Chile / Termoeléctrica Los Rulos con luz verde para contaminar: “El sistema está al servicio de las empresas y no del pueblo”
Comisión de Evaluación Ambiental rechazó de forma unánime los recursos de invalidación interpuestos contra el mismo CEA y la empresa IC Power y que tenían en suspenso a la cuestionada termoeléctrica. Sin embargo, las organizaciones anuncian que llegarán a las máximas instancias para paralizar lo que consideran la destrucción de su territorio.
Por: Javier Karmy Bolton
A eso de las 17:30 horas de este miércoles 27 de diciembre uno a uno los seremis de la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) reunidos para votar sobre los recursos de invalidación interpuestos contra el mismo CEA y la empresa IC Power, rechazaron de forma unánime dichas solicitudes que tenían en suspenso a la termoeléctrica Los Rulos.
Ahora tendría luz verde para comenzar su construcción, sin embargo, los opositores de la iniciativa anunciaron que seguirán poniendo recursos administrativos y judiciales hasta llegar a las máximas instancias de ser necesario. Esto, con el objetivo de paralizar la construcción de la termoeléctrica aprobada en febrero de este año y que se emplaza cerca de la Reserva de la Biósfera La Campana–Peñuelas y que implica una inversión de casi 600 millones de dólares.
Más de dos horas duró la sesión del CEA en la Intendencia de Valparaíso y durante todo ese tiempo más de 200 manifestantes estuvieron gritando en el exterior consignas contra Los Rulos. Era una hora complicada por ser día laboral hábil, sin embargo, se superaron las expectativas; tanto así que la reunión del CEA tuvo que ser con micrófono y en algunos momentos los Seremis tuvieron que alzar la voz para poder ser escuchados.
“Es triste ver que organismos del Estado no son garantes ni siquiera de las reglas que ponen”
Si bien hay desazón por parte de algunas organizaciones sociales, en realidad no les sorprende el resultado de la votación. El vocero de la organización Libres de Alta Tensión, Joel González, en conversación con El Ciudadano sostuvo que el resultado de esta votación “se veía venir”. Junto con ello, anuncia que recurrirán al Comité de Ministros y luego al Tribunal Ambiental e, incluso, a instancias internacionales para paralizar esta termoeléctrica.
La también vocera de esa organización, Claudia Arcos, plantea a El Ciudadano que “sabemos que estamos en lo correcto y tenemos muchas herramientas para no claudicar”. “Ellos no hicieron juicio”, espeta la dirigente, apuntando que “es triste ver cómo organismos del Estado no son garantes ni siquiera de las mismas reglas que ellos ponen, tampoco de los pueblos originarios, y parecen más estar al servicio de las empresas”. En ese sentido, acusa que en la sesión el abogado del CEA “era incluso mejor que el propio abogado de Ic Power”, y eso -dice- es “muy doloroso”. Esto porque a su juicio reafirma la sensación de que “todo el sistema está al servicio de las empresas y no del pueblo”.
La vocera describe que en la reunión parecía que “no había conversación, simplemente ellos reciben una orden y la ejecutan”. Tanto así que explica que ninguna seremía hizo una sola pregunta a los dirigentes. Estuvieron -detalla- “simplemente mudos, escucharon y votaron, era un diálogo de sordos pero haciéndonos creer que es un diálogo y que está todo bajo la norma y todo en orden”.
Para Arcos esta batalla perdida no es el fin de la guerra, y si bien aún tienen las emociones revueltas, declara que también es “bonito ver cómo se van sumando más personas a esta lucha”. Al respecto, anuncia que “aún queda mucho camino, porque sabemos que estamos en lo correcto y tenemos muchas herramientas para no claudicar”.
“Es triste ver que organismos del Estado no son garantes ni siquiera de las reglas que ponen”
Si bien hay desazón por parte de algunas organizaciones sociales, en realidad no les sorprende el resultado de la votación. El vocero de la organización Libres de Alta Tensión, Joel González, en conversación con El Ciudadano sostuvo que el resultado de esta votación “se veía venir”. Junto con ello, anuncia que recurrirán al Comité de Ministros y luego al Tribunal Ambiental e, incluso, a instancias internacionales para paralizar esta termoeléctrica.
La también vocera de esa organización, Claudia Arcos, plantea a El Ciudadano que “sabemos que estamos en lo correcto y tenemos muchas herramientas para no claudicar”. “Ellos no hicieron juicio”, espeta la dirigente, apuntando que “es triste ver cómo organismos del Estado no son garantes ni siquiera de las mismas reglas que ellos ponen, tampoco de los pueblos originarios, y parecen más estar al servicio de las empresas”. En ese sentido, acusa que en la sesión el abogado del CEA “era incluso mejor que el propio abogado de Ic Power”, y eso -dice- es “muy doloroso”. Esto porque a su juicio reafirma la sensación de que “todo el sistema está al servicio de las empresas y no del pueblo”.
La vocera describe que en la reunión parecía que “no había conversación, simplemente ellos reciben una orden y la ejecutan”. Tanto así que explica que ninguna seremía hizo una sola pregunta a los dirigentes. Estuvieron -detalla- “simplemente mudos, escucharon y votaron, era un diálogo de sordos pero haciéndonos creer que es un diálogo y que está todo bajo la norma y todo en orden”.
Para Arcos esta batalla perdida no es el fin de la guerra, y si bien aún tienen las emociones revueltas, declara que también es “bonito ver cómo se van sumando más personas a esta lucha”. Al respecto, anuncia que “aún queda mucho camino, porque sabemos que estamos en lo correcto y tenemos muchas herramientas para no claudicar”.
Los argumentos no escuchados
Quienes pusieron los recursos de reclamación fueron Maritza Quileñan, en representación de la Asociación Indígenas Artesanos de Pueblos Originarios (Adepo), el Centro Cultural Aymara Pachakuti, la Comunidad Indígena Witrapuran, la Asociación Indígena Antu Tripantu-Sol de Primavera y el biólogo y asesor medioambiental Salvador Donghi y estaban relacionados con los impactos de las eventuales emisiones y los posibles efectos en la salud de las personas que no fueron evaluados correctamente en el EIA, según consideraban las organizaciones.
Se plantearon incompatibilidades del proyecto con los planes de desarrollo comunal y el uso de suelo en la comuna de Limache; además de la utilización de grandes cantidades de agua en una zona afectada por la sequía; y uno de los puntos más importantes decía relación con la no realización del proceso de consulta en las comunidades de Villa Alemana.
Uno de los puntos más relevantes fue el tema de la Consulta Indígena. La votación había sido postergada casi dos meses a la espera de un informe de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) que fue decisivo en la votación, pues el documento daba cuenta de si habían o no comunidades indígenas en la zona de influencia del proyecto, específicamente en Limache. Los recursos fueron presentados por organizaciones de Villa Alemana, zona que está evaluada en una categoría inferior de impacto del proyecto, por lo que se consideró que no era necesario hacer la consulta a dichas comunidades.
Las organizaciones y comunidades argumentaron que Michelle Bachelet había recibido el premio “Campeones de la tierra” que entregó la ONU hace unas semanas por su liderazgo en la protección del medio ambiente. Entonces, “¿cómo van a explicar que van a poner una termoeléctrica en medio de la Reserva de la Biósfera La Campana – Peñuelas?”, preguntó Arcos.
Quienes pusieron los recursos de reclamación fueron Maritza Quileñan, en representación de la Asociación Indígenas Artesanos de Pueblos Originarios (Adepo), el Centro Cultural Aymara Pachakuti, la Comunidad Indígena Witrapuran, la Asociación Indígena Antu Tripantu-Sol de Primavera y el biólogo y asesor medioambiental Salvador Donghi y estaban relacionados con los impactos de las eventuales emisiones y los posibles efectos en la salud de las personas que no fueron evaluados correctamente en el EIA, según consideraban las organizaciones.
Se plantearon incompatibilidades del proyecto con los planes de desarrollo comunal y el uso de suelo en la comuna de Limache; además de la utilización de grandes cantidades de agua en una zona afectada por la sequía; y uno de los puntos más importantes decía relación con la no realización del proceso de consulta en las comunidades de Villa Alemana.
Uno de los puntos más relevantes fue el tema de la Consulta Indígena. La votación había sido postergada casi dos meses a la espera de un informe de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) que fue decisivo en la votación, pues el documento daba cuenta de si habían o no comunidades indígenas en la zona de influencia del proyecto, específicamente en Limache. Los recursos fueron presentados por organizaciones de Villa Alemana, zona que está evaluada en una categoría inferior de impacto del proyecto, por lo que se consideró que no era necesario hacer la consulta a dichas comunidades.
Las organizaciones y comunidades argumentaron que Michelle Bachelet había recibido el premio “Campeones de la tierra” que entregó la ONU hace unas semanas por su liderazgo en la protección del medio ambiente. Entonces, “¿cómo van a explicar que van a poner una termoeléctrica en medio de la Reserva de la Biósfera La Campana – Peñuelas?”, preguntó Arcos.
Facebook Libres de Alta Tensión
Así es como Joel González, de la organización Libres de Alta Tensión, recuerda cuando Sebastián Piñera fue a la zona y habló en una radio en la que expresó su desacuerdo con la instalación de la termoeléctrica: “Quizás haya sido solo una estrategia de campaña, pero habrá que recordársela”, manifiesta.
“De aquí a 20 años más nuestros hijos van a empezar a morir de cáncer”
Del pueblo diaguita, Leonardo Tabaré Fernández, quien también es presidente de una de las asociaciones que presentó un recurso, manifestó que los indígenas tienen una visión diferente a la de los chilenos. “Nosotros no vemos el mundo como ustedes lo miran, no lo vemos en pos del dinero, sino que en pos de la tierra, ella nos da la vida, nos da nuestro alimento, por eso hoy nos estamos defendiendo de un proyecto de esta naturaleza”, sostuvo, agregando que “de aquí a 20 años más nuestros hijos van a empezar a morir de cáncer, como pasó en La Greda, en Puchuncaví”.
Tabaré ejemplifica lo ridículo de uno de los argumentos que dio el CEA para no admitir el recurso y que tiene que ver con que las comunidades indígenas están en una Zona de Influencia, por lo que para que hubiese sido admisible -aseguraron- tendrían que haber estado en una Zona de Afectación Directa. “Nosotros tenemos nuestro sitio ceremonial a un kilómetro de donde se va a construir la termoeléctrica y me dicen que no vamos a tener afectación directa”, cuestiona. Finalmente, agregó que “los indígenas no tenemos por qué decirles a ustedes en qué nos afecta la termoeléctrica, ustedes tienen el deber de preguntarnos”.
También se mencionó el hecho de que el CEA esté pasando a llevar el Convenio 169 de la OIT, lo que a juicio del dirigente sería inconstitucional. “Ustedes están errados, y si ustedes rechazan las reclamaciones, están cometiendo un error constitucional, porque el Convenio está por sobre el reglamento”, sostuvo Tabaré en su alegación.Por su parte, a nombre de la comunidad de Limache, el profesor de geografía Andrés Moreira llamó a no confundirse entre tanto detalle técnico y aclaró que ningún territorio quiere convertirse en un Puchuncaví. “No hay ningún documento técnico que diga que esto no se va a convertir en una escalada en que después de una termoeléctrica se quieran instalar otras asociadas a la línea Cardones-Polpaico”, advirtió en ese sentido, añadiendo que eso sería solo la “punta del iceberg” y que los ciudadanos “no queremos pasar el resto de nuestras vidas mejorando los estudios de impacto ambiental de nuevas termoeléctricas a petróleo, gas o diésel”. Lo que buscamos -agregó- es “recuperar nuestra tranquilidad de ciudadano y eso es a lo que apelamos al CEA”.
Moreira acusó que el CEA juega “a favor de la empresa” porque mostraron gráficos que ya habían presentado “cientos de veces”, lo que harían para confundir. También expresó que era “desconcertante” que la Comisión no haya sido capaz de incorporar las observaciones ciudadanas y que actúe a favor de la empresa, porque -dijo- hay “letra chica que la está favoreciendo”.
Pese a la cantidad de argumentos presentados, las seremías votaron de forma unánime por el rechazo a los recursos, por lo que ahora tendría luz verde para contaminar.
Así es como Joel González, de la organización Libres de Alta Tensión, recuerda cuando Sebastián Piñera fue a la zona y habló en una radio en la que expresó su desacuerdo con la instalación de la termoeléctrica: “Quizás haya sido solo una estrategia de campaña, pero habrá que recordársela”, manifiesta.
“De aquí a 20 años más nuestros hijos van a empezar a morir de cáncer”
Del pueblo diaguita, Leonardo Tabaré Fernández, quien también es presidente de una de las asociaciones que presentó un recurso, manifestó que los indígenas tienen una visión diferente a la de los chilenos. “Nosotros no vemos el mundo como ustedes lo miran, no lo vemos en pos del dinero, sino que en pos de la tierra, ella nos da la vida, nos da nuestro alimento, por eso hoy nos estamos defendiendo de un proyecto de esta naturaleza”, sostuvo, agregando que “de aquí a 20 años más nuestros hijos van a empezar a morir de cáncer, como pasó en La Greda, en Puchuncaví”.
Tabaré ejemplifica lo ridículo de uno de los argumentos que dio el CEA para no admitir el recurso y que tiene que ver con que las comunidades indígenas están en una Zona de Influencia, por lo que para que hubiese sido admisible -aseguraron- tendrían que haber estado en una Zona de Afectación Directa. “Nosotros tenemos nuestro sitio ceremonial a un kilómetro de donde se va a construir la termoeléctrica y me dicen que no vamos a tener afectación directa”, cuestiona. Finalmente, agregó que “los indígenas no tenemos por qué decirles a ustedes en qué nos afecta la termoeléctrica, ustedes tienen el deber de preguntarnos”.
También se mencionó el hecho de que el CEA esté pasando a llevar el Convenio 169 de la OIT, lo que a juicio del dirigente sería inconstitucional. “Ustedes están errados, y si ustedes rechazan las reclamaciones, están cometiendo un error constitucional, porque el Convenio está por sobre el reglamento”, sostuvo Tabaré en su alegación.Por su parte, a nombre de la comunidad de Limache, el profesor de geografía Andrés Moreira llamó a no confundirse entre tanto detalle técnico y aclaró que ningún territorio quiere convertirse en un Puchuncaví. “No hay ningún documento técnico que diga que esto no se va a convertir en una escalada en que después de una termoeléctrica se quieran instalar otras asociadas a la línea Cardones-Polpaico”, advirtió en ese sentido, añadiendo que eso sería solo la “punta del iceberg” y que los ciudadanos “no queremos pasar el resto de nuestras vidas mejorando los estudios de impacto ambiental de nuevas termoeléctricas a petróleo, gas o diésel”. Lo que buscamos -agregó- es “recuperar nuestra tranquilidad de ciudadano y eso es a lo que apelamos al CEA”.
Moreira acusó que el CEA juega “a favor de la empresa” porque mostraron gráficos que ya habían presentado “cientos de veces”, lo que harían para confundir. También expresó que era “desconcertante” que la Comisión no haya sido capaz de incorporar las observaciones ciudadanas y que actúe a favor de la empresa, porque -dijo- hay “letra chica que la está favoreciendo”.
Pese a la cantidad de argumentos presentados, las seremías votaron de forma unánime por el rechazo a los recursos, por lo que ahora tendría luz verde para contaminar.
Fuente: elciudadano.cl
