Mujeres indígenas en defensa de la equidad y los bosques en Costa Rica
Por Michelle Soto
Por esa razón, Sibú se llevó a su sobrina a la superficie y, mediante una ceremonia, esparció su sangre sobre la roca: así fue como surgió la biósfera. Sibú delegó el cuidado de la niña-tierra a las mujeres talamanqueñas. A ellas no sólo les encargó proteger el bosque, sino también transmitir ese conocimiento ancestral de generación en generación. Nuestras abuelas nos repetían que, si no la cuidábamos, Irìria se iba a enfermar. Eso es lo que está pasando fuera de nuestros territorios. El planeta está contaminado y el cambio climático ya nos está afectando. Las mujeres lo vivimos día con día, porque somos las que estamos en la casa y también vamos al campo a sembrar. Lo vemos, por ejemplo, en cómo los pejibayes ya no se cosechan como antes. Edith Villanueva Reyes, una de las líderes de ACOMUITA.
La inequidad es otro de los males que aqueja a la niña-tierra y obstaculiza la labor de cuidado realizada por las mujeres talamanqueñas. Históricamente, los incentivos que reconocen económicamente la protección del bosque han terminado en manos de los hombres, dado que muy pocas mujeres tienen títulos de propiedad.
“Es un poco triste ver que los varones tienen más oportunidades para accesar a créditos y trabajos. Dentro de los territorios indígenas, existe la lucha de nosotras mismas por empoderar a las mujeres y darnos nuestro lugar. Eso sí, es menos difícil conversar con los varones en nuestros territorios porque, precisamente, son indígenas”, explica Edith Villanueva Reyes, una de las líderes de la Asociación Comisión de Mujeres Indígenas de Talamanca (ACOMUITA).
“En nuestra cultura, el hombre y la mujer tienen roles de trabajo. No se pelea por el poder. Cada quien sabe lo que Sibú le delegó hacer. Por eso, las mujeres también tenemos derecho de accesar a las oportunidades que han tenido los hombres”, completa.
Cuando el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) —institución estatal a cargo del programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA)— convocó a las mujeres indígenas a participar en los talleres de consulta de la Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones derivadas de Deforestación y Degradación de los bosques (REDD+), ellas no dejaron pasar la oportunidad.
“A las mujeres nos gusta dialogar, no vamos a esos espacios a pelear. Eso es lo que hemos hecho y eso nos ha permitido ganar aliados. Hemos podido presentar nuestras propuestas al gobierno sobre cómo queremos trabajar el PSA”, dice Villanueva. “La tierra es mujer y está en manos de las mujeres. Es un poco irónico que los pagos se le den a los varones si nosotras, las mujeres, somos las encargadas de cuidarla.”
Incentivo para la conservación
La idea del PSA se desprende de la Ley Forestal 7575, promulgada en 1996, que prohibió el cambio de uso del suelo en Costa Rica. Se concibe como un reconocimiento financiero que brinda el Estado a los propietarios de bosques y plantaciones forestales por los servicios ambientales que estos proveen: mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), protección de fuentes de agua, belleza escénica y resguardo de la biodiversidad.
A través de FONAFIFO, se paga un incentivo por conservar el bosque. Con ello, se busca reducir la tasa de deforestación y evitar la tala ilegal, así como promover la recuperación de la cobertura forestal en tierras degradadas. A su vez, se pretende contribuir al desarrollo rural, sumar en las estrategias nacionales de lucha contra la pobreza y cumplir con las metas climáticas. De hecho, el PSA es uno de los principales componentes de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) de Costa Rica.
En reconocimiento a 23 años de resultados, el FONAFIFO recibió el Premio de Naciones Unidas a la Acción Mundial sobre el Clima 2020, en la categoría de “Financiamiento de inversiones respetuosas con el clima”.
Desde su entrada en funcionamiento en 1997, el PSA ha beneficiado a más de 18.000 familias, priorizando a pequeños productores, mujeres rurales y territorios indígenas. En total, ha movilizado más de US$524 millones en contratos orientados a la conservación de más de 1,3 millones de hectáreas.
“El PSA es una fuente de ingresos para pequeños propietarios de bosque y pequeños productores forestales que, a través de este programa, perciben recursos para subsistir. En un año tan doloroso para el país debido a la pandemia Covid-19, el PSA ha sido un motor para la economía rural y es clave para la recuperación económica sostenible de Costa Rica”, declara Andrea Meza, ministra de Ambiente y Energía.
Territorios indígenas, prioridad
Desde la creación del programa, uno de los grandes beneficiarios han sido los territorios indígenas. Según el FONAFIFO, entre 2010 y 2019, se firmaron 159 contratos con estos por un total de US$43 millones.
En Costa Rica, la población indígena asciende a 104.143 personas (2,4% del total). El país cuenta con 24 territorios legalmente constituidos y amparados por la Ley 6172 de 1977, que reconoce su organización comunal y territorial.
En respeto a esta gobernanza, los contratos de PSA se firman con las Asociaciones de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena (ADIRI). Y, a lo interno, estas organizaciones deciden cómo reparten los beneficios económicos derivados del programa.
A partir de 2008, el FONAFIFO empezó a trabajar en el diseño participativo de la estrategia REDD+ y convocó a líderes indígenas, incluidas las mujeres.
Dicha estrategia consta de seis políticas. Una de ellas —la quinta— se enfoca específicamente en los pueblos originarios y prioriza cuatro temas. El primero pretende que exista un PSA Indígena que respete la cosmovisión que este grupo tiene del bosque y, consecuentemente, compartirla con el resto de la población. De hecho, se quiere que esa visión quede contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo Forestal.
¿Co-manejo de tierras?
Otro de los temas consiste en resolver los conflictos derivados de la tenencia de la tierra. Si bien los territorios indígenas están delimitados por ley, la realidad es que hay personas no indígenas viviendo allí, las cuales deben ser expropiadas por el Estado. También hay casos de invasión que han generado enfrentamientos violentos.
Relacionado a lo anterior, aún existen casos de traslape de tierras entre los territorios indígenas y las áreas silvestres protegidas que se crearon posteriormente. En pro de una solución, los pueblos originarios proponen llegar a un acuerdo de co-manejo de esas tierras traslapadas, dado que se comparte un interés común: la conservación del bosque. Para ello, se requiere de una reforma legal, ya que Costa Rica no permite el co-manejo de parques nacionales, refugios de vida silvestre o reservas.
Crédito: Pablo Iglesias para PxP.
El cuarto tema se relaciona con garantizar la participación y el seguimiento, así como su monitoreo. En ese afán, en el seno del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), se creó una comisión para atender asuntos indígenas.
Aparte de participar activamente en este proceso, las mujeres indígenas fueron un paso más allá: abogaron por incluir líneas de acción en materia de género dentro de la quinta política y permear a las otras para que fueran más inclusivas. Lo único que pidieron a cambio fue una oportunidad para demostrar de lo que son capaces.
“Si nos apoyan, nosotras podemos hacer muchas cosas por otras mujeres”, dice Villanueva. “Hay acciones directas de las mujeres en los territorios indígenas. Podemos demostrar experiencia en administración de fondos. Las mujeres, si nos dan crédito, no tenemos tasa de morosidad.”
Cerrar brechas
El trabajo en género tomó un impulso a partir de 2016 cuando, a nivel internacional, se dieron lineamientos más claros en la temática, explica María Elena Herrera, profesional técnico del FONAFIFO.
Como punto de partida, se hizo un análisis de brechas. “¿Qué vimos? Pues que las mujeres son importantes agentes de conservación en este país: donde hay una mayor presencia de mujeres propietarias de la tierra a nivel cantonal, hay más bosque. El análisis también nos reveló que, en las zonas de amortiguamiento de las áreas silvestres protegidas, hay mucha presencia de mujeres”, comenta la funcionaria.
En cuanto a las mujeres indígenas, puntualiza: “Sus áreas productivas están generando un impacto importante en la reducción de emisiones”. En estos espacios, el bosque convive con cultivos que garantizan la seguridad alimentaria de la familia y les brindan una opción de ingreso económico al comercializar los productos. Se tienen, además, plantas medicinales y se protegen las fuentes de agua.
A partir de los datos de los proyectos Ecomercado I y II, ejecutados por el FONAFIFO, se observó también una tendencia creciente en cuanto a número de contratos de PSA a nombre de mujeres. En el período 2010-2019, se contabilizaron 1387. En otras palabras, el 14% del total están en manos femeninas.
Lo otro que notaron es que solo el 15% de las tierras registradas pertenece a mujeres. Pero, la realidad no es tan clara, advierte Herrera.
“A veces nos dábamos cuenta que, con tal de ganar más puntos en la matriz de evaluación (mecanismo que impulsamos con tal de que ingresaran más mujeres al programa), se hacía el traspaso de la tierra, pero cuando llegaba la plata a la cuenta, pues estaba el señor detrás de la señora para quitarle el dinero en el cajero automático”, explica. “Entonces, nos dimos cuenta que establecer requisitos, como que la propiedad esté a nombre de la mujer, no necesariamente funcionan porque no estamos garantizando que el dinero llegue a ella y así pueda distribuir los beneficios con la familia.”
Para las mujeres indígenas, el tema de la propiedad no es problema: la tierra —en el caso de las bribris y cabécares— le pertenece a ellas. “Por línea intergeneracional, hay un resguardo y una garantía de que a la mujer no la van a echar de su propiedad”, puntualiza Herrera.
Sin embargo, aunque ellas poseen la tierra, viven en los cantones con mayor índice de pobreza. Y no tienen acceso a créditos o trabajos remunerados.
Como mujeres indígenas, no tenemos acceso a préstamos o apoyos económicos para gestionar alguna empresa. En el sistema, no aparezco devengando un salario y ya ahí me limita. Aunque yo tenga una finca, porque tengo un derecho de posesión como mujer indígena, no tengo una escritura, entonces no puedo dar eso como garantía a la hora de responder por un crédito. Edith Villanueva Reyes, una de las líderes de ACOMUITA.
Hoja de ruta
El trabajo del FONAFIFO se enfocó en trazar una hoja de ruta con mujeres indígenas y campesinas. Se hicieron talleres y el entusiasmo de las indígenas fue tal que, según Herrera, acordaban una hora específica para, así, planificar la subida al cerro con tal de tener una mejor señal de celular y poder participar en las validaciones. De esta hoja de ruta resultó el plan de acción de género, el cual es transversal a la estrategia REDD+.
A la fecha, el FONAFIFO puso a andar dos proyectos derivados de este plan. Uno de ellos, lanzado en junio de 2020, es potenciado por el programa “+Mujeres +Natura” del MINAE. Este pretende fortalecer la autonomía económica de las mujeres, haciendo frente a las brechas de género al tiempo que se mitigan los impactos económicos provocados por la pandemia Covid-19, todo bajo un enfoque de sostenibilidad.
De esta manera surgió “FONAFIFO a tu lado”, el cual ha logrado colocar US$100.000 en 2020. En su modalidad “FONAFIFO a tu lado-PSA Mujer”, se otorgan 25 puntos adicionales en la matriz de evaluación para optar por un contrato de PSA —en la categoría de protección de bosque— a aquellas fincas en manos de mujeres.
La segunda modalidad, “FONAFIFO a tu lado-Crédito Mujer”, es una línea de crédito de hasta US$8176 con garantía fiduciaria, a un plazo de 10 años para pagar y una tasa fija del 4% anual para fomento productivo, capital de trabajo, infraestructura, equipo y proyectos innovadores relacionados a bosque.
“A pesar de la pandemia, a diciembre de 2020, habíamos colocado 11 créditos que suman US$86.675 en diferentes actividades como ecoturismo, sistemas agroforestales (combinación de cultivos con árboles), viveros y un apiario con una hectárea de árboles de teca. Estamos diversificando las opciones para las mujeres y esto demuestra, una vez más, que las mujeres quieren trabajar. Se trata de darles opciones”, cuenta Herrera.
El otro proyecto, anunciado en octubre de 2020, consiste en un galardón para reconocer los logros en pro de la igualdad de género realizados desde unidades productivas que están bajo esquemas de PSA. Los participantes realizan un análisis de brechas y proponen acciones para irlas cerrando. A partir de la ejecución y resultados, se les premia anualmente. Se contemplan temas como seguridad social, participación de mujeres en la toma de decisiones y otros relativos a materia de género dentro del enfoque agroambiental.
La primera premiación está prevista en 2021. El reconocimiento público de estas organizaciones y fincas también busca que los consumidores conozcan las condiciones detrás del producto que están adquiriendo.
Así, según Herrera, se pretende crear encadenamientos virtuosos: las mujeres pueden ofrecer sus productos a restaurantes y hoteles cercanos, a la vez que estos puedan utilizar el galardón como un incentivo a la hora de mercadearse.
Las mujeres de Sibú
Si bien las mujeres indígenas se benefician de las acciones generales, ellas propusieron un proyecto piloto para demostrar que sus fincas ancestrales pueden ser un modelo que contribuya a la reducción de emisiones de GEI.
El objetivo es identificar los servicios ambientales que pueden ofrecer estos espacios productivos, con el fin de que la información sirva para construir un PSA Mujer. Para ello, la idea es iniciar con la recolección de datos científicos en 50 fincas: 25 gestionadas por bribris y 25 por cabécares. Además, el piloto servirá para identificar otras cuestiones relativas a gobernanza, temas legales y administrativos.
Con ellas no hay problema con respecto a quien es el dueño de la tierra, pero sí un trabajo por hacer a nivel de comunidad, porque las tierras están en un único plano catrastado y es la asociación quien las administra. Ahí hay un trabajo a lo interno para que ellas puedan recibir un pago a través del gobierno indígena local o ver si existe la posibilidad de que el FONAFIFO les pague directamente al amparo de un permiso legal. Esas son cosas que hay que analizar. María Elena Herrera, profesional técnico del FONAFIFO.
Si bien el proyecto piloto ya está diseñado, y visualiza que sean las mismas mujeres quienes recolecten los datos con el fin de empoderarlas y fortalecer sus capacidades técnicas, aún se busca el financiamiento.
Otra de las metas del plan de acción es que se contrate a más mujeres indígenas como guardarecursos. Dice Herrera: “Ellas quieren que se les involucre, porque, hasta el momento, ha sido más la contratación de hombres que de mujeres. De esta forma, se les da la oportunidad de tener un trabajo a la vez que se capacitan en el uso de tecnología y conocimiento para monitoreo de los bosques”.
Educar desde el bosque
También quieren compartir su conocimiento con otras personas tanto dentro como fuera de los territorios indígenas. Su meta es diseñar un programa de capacitación que involucre a las personas, desde jóvenes hasta adultos, y sirva para impulsar un diálogo cultural sobre la cosmovisión del bosque.
De hecho, se identificó una oportunidad mediante las escuelas de campo. Esta es una metodología de aprendizaje en territorios rurales, donde las personas adquieren conocimiento en forma práctica tanto de técnicos como de sus pares. Las mujeres indígenas mostraron interés en transmitir su conocimiento a mujeres rurales en cuanto al manejo de la tierra y su cosmovisión, siendo las escuelas de campo una opción que, además, involucra a múltiples instituciones, por lo que se optimizan los recursos y se potencia el alcance.
Para Herrera, el diálogo de mujeres indígenas y rurales llamó la atención en relación a mejorar la comunicación entre las instituciones para así optimizar la ayuda, ya que ese engranaje institucional permitirá sumar esfuerzos para solventar otras necesidades, como proyectos en pro del acceso a la energía y tecnología, y capacitaciones en liderazgo, contabilidad y finanzas, entre otras.
“La clave está en cómo vamos enlazándolas con las instancias adecuadas para que puedan ir creando capacidades, no solo ambientales sino de otra índole, para que puedan trabajar en sus propias iniciativas”, dice Herrera.
“Las cabécares, por ejemplo, nos decían: ¿por qué siempre se piensa que somos las mujeres las únicas que debemos recibir capacitaciones de género? A nosotras nos gustaría que existiera una capacitación para los hombres en temas de masculinidad, porque las agredidas casi siempre somos nosotras. Fue entonces cuando nos pidieron ayuda para buscar instituciones para brindar esas capacitaciones”, añade.
Otra línea de acción se orienta a visibilizarlas en puestos de decisión. Si bien algunas ocupan puestos en juntas directivas, estos suelen ser en las secretarias o vocalías. “Si uno ve la tendencia en la elección de juntas directivas, ellas siempre son seleccionadas como secretarias, fiscales o vocales, no en puestos de poder como la presidencia, aunque sí hay vicepresidentas y una que otra en tesorería. Ellas quieren que se identifiquen los grupos y organizaciones de mujeres para así dimensionar la participación de la mujer en los territorios indígenas y se visibilicen sus voces, para que queden plasmadas en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo Forestal”, detalla Herrera.
Avanzan los fondos
La consecución de los fondos para implementar el plan de acción de género también ha avanzado. En diciembre de 2020, el MINAE anunció que Costa Rica recibirá US$60 millones no reembolsables del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés), representado por el Banco Mundial, en reconocimiento a los esfuerzos realizados en reducción de emisiones de carbono derivadas de la deforestación y degradación de los bosques, así como por el aumento de las reservas de carbono y las acciones institucionales para atender las principales amenazas a los ecosistemas, como incendios forestales y tala ilegal.
Parte de ese dinero, detalla Herrera, irá al Fondo Inclusivo de Desarrollo Sostenible. Así, el FONAFIFO contaría con un capital semilla de US$1,2 millones para desarrollar acciones contempladas en el plan de género. “La idea es desarrollar el PSA Mujer”, dice.
Asimismo, en noviembre de 2020, el Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés) aprobó US$54,1 millones en fondos no reembolsables que dará a Costa Rica bajo la modalidad de Pago por Resultados, por haber reducido las emisiones de GEI asociadas a deforestación en el período 2014-2015.
Con el apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Secretaría REDD+, el país presentó una propuesta para que se reconocieran 14,7 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono (CO2) capturadas por sus bosques en esos dos años.
Parte del dinero será destinado a fortalecer el programa de PSA, principalmente en lo referente a cerrar brechas para mujeres y territorios indígenas. Específicamente, se destinarán $32,5 millones a financiar el PSA dirigido a pequeños y medianos productores, incluyendo mujeres rurales y jóvenes. Asimismo, unos $8 millones se otorgarán al PSA indígena para así beneficiar a cerca de 33.000 personas. Sin embargo, aún no es suficiente.
Financiamiento no suficiente
La pandemia dio un fuerte golpe a las finanzas del FONAFIFO, a lo que se suman los recortes presupuestarios. La mayor parte del dinero deviene de los recursos generados por el impuesto único a los combustibles fósiles, el cual establece un cobro de 3,5% al consumo de gasolina y diésel.
En el primer semestre de 2020, dada la baja en el consumo de combustibles fósiles, el monto que se dejó de percibir fue 2000 millones de colones costarricenses. Si bien el FONAFIFO reajustó sus números para solventar esa baja en los ingresos y recurrió a sus reservas para seguir pagando los contratos vigentes, dada la situación, no se podrá sumar la misma cantidad de nuevas hectáreas —la tendencia venía siendo 40.000 al año— a los esquemas de conservación forestal, es decir, los nuevos contratos están en jaque.
Otra fuente de ingresos se deriva del 25% de los ingresos obtenidos por el cobro del canon de agua. Este instrumento, creado en 2006 por el Decreto 32868-MINAE, permite al Estado recibir un monto por parte de los concesionarios del recurso hídrico a razón de su uso.
Una tercera fuente proviene de la venta de Unidades Costarricenses de Compensación (UCC) en el marco del mercado doméstico de carbono. La Dirección de Cambio Climático (DCC), dependencia del MINAE, creó el Programa País Carbono Neutralidad como un mecanismo voluntario de descarbonización para organizaciones, territorios (cantones y distritos) y productos.
De esta forma, las organizaciones interesadas en obtener el sello “C-Neutral” emprenden un proceso de inventario de GEI y, en base a este, establecen un plan de reducción. Dentro del componente de compensación, estas entidades pueden optar por la compra de UCC y ese dinero se destina al PSA.
Según cálculos de ambas instituciones, tomando como referencia los datos de visitación del 2018 y asumiendo que solamente el 10% de las emisiones fueran compensadas, se lograría una captación anual de US$3,57 millones. Ese dinero permitiría financiar contratos de PSA para conservar 14.000 hectáreas de bosque.
Cuidar a Irìria
La búsqueda de fondos frescos continúa, afirma Jorge Mario Rodríguez, director del FONAFIFO. Para ello, se innova en mecanismos que puedan captar la atención de la cooperación internacional y el sector privado.
La idea es conseguir dinero suficiente para invertir en mujeres e indígenas. En ambos casos, se estará invirtiendo en las mujeres de Sibú, en cuyas manos yace la salud de la niña-tierra.
Sin Irìria no existimos.
Michelle Soto. Periodista costarricense de ciencia y medioambiente. Editora de Ojo al Clima. Corresponsal de Mongabay Latam.
Fuentes: Periodistas x el planeta https://www.periodistasporelplaneta.com/blog/mujeres-indigenas-conservacion-de-bosques-en-costa-rica/
