Guatemala: La condena del líder indígena Bernardo Caal Xol por defensa de tierras es injusta.
Condenado por la defensa del agua y de la tierra
Imagen cedida por la ong española Alianza por la Solidaridad-Action Aid, del líder indígena guatemalteco y defensor ambiental Bernardo Caal Xol. EFE
Amnistía Internacional no había declarado a ningún preso de conciencia desde que Guatemala concluyó su guerra interna -que entre 1960 y 1996 dejó más de 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos, en un 93 por ciento atribuido a las fuerzas armadas y paramilitares-, con la firma de la paz, el 29 de diciembre de 1996.
Un preso de conciencia, según AI, es una persona que, “sin haber utilizado la violencia ni haber promovido o su uso es encarcelada o sometida a otras restricciones de su libertad a causa de su opinión política, religión u otras creencias, su origen étnico, sexo, color, idioma, origen nacional o social, orientación sexual o identidad de género, u otro estatus”.
La organización, además, exigió la “libertad” de Bernardo Caal y pidió al Ministerio Público (Fiscalía) que “haga una revisión de su caso e investigue a los funcionarios que llevaron la investigación” en contra del líder indígena, reconocido defensor de los derechos de las comunidades de Santa María Cahabón, afectadas por la construcción de las hidroeléctricas Oxec I y Oxec II, sobre los ríos Oxec y Cahabón, en el departamento norteño de Alta Verapaz.
Como visible líder de las comunidades “afectadas” por la construcción hidroeléctrica, Bernardo Caal “presentó una serie de recursos legales contra el proyecto y en 2017 las altas cortes reconocieron que se violó el derecho a la consulta libre, previa e informadas de las comunidades indígenas”, recordó AI en un comunicado divulgado este jueves con las declaraciones de Guevara Rosas.
AI advirtió que en represalia a la actividad humanitaria de Caal, este fue “acusado de realizar supuestos actos de violencia” contra empleados de (la empresa de cable) Netzone, S.A., contratista de Oxec, el 15 de octubre de 2015. El 9 de noviembre de 2018, un tribunal lo condenó a siete años y cuatro meses de prisión por los delitos de detenciones ilegales con circunstancias agravantes y robo agravado.
La directora de las Américas de AI subrayó que, “tras haber revisado el expediente penal abierto contra Bernardo Caal, es claro que no hay evidencia sobre los delitos de que se le acusa”.
Agregó que en Guatemala “lamentablemente se sigue criminalizando a quienes alzan la voz para defender sus derechos. Las autoridades continúan usando la justicia penal para silenciar y encarcelar a defensores de derechos humanos, y esta vez ha sido Bernardo quien ha tenido que pasar más de dos años en prisión solo por ser una de las caras visibles de los reclamos del pueblo q’eqchi'”.
La organización indicó en su pronunciamiento que remitió una carta a la jefa del MP, la fiscal general Consuelo Porras, en la que expresó su “preocupación” por las “irregularidades y negligencias” en el proceso penal contra Caal, donde incluso los fiscales que persiguieron el caso quedaron inconformes pues inicialmente buscaban el doble de la pena otorgada al líder indígena.
Los abogados defensores de Caal apelaron su condena desde noviembre de 2018, pero este caso ha sido “retrasado injustificadamente y hasta la fecha no se ha podido celebrar la audiencia debido a que en cuatro ocasiones los magistrados designados no se presentaron o presentaron excusas para no conocer el caso”, señaló la entidad internacional, que recordó que la próxima audiencia está fijada para el 28 de julio.
Debido a la COVID-19, el Organismo Judicial suspendió actividades del 9 al 23 de julio, por lo que hay retrasos en los órganos jurisdiccionales derivados de esta disposición y no hay certeza en cuanto a audiencias programadas de manera preliminar.
Endurecimiento de las condenas
Por su parte, la organización española Alianza por la Solidaridad-ActionAid informó de que el pasado 7 de septiembre, tras casi dos años de espera a un recurso de apelación, una nueva decisión judicial ‘endurece’ la condena judicial del líder indígena ambiental Bernardo Caal Xol.
Según la organización española, la apelación por parte de la defensa se presentó para que el fallo fuera anulado por estar ‘viciado’ en forma y fondo, pero los magistrados de la sala VI de la Corte de Apelaciones de Cobán, Alta Verapaz, desestimaron las tres apelaciones de forma y siete de fondo que interpusieron los abogados defensores al fallo, lo que califican como “criminalización y persecución judicial hacia este dirigente maya q’eqchi'”.
Según Alianza por la Solidaridad-ActionAid, durante los dos años que Caal Xol ha permanecido en la cárcel a la espera de que se resolvieran sus apelaciones, numerosos magistrados suplentes han denegado y/o excusado su participación en el proceso, provocando que se alargara en el tiempo.
Finalmente, esta semana se comunicó que ninguna de las apelaciones habían sido aceptadas, salvo la del Ministerio Público que solicitaba la eliminación de conmutación de una parte de la pena por una cantidad económica. Ante esta decisión, Caal “deberá pasar los siete años y cuatro meses en la cárcel, donde está desde enero de 2018”.
Para el Colectivo Madre Selva, de Guatemala, y Alianza por la Solidaridad-ActionAid se trata de un claro caso de criminalización de un líder que se ha enfrentado a empresas poderosas, al igual que hizo en Honduras la fallecida Berta Cáceres.
Los proyectos Oxec se suman a otro proyecto hidroeléctrico, RENACE, en Alta Verapaz, en el que también ha intervenido la empresa española Grupo Cobra-ACS, el cual ha colapsado el cauce del río Cahabón en casi 30 kilómetros, limitando el acceso al agua a uno 30.000 indígenas.
Consulta previa obligatoria
Según la ong española, en el caso de Oxec S.A., Caal Xol denunció la no realización de una consulta previa y obligatoria a los pueblos indígenas afectados, así como “la apropiación indebida de territorios de propiedad indígena y la tala de bosques”.
“Quieren acallar la lucha indígena y dar un escarmiento con el caso de Bernardo para que no haya más protestas. OXEC S.A. ya ha sido condenada por talar el bosque y no ha cumplido la sentencia, pero no pasa nada. En este país la Justicia está coptada, así que pueden condenar a los líderes del pueblo sin pruebas mientras que las empresas no hacen caso de las resoluciones judiciales”, denuncia Julio González, del Colectivo MadreSelva.
Alianza por la Solidaridad-Action Aid denuncia asimismo las “condiciones infrahumanas” donde se encuentra encarcelado Caal Xol, “persona de riesgo ante la situación de contagio por la Covid-19”. Según su abogado Edgar Efraín de León “se le ha negado la posibilidad de que sea atendido por un médico externo a la prisión.
Campaña de apoyo
Alianza por la Solidaridad-ActionAid ha relanzado su campaña de recogida de firmas en su web, con el objetivo de dar visibilidad a este caso y aumentar la presión para lograr la liberación del líder guatemalteco, según un comunicado.
Greenpeace y otras organizaciones apoyan la petición y la campaña Derechos a la Tierra Ya, según Alianza por la Solidaridad-Action Aid.
La organización humanitaria Unidad de Defensores y Defensoras de DD.HH. en Guatemala (Udefegua) ha denunciado que entre enero de 2019 y abril de 2020 se han producido un total de 651 agresiones a defensores de derechos humanos.
Fuente: EFEverde
