Honduras: Presentacion del reporte «Orígenes del conflicto minero en el Bajo Aguán»
Estas recomendaciones se vuelven clave en el contexto actual de la crisis sanitaria COVID 19, ya que diferentes organizaciones pertenecientes a la Alianza han denunciado que “los gobiernos de la región CA4, están utilizando las medidas de confinamiento para el control social a través de la suspensión selectiva de derechos civiles, la criminalización de la protesta social y el acoso contra defensores de derechos humanos. Al mismo tiempo que intensifican el andamiaje institucional que facilita el despojo de los bienes comunes y consolida el modelo económico extractivista.”
El equipo de investigación, compuesto por el Dr. Bernie Hammond y Dra. Amanda Grzyb – Western University de Canada, Dr. Michael Berghoef – Ferris State University de EE UU, Dra. Ainhoa Montoya – Universidad de Londres, Inglaterra y el periodista y abogado de Derechos Humanos, Dimitri Lascaris, realizó una visita de siete días de duración a Honduras, en junio de 2019, con la misión de verificar informes de violaciones de derechos humanos contra defensores ambientales que se oponen al proyecto minero en el municipio de Tocoa, Colón propiedad del empresario Lenir Pérez, vinculado a la familia Facusse.
Los autores sitúan la investigación en el contexto de eventos históricos y políticos a partir del golpe de estado del 2009, las raíces del conflicto por la tierra en el Bajo Aguán y la oligarquía local que ha controlado a los gobiernos posteriores al golpe.
Según el informe, gobiernos sucesivos han profundizado políticas neoliberales, establecidas en la década de los 1990s, para garantizar la inversión de las élites nacionales y empresas transnacionales en las industrias extractivas. Estas industrias han establecido sus operaciones sin consultar adecuadamente con las poblaciones locales y sus proyectos han generado conflictos y graves violaciones de derechos humanos en un entorno de impunidad. Estados Unidos y Canadá, con la aprobación tácita de la comunidad internacional, han apoyado activamente a los gobiernos posteriores al golpe como medio para asegurar y proteger sus propios intereses.
En la ciudad de Tocoa, el estado hondureño se ha enfrentado a comunidades organizadas que se oponen a las actividades extractivas de la empresa Inversiones los Pinares con prácticas sistemáticas de criminalización, persecución y agresión física contra los habitantes que buscan defender el territorio donde habitan y sus fuentes hídricas. Las víctimas y los testigos entrevistados identificaron a los cuerpos militares, la policía y grupos armados locales, empleados como guardias de seguridad por la empresa, como los principales responsables de estas acciones. Estas violaciones de derechos humanos son un ejemplo claro de la violencia generalizada que sufren los defensores de derechos, líderes indígenas y sociales, y pequeños agricultores en Honduras cuando resisten la legalidad de megaproyectos corporativos y las industrias extractivas.
Específicamente el reporte encuentra que en el caso las licencias otorgadas a la empresa Inversiones los Pinares.
• Hubo serias irregularidades en la emisión de licencias mineras dentro de los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras.
• Hubo falta de consulta previa a las comunidades afectadas antes de emitir licencias, lo que resulto en violaciones tanto a regulaciones municipales como a normas internacionales.
• El estado ha empleado a sus instituciones legales y represivas, como el Ministerio Público, la Policía y el Ejército, con el propósito de proteger los intereses de la empresa Inversiones los Pinares.
• Derechos reconocidos internacionalmente, como el derecho a la protesta pacífica, derecho de organización y el derecho a defender derechos, han sido negados a los defensores del rio Guapinol y en su lugar han sido criminalizados por el estado en beneficio de los derechos empresariales.
Recientemente una corte de apelaciones, en el departamento de Francisco Morazán, revoco el sobreseimiento definitivo a favor de 5 defensores ambientales y ordeno el procesamiento formal de los imputados junto a otros 8 defensores que se encuentran en prisión preventiva desde hace un año, por los supuestos delitos de incendio agravado en perjuicio de la empresa minera Los Pinares y privación injusta de libertad contra Santos Corea, el jefe de una empresa de seguridad contratada por la minera.
Estos hechos ratifican observaciones hechas en el reporte sobre la supuesta institucionalidad, creada por el gobierno hondureño para controlar la violencia contra los defensores de derechos humanos, los abogados que los defienden y los periodistas que informan acerca de ellos, que al final se traduce en gestos vacíos destinados a crear una fachada de legitimidad.
Como en otras regiones de Honduras, las vidas de los defensores ambientales en Tocoa que se oponen públicamente al gobierno siguen en riesgo. Los que sobreviven se ven obligados a soportar la ansiedad diaria de persecución estatal, y el acoso de sus amigos, vecinos y familiares. A pesar de la represión, el equipo de investigación encuentra que en Tocoa existe una comunidad fuerte y firme en su oposición a la mina, determinada a defender las fuentes de agua de su río Guapinol, su forma de vida y sus familias, con todos los medios a su alcance.
Fuentes: Rebelión - Imagenes: Ocmal
