España: en defensa de “los ecologistas”
La sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sobre la demolición total del ilegal proyecto urbanístico de Valdecañas conocida esta semana, ha desatado toda una serie de reacciones políticas, empresariales y sociales que merecen ser analizadas y puntualizadas con calma, más allá del pataleo e indignación ante el revés judicial.
Fernando Llorente Arrebola
Francis Reina Corbacho
Manuel Nogueras
En primer lugar, habría que pedir a los representantes políticos que, si no pueden dar ejemplo de ética democrática al acatar y respetar sinceramente las decisiones de los órganos judiciales, al menos deberían disimular un poco sus tics autoritarios, pues no parece de recibo que el propio presidente de la Junta de Extremadura declare que “acata las decisiones judiciales” con la dichosa coletilla “cómo no podía ser de otra manera”, para a continuación arremeter contra el contenido de la sentencia, contra la legislación ambiental y anunciar un recurso al Tribunal Constitucional sin ni siquiera haber recibido y leído la sentencia. Lo mismo se puede decir del principal partido de la oposición.
Habría que recordarles a los dos partidos que maniobraron y legislaron ad hoc para favorecer los intereses privados de los promotores inmobiliarios de Marina Isla de Valdecañas que la sentencia la han dictado los jueces del más alto tribunal y no “los ecologistas”. Que la “independencia del Poder Judicial” español esté en entredicho y preocupe incluso en la Unión Europea no es porque “los ecologistas” manejen los nombramientos del Consejo General Poder Judicial y otros órganos de gobierno de la judicatura, sino por los tejemanejes de los partidos políticos, especialmente del PSOE y del PP, y sus intentos de controlar y manipular el Poder Judicial. De hecho, se puede asegurar que, en general, hay una manifiesta falta de sensibilidad ambiental en todo los estamentos de la Justicia española, una falta de comprensión de la importancia de la protección de la naturaleza como bien común que, junto a la ineficiente labor legislativa de nuestros políticos, provoca que España esté a la cabeza en Europa en desprotección ambiental e impunidad de los delitos ambientales.
Es lamentable que empresarios, sindicatos, cámaras de comercio, medios de comunicación y políticos, encabezados por el propio presidente Fernández Vara y por Monago aprovechen este revés judicial para lanzar una campaña contra las figuras legales de protección ambiental del territorio. Es legítimo que estén a favor de la desregulación ultraliberal y de anteponer el enriquecimiento de unas minorías al bien común, que sean promotores de la rapiña y la destrucción ambiental que practican y promueven desde hace décadas desde los ayuntamientos, las mancomunidades, diputaciones y desde la propia Junta, pero lo que no se puede consentir es que usen argumentos falaces, que mientan, manipulen y engañen a la opinión pública. Extremadura no tiene un exceso de protección ambiental: un 34% de su territorio está sujeto a alguna figura de protección, y ese porcentaje está en la media nacional. Comunidades más ricas y menos despobladas como Madrid y Valencia tienen más territorio protegido, 41% y 39% respectivamente. Además, en ese 34% del territorio protegido extremeño se recogen todas las figuras de protección, algunas muy laxas como las de la Red Natura 2000. Protección que, por desgracia, demasiadas veces se queda solo sobre el papel y que se viola en la práctica con flagrante impunidad, violaciones que solo se corrigen y castigan en algunos casos, cuando la sociedad civil se moviliza e interviene exigiendo a los poderes públicos el cumplimiento de las leyes que ellos mismos se han dado. Habría que recordar también, que todas las leyes de protección ambiental y territorial vigentes han sido aprobadas por los partidos políticos representados en la Junta, entre los que hasta ahora nunca ha habido un solo diputado o diputada “ecologista”.
Tampoco es verdad que la protección ambiental del territorio sea, automáticamente, un freno económico y favorezca la despoblación: entre 1994 y 2019 los municipios españoles de las áreas protegidas con la figura de Parque Nacional tuvieron un crecimiento demográfico del 22,83%, cuando la media de todo el país fue de sólo el 16,91%. Esta diferencia positiva es más importante todavía si tenemos en cuenta que los Parques Nacionales están en las zonas más desfavorecidas y despobladas de este país. El mismo proceso de dinamización económica y demográfica lo provocan los Parques Naturales, Reservas de la Biosfera y otras figuras de protección de los espacios naturales.
Declaraciones como las de Monago cuestionando la sentencia, en un claro llamado al desacato al Poder Judicial ―“no es justo demoler un proyecto que crea empleo y fija población al territorio”― o rozando la sandez populista ―“no puede ser que se queden los animales y tengan que emigrar las personas”― son merecedoras de recibir un castigo en las urnas que tarde o temprano llegará, pero que Fernández Vara afirme que “tenemos el enorme reto de luchar contra la despoblación en territorios que se están despoblando como consecuencia del exceso de protección ambiental” es una auténtica infamia.
Que Extremadura esté a la cabeza del paro y la exclusión social y el envejecimiento no es por culpa de “los ecologistas” y de unas leyes de protección ambiental que se aplican desde hace sólo unos pocos años y de modo absolutamente laxo y precario. La despoblación, la desigualdad y la pobreza extremeñas son estricta responsabilidad del partido que gobierna la Junta desde hace 40 años, son consecuencia de cómo se ha gestionado y malgastado el enorme monto de ayudas europeas procedentes de los fondos estructurales, consecuencia también del clientelismo y el caciquismo que se han convertido en esta región en la “cultura política” que impera desde los ayuntamientos a la propia Junta, consecuencia de la herencia de dependencia económica y del desigual reparto de la tierra que hacen de Extremadura una colonia intrametropolitana, que además tiene que sufrir el (mal) gobierno de unas élites parasitarias y rentistas que usan las instituciones públicas para su propio mantenimiento y lucro.
Este aluvión de declaraciones airadas y de victimismo sirven para constatar lo que desde sectores del movimiento ecologista se venía denunciando: que los discursos que se han puesto de moda sobre la despoblación y el “vaciamiento” de España se están instrumentalizando para justificar nuevas agresiones a los recursos naturales y otra vuelta de tuerca a la depredación ambiental y al desarrollismo más salvaje, creando de paso un nuevo nicho de negocio para unos cuantos oportunistas. “Luchar contra la despoblación” se ha convertido en un nuevo mantra que sirve para justificar todo tipo de negocios privados, y sirve también como coartada y cortina de humo para facilitadores de la especulación urbanística y el desarrollo de proyectos e infraestructuras de altísimo impacto, mientras se sigue orillando la principal causa del despoblamiento rural: la ruina económica del sector primario, de la que “los ecologistas” tienen infinitamente menos culpa que nuestros políticos, las leyes de libre comercio, las grandes cadenas de comercialización y las multinacionales del agrobusiness.
Por último, hay que denunciar la campaña de señalamiento y demonización de “los ecologistas” que, si bien no es nueva, a raíz de este auto que les da la razón se ha exacerbado, señalando al movimiento ambientalista como responsable de todos los males habidos y por haber en esta región. Habrá, pues, que recordar en ese sentido que las organizaciones ecologistas son entidades sin ánimo de lucro que no defienden intereses particulares sino lo que legítimamente consideran el interés general, al contrario de lo que hacen los abogados de los propietarios de Valdecañas y los políticos que legislaron en fraude de ley para beneficiar a unos promotores inmobiliarios y a unos propietarios de la élite oligárquica. Las organizaciones ecologistas que se han embarcado en un pleito judicial de 14 años han sufrido todo tipo de presiones e incluso ataques personales por llevar a la práctica unos principios recogidos en la Constitución como son el de participación pública y el de velar por los intereses colectivos.
Las organizaciones ecologistas atienden al bien común, luchan por los derechos de las personas a disfrutar de un medio ambiente sano y, para ello, por supuesto que también luchan por los derechos de las otras especies y por los derechos de las generaciones venideras. Y lo hacen, además, pagando de su bolsillo los gastos judiciales y no pasando la factura de los desmanes jurídicos al presupuesto público como hacen Vara y Monago. A la lucha ecologista tenemos que agradecer no tener otros dos reactores atómicos en Valdecaballeros, o que no haya torres de alta tensión atravesando el Parque Nacional de Monfragüe, o que el delirante proyecto de instalar una refinería de petróleo en Tierra de Barros quedara en eso: en delirio de los amiguetes de Ibarra, Vara, etc. Es verdad que el ecologismo extremeño también ha tenido que encajar derrotas; de hecho ha tenido mucha más derrotas que victorias, pero las ha encajado con bastante más elegancia y cultura democráticas que la que están demostrando nuestros representantes políticos profesionales. “Los ecologistas” ―en puridad, los ecologistas y las ecologistas, y en este caso más si cabe ha de hacerse justa mención de estas últimas― merecen todo el respeto, pese a ser minoría. Porque respetar dichas minorías y respetar las decisiones judiciales es cuestión de mera democracia, una asignatura que parece pendiente en esta región.
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/especulacion-urbanistica/marina-isla-de-valdecanas-defensa-ecologistas
