Argentina: El canje de deuda y los incorregibles
Otra vez aparece en el escenario la figura del canje de deuda como “remedio” para facilitar la posibilidad de no entrar en lo que llaman el “default”. Pero el remedio, que ya hemos probado, tiene no solo “reacciones adversas” sino “efectos colaterales”. Sabemos que la deuda externa es un mecanismo de despojo e instrumento de dominación no sólo económico, sino cultural; porque sometiendo culturalmente es más fácil articular todo el proceso de desposesión.
Por Darío Balvidares
El gobierno nacional decidió hacer un (autista) reconocimiento de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), incluso contra sus propios dichos de campaña sobre el no pago y la revisión de una deuda del todo espuria. También reconoce el fraude de 44 mil millones de dólares tomados por el gobierno de Mauricio Macri y fugados, en un claro acuerdo con la misma entidad internacional cómplice de haber violado sus propios estatutos y de haber entregado los dólares para el uso discrecional del grupo gobernante (2015-2019).
El ejercicio de los que alternan el poder político en el país ya es archiconocido,
unos toman deuda, los otros pagan, muchos agigantan sus ya inmensurables fortunas y millones entran en la pobreza, es decir, afrontan las consecuencias de esos endeudamientos, con los paquetes políticos de ajustes fiscales que traen incluidos los “préstamos”.
Recordemos que el presidente Alberto Fernández en abril de este año ya había anunciado en el marco de la Cumbre de Líderes sobre el Clima la necesidad de este tipo de operaciones, pagos por servicios ecosistémicos y canjes de deuda por acción climática.
Un discurso ecológico que lejos está de la histórica predación provocada por el conjunto de políticas de carácter extractivista, hidrocarburos, fracking, megaminería y en esa línea los paquetes transgénicos con sus agroquímicos, en escala creciente desde los 90 del siglo pasado, incluida la tercerización del río Paraná con la empresa Hidrovía SA.
En su exposición, también propone un nuevo proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos, siendo que en 2007 se aprobó la ley 26.331, lo que se demoró (por presión empresarial) fue su reglamentación que se realizó en 2009. La que llamamos ley de Bosques, que en la práctica es violada sistemáticamente con los desmontes que no han frenado ni siquiera durante la pandemia. ¿Por qué otra ley de bosques? ¿No es suficiente con que se cumpla la que está vigente?
Unos meses después, el 11 de julio, el ministro de Economía, Martín Guzmán, expuso en la ciudad de Venecia en la Conferencia Internacional de Cambio Climático y destacó “la importancia de la transformación productiva para la sostenibilidad ambiental y para la estabilidad de la balanza de pagos de los países”.
¿Acaso el ministro Guzmán habla de un cambio en el modelo productivo?
Claramente, no. La naturaleza al servicio de la macroeconomía es un excelente negocio para grandes grupos económico/financieros, como sucede con los canjes de deuda en moneda (recordemos los fraudes del “Megacanje” y el “Blindaje” o mucho más acá con las “Leliq” y las “Lebac”) donde los únicos ganadores fueron y siguen siendo los bancos y los llamados “fondos buitres”.
El 22 de julio, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, solicitó en la Cumbre del G20, que se realizara en Nápoles, Italia, “un canje de deuda por acción ambiental y climática”, el ministro explicó a los miembros del foro que su propuesta “consiste en que los países elaboren planes de mitigación y adaptación contundentes y ambiciosos, conforme a sus condiciones y circunstancias nacionales, y que una porción de la deuda se oriente a su implementación efectiva“.
Nada es nuevo, ni son ocurrencias innovadoras, todos estos programas sobre pagos de deuda están en los “manuales” de los organismos multilaterales de crédito. Ni el FMI es otro FMI, ni el Banco Mundial, ni el BID, son los mismos organismos neoliberales que aplican sus recetas que solo benefician a sus socios mayoritarios y a grupos empresariales que en los casos de canjes de deuda se enmascaran detrás de fundaciones.
El ministro le propuso al FMI que una parte de los 17.000 millones de dólares del vencimiento de 2022, se destine a la construcción de parques eólicos o solares en el país. Lo que parecería una excelente noticia, pero no en este contexto, porque además de que los dineros saldrán del Tesoro Nacional para la construcción, no es el estado quien gestionará la obra, ni la administrará posteriormente.
Utilizar los mismos mecanismos (programas) de sujeción es equivalente a ese famoso dicho adjudicado a Albert Einstein, que en una traducción libre dice: “solo un idiota pretende tener resultados distintos aplicando la misma metodología”.
Un poco de historia
El siguiente textual es un fragmento del llamado Informe Kissinger que no ha perdido vigencia y que es de total aplicación en nuestros “países menos desarrollados” (PMDs) tal cual como nos designa el autor en ese documento: “Es vital que el esfuerzo en desarrollar y fortalecer un compromiso mayor por parte de los líderes de los PMDs no sean percibidos por ellos como políticas de un país industrializado para mantenerlos subsumidos o para que los recursos sean usados por los ‘países ricos’. El desarrollo de tal percepción puede generar una reacción fuertemente adversa para la estabilidad de la población. Por ello, los Estados Unidos y otros países “ricos” deben tener cuidado en las políticas que aplicarán para los PMDs sean aceptables…”.
El propio documento expone las estrategias y advierte los mecanismos de cómo deben involucrarse los organismos internacionales que operan en la aplicación de programas en acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil (OSC), a través de fundaciones y ong (en muchos casos empresariales) privadas que suplantan al Estado. Es decir una forma de tercerización de las obligaciones que el Estado tiene sobre lo público, de las que se aparta.
Lo vivimos en la educación con el abordaje del sector privado vía fundaciones y los procesos de endoprivatización creciente a través de convenios firmados por los ministerios de educación tanto nacionales como provinciales para la capacitación docente, de directivos o en distribución de becas estudiantiles. Un efecto del “canje de deuda por educación” que realizó Daniel Filmus durante su gestión como ministro de educación durante la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007), fue la entrada de la “tarjeta universitaria” del grupo Santander con la que cobran les docentes universitarios.
En 1993 se realiza el acuerdo titulado Fondo para las Américas “suscripto entre los gobiernos de la República Argentina y el de los Estados Unidos, en el marco de la ‘Iniciativa Empresa para las Américas’. Este acuerdo establece que los intereses de determinadas deudas contraídas por la República Argentina con los Estados Unidos, sean condonados y reinvertidos en el país a través de créditos no reembolsables otorgados a organizaciones no gubernamentales (ONG´s) sin fines de lucro que desarrollen proyectos afines con los objetivos del fondo” (Informe, Alternativas de conversión de Deuda por programas sociales, confeccionado por la Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo en septiembre de 2003).
El acuerdo implicaba el pago de un monto U$D 3.000.000 en forma decreciente hasta 2007. La misión de ese Fondo era: “La preservación, conservación, protección y administración de manera sustentable de los recursos naturales del país, alentando así la supervivencia y el desarrollo infantil”. El Fondo crea también una comisión que lleva a cabo el programa, que por supuesto, deviene gastos operativos. La comisión determinó las áreas de interés, que fueron:
Suelos y su potencial agronómico.
Recursos energéticos y desarrollo de energías alternativas.
Contaminación del aire.
Diversidad Biológica.
Recursos Hídricos.
Lo cierto es que en 2003 se refrenda el Acuerdo con el decreto 159/2003 que en uno de sus considerandos dice: “Que la Comisión Administradora estará constituida por NUEVE (9) miembros: UN (1) representante designado por el Gobierno de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, UN (1) representante designado por el Gobierno de la REPUBLICA ARGENTINA, SIETE (7) representantes de una amplia gama de asociaciones civiles argentinas sin fines de lucro dedicadas al desarrollo ambiental y al desarrollo comunitario local, entre ellas, las dedicadas a la supervivencia y al desarrollo de los niños…”
Como vemos, la historia nos muestra como además de no salir de la deuda, el “canje” es una de las estrategias más eficaces para la apropiación de recursos, además es importante ver los resultados de poner las “áreas de interés” del Acuerdo: los avances desenfrenados de la megaminería a cielo abierto con utilización de cianuro y mercurio, que incluyen la apropiación de los recursos energéticos, además de su privatización; el crecimiento a gran escala del agronegocio con la utilización de agroquímicos y los desmontes de los bosques nativos que provocan la desertificación de los territorios, uno de los factores más acuciantes en el cambio climático; el fracking y sus técnicas que operan con cócteles químicos sobre la roca madre provocando todos los sismos que vienen sucediendo en Vaca Muerta. Solo algunos ejemplos de los efectos de un Acuerdo que se proponía como misión la preservación, conservación, protección y administración de manera sustentable de los recursos naturales del país…
Un concepto más para finalizar el artículo es el que nos advierte Guillermo Ortega (2008) en su informe: “El canje de deuda sirve de instrumento a las corporaciones financieras para recuperar su dinero prestado y seguir avalando al país deudor para continuar solicitando créditos. La modalidad depende de los actores que intervienen en el proceso de canje. Por ejemplo, una ONG del país acreedor (EEUU, Suiza, Alemania) presenta un proyecto medioambiental a un acreedor, quien decide vender la deuda con la condición de que el país deudor (Paraguay, Argentina, Costa Rica o Indonesia) deposite el monto acordado de la deuda en un fondo para la implementación de proyectos de conservación y/o de desarrollo; en otros casos, la institución adquiere bonos de deuda en el mercado secundario y luego los canjea en el banco oficial al precio nominal para implementar el proyecto” (N de R: Mercado Secundario de Deudas: mercado informal donde se negocia la deuda comercial rebajada de los países pobres).
El reconocimiento de la deuda ilegal, ilegítima y odiosa produce reacciones adversas y efectos colaterales que ya conocemos y padecemos el conjunto de la población. Con la continuidad de las políticas neoliberales nada va a quedar para el futuro de nuestras infancias actuales.
Procurar la “transformación productiva”, no es con los “recetarios” de los mismos de siempre, porque la transformación que necesitamos es de la matriz productiva, un cambio de modelo que socialice la producción desde una perspectiva ecológica, pero no en manos de los que nos van a vender el viento y el sol.
Aunque sus anuncios resuenen como las aguas danzantes, son solo variaciones de lo mismo, diría Einstein.
Fuente: Tramas - Foto destacada Red/Acción
Por Darío Balvidares
El gobierno nacional decidió hacer un (autista) reconocimiento de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), incluso contra sus propios dichos de campaña sobre el no pago y la revisión de una deuda del todo espuria. También reconoce el fraude de 44 mil millones de dólares tomados por el gobierno de Mauricio Macri y fugados, en un claro acuerdo con la misma entidad internacional cómplice de haber violado sus propios estatutos y de haber entregado los dólares para el uso discrecional del grupo gobernante (2015-2019).
El ejercicio de los que alternan el poder político en el país ya es archiconocido,
unos toman deuda, los otros pagan, muchos agigantan sus ya inmensurables fortunas y millones entran en la pobreza, es decir, afrontan las consecuencias de esos endeudamientos, con los paquetes políticos de ajustes fiscales que traen incluidos los “préstamos”.
Recordemos que el presidente Alberto Fernández en abril de este año ya había anunciado en el marco de la Cumbre de Líderes sobre el Clima la necesidad de este tipo de operaciones, pagos por servicios ecosistémicos y canjes de deuda por acción climática.
Un discurso ecológico que lejos está de la histórica predación provocada por el conjunto de políticas de carácter extractivista, hidrocarburos, fracking, megaminería y en esa línea los paquetes transgénicos con sus agroquímicos, en escala creciente desde los 90 del siglo pasado, incluida la tercerización del río Paraná con la empresa Hidrovía SA.
En su exposición, también propone un nuevo proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos, siendo que en 2007 se aprobó la ley 26.331, lo que se demoró (por presión empresarial) fue su reglamentación que se realizó en 2009. La que llamamos ley de Bosques, que en la práctica es violada sistemáticamente con los desmontes que no han frenado ni siquiera durante la pandemia. ¿Por qué otra ley de bosques? ¿No es suficiente con que se cumpla la que está vigente?
Unos meses después, el 11 de julio, el ministro de Economía, Martín Guzmán, expuso en la ciudad de Venecia en la Conferencia Internacional de Cambio Climático y destacó “la importancia de la transformación productiva para la sostenibilidad ambiental y para la estabilidad de la balanza de pagos de los países”.
¿Acaso el ministro Guzmán habla de un cambio en el modelo productivo?
Claramente, no. La naturaleza al servicio de la macroeconomía es un excelente negocio para grandes grupos económico/financieros, como sucede con los canjes de deuda en moneda (recordemos los fraudes del “Megacanje” y el “Blindaje” o mucho más acá con las “Leliq” y las “Lebac”) donde los únicos ganadores fueron y siguen siendo los bancos y los llamados “fondos buitres”.
El 22 de julio, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, solicitó en la Cumbre del G20, que se realizara en Nápoles, Italia, “un canje de deuda por acción ambiental y climática”, el ministro explicó a los miembros del foro que su propuesta “consiste en que los países elaboren planes de mitigación y adaptación contundentes y ambiciosos, conforme a sus condiciones y circunstancias nacionales, y que una porción de la deuda se oriente a su implementación efectiva“.
Nada es nuevo, ni son ocurrencias innovadoras, todos estos programas sobre pagos de deuda están en los “manuales” de los organismos multilaterales de crédito. Ni el FMI es otro FMI, ni el Banco Mundial, ni el BID, son los mismos organismos neoliberales que aplican sus recetas que solo benefician a sus socios mayoritarios y a grupos empresariales que en los casos de canjes de deuda se enmascaran detrás de fundaciones.
El ministro le propuso al FMI que una parte de los 17.000 millones de dólares del vencimiento de 2022, se destine a la construcción de parques eólicos o solares en el país. Lo que parecería una excelente noticia, pero no en este contexto, porque además de que los dineros saldrán del Tesoro Nacional para la construcción, no es el estado quien gestionará la obra, ni la administrará posteriormente.
Utilizar los mismos mecanismos (programas) de sujeción es equivalente a ese famoso dicho adjudicado a Albert Einstein, que en una traducción libre dice: “solo un idiota pretende tener resultados distintos aplicando la misma metodología”.
Un poco de historia
El siguiente textual es un fragmento del llamado Informe Kissinger que no ha perdido vigencia y que es de total aplicación en nuestros “países menos desarrollados” (PMDs) tal cual como nos designa el autor en ese documento: “Es vital que el esfuerzo en desarrollar y fortalecer un compromiso mayor por parte de los líderes de los PMDs no sean percibidos por ellos como políticas de un país industrializado para mantenerlos subsumidos o para que los recursos sean usados por los ‘países ricos’. El desarrollo de tal percepción puede generar una reacción fuertemente adversa para la estabilidad de la población. Por ello, los Estados Unidos y otros países “ricos” deben tener cuidado en las políticas que aplicarán para los PMDs sean aceptables…”.
El propio documento expone las estrategias y advierte los mecanismos de cómo deben involucrarse los organismos internacionales que operan en la aplicación de programas en acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil (OSC), a través de fundaciones y ong (en muchos casos empresariales) privadas que suplantan al Estado. Es decir una forma de tercerización de las obligaciones que el Estado tiene sobre lo público, de las que se aparta.
Lo vivimos en la educación con el abordaje del sector privado vía fundaciones y los procesos de endoprivatización creciente a través de convenios firmados por los ministerios de educación tanto nacionales como provinciales para la capacitación docente, de directivos o en distribución de becas estudiantiles. Un efecto del “canje de deuda por educación” que realizó Daniel Filmus durante su gestión como ministro de educación durante la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007), fue la entrada de la “tarjeta universitaria” del grupo Santander con la que cobran les docentes universitarios.
En 1993 se realiza el acuerdo titulado Fondo para las Américas “suscripto entre los gobiernos de la República Argentina y el de los Estados Unidos, en el marco de la ‘Iniciativa Empresa para las Américas’. Este acuerdo establece que los intereses de determinadas deudas contraídas por la República Argentina con los Estados Unidos, sean condonados y reinvertidos en el país a través de créditos no reembolsables otorgados a organizaciones no gubernamentales (ONG´s) sin fines de lucro que desarrollen proyectos afines con los objetivos del fondo” (Informe, Alternativas de conversión de Deuda por programas sociales, confeccionado por la Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo en septiembre de 2003).
El acuerdo implicaba el pago de un monto U$D 3.000.000 en forma decreciente hasta 2007. La misión de ese Fondo era: “La preservación, conservación, protección y administración de manera sustentable de los recursos naturales del país, alentando así la supervivencia y el desarrollo infantil”. El Fondo crea también una comisión que lleva a cabo el programa, que por supuesto, deviene gastos operativos. La comisión determinó las áreas de interés, que fueron:
Suelos y su potencial agronómico.
Recursos energéticos y desarrollo de energías alternativas.
Contaminación del aire.
Diversidad Biológica.
Recursos Hídricos.
Lo cierto es que en 2003 se refrenda el Acuerdo con el decreto 159/2003 que en uno de sus considerandos dice: “Que la Comisión Administradora estará constituida por NUEVE (9) miembros: UN (1) representante designado por el Gobierno de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, UN (1) representante designado por el Gobierno de la REPUBLICA ARGENTINA, SIETE (7) representantes de una amplia gama de asociaciones civiles argentinas sin fines de lucro dedicadas al desarrollo ambiental y al desarrollo comunitario local, entre ellas, las dedicadas a la supervivencia y al desarrollo de los niños…”
Como vemos, la historia nos muestra como además de no salir de la deuda, el “canje” es una de las estrategias más eficaces para la apropiación de recursos, además es importante ver los resultados de poner las “áreas de interés” del Acuerdo: los avances desenfrenados de la megaminería a cielo abierto con utilización de cianuro y mercurio, que incluyen la apropiación de los recursos energéticos, además de su privatización; el crecimiento a gran escala del agronegocio con la utilización de agroquímicos y los desmontes de los bosques nativos que provocan la desertificación de los territorios, uno de los factores más acuciantes en el cambio climático; el fracking y sus técnicas que operan con cócteles químicos sobre la roca madre provocando todos los sismos que vienen sucediendo en Vaca Muerta. Solo algunos ejemplos de los efectos de un Acuerdo que se proponía como misión la preservación, conservación, protección y administración de manera sustentable de los recursos naturales del país…
Un concepto más para finalizar el artículo es el que nos advierte Guillermo Ortega (2008) en su informe: “El canje de deuda sirve de instrumento a las corporaciones financieras para recuperar su dinero prestado y seguir avalando al país deudor para continuar solicitando créditos. La modalidad depende de los actores que intervienen en el proceso de canje. Por ejemplo, una ONG del país acreedor (EEUU, Suiza, Alemania) presenta un proyecto medioambiental a un acreedor, quien decide vender la deuda con la condición de que el país deudor (Paraguay, Argentina, Costa Rica o Indonesia) deposite el monto acordado de la deuda en un fondo para la implementación de proyectos de conservación y/o de desarrollo; en otros casos, la institución adquiere bonos de deuda en el mercado secundario y luego los canjea en el banco oficial al precio nominal para implementar el proyecto” (N de R: Mercado Secundario de Deudas: mercado informal donde se negocia la deuda comercial rebajada de los países pobres).
El reconocimiento de la deuda ilegal, ilegítima y odiosa produce reacciones adversas y efectos colaterales que ya conocemos y padecemos el conjunto de la población. Con la continuidad de las políticas neoliberales nada va a quedar para el futuro de nuestras infancias actuales.
Procurar la “transformación productiva”, no es con los “recetarios” de los mismos de siempre, porque la transformación que necesitamos es de la matriz productiva, un cambio de modelo que socialice la producción desde una perspectiva ecológica, pero no en manos de los que nos van a vender el viento y el sol.
Aunque sus anuncios resuenen como las aguas danzantes, son solo variaciones de lo mismo, diría Einstein.
Fuente: Tramas - Foto destacada Red/Acción