la empresa Barrick, que explota a cielo abierto una mina en San Juan.
Sobre este emprendimiento hubo críticas de ambientalistas debido a que para extraer el mineral es necesario utilizar mucha agua que puede sufrir contaminación.
Lo curioso es que en los fundamentos del proyecto Filmus se especifica la protección de los glaciares de los Andes Centrales (Mendoza San Juan, Catamarca y La Rioja) porque se trata de zonas áridas y el agua de los glaciares es fundamental para alimentar los ríos en verano y sobre todo si hay sequía.
Todo es revisable, dicen en la oposición, pero el punto de partida es el proyecto vetado, que si se aprueba en Diputados pasará al Senado y allí será otra historia.
No a la mina
www.noalamina.o

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La minería canadiense contrataca
01-06-10 Por José Jorge Aldecoa Davies

No era necesario esperar mucho para que las empresas mineras canadienses salieran al ruedo con “los tapones de punta” como decimos acá en la jerga futbolera. Y eso era de esperar al conocerse el proyecto del congresista liberal McKay C-300 que trata de poner límites al desaprensivo y cuasi criminal comportamiento de las empresas mineras canadienses en el exterior.
El Proyecto de Ley C-300
La idea de McKay es crear un régimen legal para “promover prácticas ejemplares en materia ambiental y asegurar la protección y la promoción de normas internacionales en materia de derechos humanos con respecto a las actividades mineras, petroleras y de explotación de gas realizadas por empresas canadienses en países en desarrollo”.
Para ello sugiere una serie de medidas de control mediante la intervención del Ministro de Relaciones Exteriores y el Ministro de Comercio Exterior para analizar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y al cuidado del medio ambiente por parte de las empresas extractiva canadienses en el exterior.
Como medida punitoria contra las empresas infractoras se propone que se les puedan ser denegados los fondos que el gobierno canadiense provee del Desarrollo de Exportaciones de Canadá e inversiones del Plan de Pensión de Canadá.
La reacción de las mineras
Como decíamos al principio, la reacción del sector minero se hizo notoria de inmediato, pero no salieron las empresas directamente a oponerse al proyecto, sino que utilizaron un vocero “mas creíble”, como es el Instituto Fraser, que es un Comité de Expertos fiscalmente conservador con base en Canadá que propugna los principios del mercado libre y de corte netamente privatista y que generalmente se opone a las soluciones políticas basadas gastos, impuestos, déficit y regulaciones gubernamentales.
Estos cómplices de la industria extractiva canadiense, elaboraron un informe aberrante que trata por todos los medios de desacreditar el trabajo de McKay: “la racionalidad para este proyecto está basada en premisas falsas, acusaciones sin pruebas y una noción desviada de la responsabilidad social corporativa, también conocida como RSC” y ensalza las “virtudes y beneficios” de la minería: “las compañías mineras crean enormes beneficios socio-económicos a partir de sus actividades comerciales. El mejor programa social de todos es un trabajo y prosperidad para las familias”.
Para completar sus infames propósitos, en dicho informe se hace hincapié en el hecho de que con leyes “controladoras y punitorias” se desalienta la inversión y el desarrollo de la industria extractiva, realizando un verdadera extorsión al gobierno canadiense amenazando con que: “el resultado será la probable emigración de las compañías mineras del Canadá. Las empresas mineras enfrentarán poderosos incentivos económicos para reubicarse sin esas agobiantes cargas legales”.
Y finaliza su alegato con una falacia total, típica de los argumentos mentirosos que normalmente utilizan las empresas mineras para engañas a los pueblos que avasallan: “Esto no es bueno tanto para Canadá o la pobre gente de las naciones subdesarrolladas para quienes la minería puede ser una ruta para salir de la pobreza y una esperanza para el futuro, tal como fue para los canadienses en las tempranas fases de su desarrollo económico nacional”.
Entendemos que tanto el pueblo canadiense como sus gobernantes se pongan a la altura de las circunstancias y dejen de ser la nación democrática que en pleno siglo XXI continúa con las políticas colonialistas y esclavistas que vienen practicando los países desarrollados desde hace mas de 500 años.

Observatorio Canadiense de la Minería
http://www.miningwatch.ca