Ecuador: Nueve niñas de Orellana y Sucumbíos vencen a la industria petrolera
Por Luis Xavier Solis T.
El Informe “Mecheros en Ecuador” publicado en enero de 2020 por el colectivo “Eliminen los mecheros que encendemos la Vida”, fue clave en el proceso judicial, el informe señala que 447 torres combustionan gas, encontrándose 210 mecheros en la Provincia de Sucumbíos, 232 en la Provincia de Orellana, 2 en la provincia de Napo y 3 en la provincia de Pastaza.
A pesar de la protección que tiene la Reserva de la Biosfera Yasuní por su biodiversidad y ser el hogar de los pueblos en aislamiento voluntario, ahí se ubican 73 lugares con mecheros. En particular, se encontraron 4 sitios en el área núcleo, 3 en la zona de amortiguamiento y 66 en el área de transición.
Otro de los datos desconcertantes que da el informe es que el sector que más riesgo corre de desarrollar cáncer son los niños y niñas desde el nacimiento hasta los seis años de vida, debido a que pasan más tiempo en el suelo, se llevan cosas a la boca y, en definitiva, están más en contacto con el polvo lleno de contaminantes.
Las niñas Leonela, Daniela, Jhamilet, Skarlett, Dannya, Denisse, Evelin, Kerly, Jeyner presentaron la demanda el 18 de febrero de 2020 en la provincia de Sucumbios donde viven la mayoría, lo hicieron con el auspicio de varios abogados y abogadas ambientalistas de Ecuador. En primera instancia el Juzgado de Sucumbios negó la Acción de Protección argumentando que no hay violación de derechos constitucionales, y que el acto administrativo puede ser impugnado por otra vía distinta a la constitucional, sin embargo, el trasfondo de la decisión estuvo mediada por una amenaza a la jueza de primera instancia, realizada por uno de los abogados del Estado, responsabilizándola de que si condede la demanda, estaría boicoteando la insdustria petrolera.
Las tasas de incidencia de cáncer encontradas en las zonas donde se ubican los mecheros es alarmante, 534,9 por cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional es de 157,2 casos por 100.000 habitantes, según la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC), perteneciente a la Organización Mundial de la Salud (OMS). En los campos abiertos por la Texaco en Ecuador, esta cifra asciende a 560,5/100.000 habitantes.
El 26 de mayo de 2020, las nueve niñas presentan un recurso de apelación ante la Corte Provincial de Sucumbíos, teniendo que pasar mas de un año para que los jueces dicten sentencia y algo de justicia se encuentre para las familias de las niñas, muchas de las cuales padecen ćancer y otras han fallecido.
La sentencia dice que el Estado ecuatoriano ha desconocido el derecho que les asiste a las niñas, a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; desatendiendo con la actividad contaminante, su derecho a la salud al no promover el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías no contaminantes y de bajo impacto, y como reparación dispone que el Estado debe eliminar los mecheros, los cercanos a centros poblados en 18 meses, pero los más alejados hasta el 2030; que se otorgue permiso para la quema de gas en lugares apartados de centros poblados cuando haya nueva tecnología que reduzca la contaminación; que el Ministerio del Ambiente, realice un plan de monitoreo anual y para la verificación del restablecimiento de los ambientes naturales de los alrededores en donde se encuentran actualmente realizando la quema de gases a través de los denominados mecheros, medida que se realizará de forma permanente, con el fin de tomar acciones precautelatorias a favor de la Naturaleza; que el Ministerio del Ambiente a través de una coordinación con otras instituciones públicas y empresas privadas, evalúen la calidad e idoneidad de los recursos hídricos de los cuales se aprovecha la población, y realice un estudio técnico para la implementación de un sistema de abastecimiento de agua apta para el consumo humano en favor de los habitantes de los asentamientos aledaños a los mecheros o antorchas y que actualmente no poseen agua potable; que el Ministerio de Salud con otras instituciones públicas y privadas en un plazo de seis mese efectúe una investigación y estudio médico científico que permita establecer el grado de afectación de la actividad Hidrocarburífera en la población aledaña y próxima a donde ésta actividad se realiza, y de establecerse en este estudio un número significativo de afectados que estadísticamente lo justifique, se creará o implementará una Unidad Clínica Oncológica que permita diagnosticar y tratar enfermedades oncológicas; por lo que se procederá a su creación; que el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, procederá en acto público a brindar disculpas públicas a las accionantes y por su intermedio a la población de la Amazonía y al país, por la falta de decisiones de dicha entidad ante la deficiente implementación de los acuerdos a los que ha llegado el Estado Ecuatoriano en materia ambiental, relacionado con la quema de gas producto de la actividad hidrocarburífera.
Esta era una sentencia esperada, en la búsqueda de justicia diaria de los pobladores amazónicos afectados por las actividades hidrocarburíferas, pero que aún deja un sinsabor por la permanencia de algunos mecheros hasta el 2030. Las niñas han cumplido su deber, ahora le toca al Estado cumplir sus obligaciones y reparar en algo las injusticias que los pobladores han vivido en estos cerca de 60 años de explotación petrolera.
Luis Xavier Solis T. es activista, abogado en derechos humanos y de la naturaleza.
Fuentes: Rebelión - Foto: Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco.
