Argentina: “Un plan para garantizar el arraigo, la alimentación saludable y el cuidado de los bienes naturales”
Por Diego Montón*
La reciente cesión gratuita de 12.351 hectáreas a una empresa del campo “Potreros de Cordillera” (propiedad del Estado) entra en contradicción con diversas leyes nacionales y provinciales, entre ellas: Ley Nacional de Glaciares (26.639), Ley de Emergencia Territorial Indígena (26.160), las normativas que regulan las áreas y zonas de frontera, y la Ley Provincial de Promoción y Arraigo de Puesteros (6086). Ademas de jurisprudencia internacional como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Campesinos y el Convenio 169 de la OIT. La necesidad de debatir sobre las tierras de Mendoza.
Escasez de agua y regalo de tierras públicas
Mendoza atraviesa una crisis económica y social profunda, los niveles de desocupación y pobreza superan a los nacionales y de las provincias vecinas, y el endeudamiento en dólares condiciona el presente y futuro. La provincia se enclava en una zona árida donde el agua es un recurso limitante y escaso, situación agravada por la crisis climática provocada por el calentamiento global, consecuencia de esto el ordenamiento territorial y ambiental es fundamental para poder establecer un proceso de desarrollo sustentable con inclusión social.
La entrega gratuita de 12.351 hectáreas se formalizó a través del Decreto 2138/2021, firmado por el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, y el ministro de Gobierno, Victor Ibáñez, el 23 de diciembre de 2021. La empresa beneficiada, El Azufre S.A., fue creada hace cuatro años y tiene un capital accionario de solo 100.000 pesos. En sus objetivos estatutarios incluye negocios inmobiliarios y quienes la integran son Daniel Alejandro Nofal, Alejandro David Spinello y José Ignacio Beccar Varela. Nofal tiene una trayectoria corporativa relacionada al marketing y la comunicación con empresas vinculados al Grupo Clarín y los Beccar Varela, entre otras actividades, poseen un estudio jurídico y un negocio inmobiliario dedicado a transacciones de grandes propiedades.
La manera poco transparente y contradictoria con la que salió a la luz la cesión de tierras fiscales en Malargüe encontró muchos reclamos y llamados de atención. Como la información oficial es escasa, mucho de lo que sabemos es por trascendidos en los medios y las declaraciones de los propios funcionarios y empresarios. Que es importante aclarar se contradicen o modifican según el medio y la ocasión de la entrevista.
El argumento de los empresarios es que van a invertir mas de 80 millones de dólares en un centro de esquí que va a incluir una ciudad de alta montaña, un millón de arboles ( pinos según una de las entrevistas) y que será auto sustentable enérgicamente.
Según informan Federico Soria y Eduardo Sosa, la zona cedida es la de mayor reserva hídrica del sur de la provincia y se están regalando, junto con las tierras de Mendoza, humedales alto-andinos, nacientes de ríos, arroyos y vertientes termales, ademas de glaciares de los cuales se contabilizan 416 en la sub-cuenca donde se ubica el proyecto.
Cabe destacar que las tierras son del estado nacional y fueron cedidas en custodia al estado provincial por actos administrativos en 1961 y1993 con cargos a su uso y que plantean centralmente en sus prioridades a los pobladores locales, su regularización dominial y mejor calidad de vida.
En una entrevista concedida al programa “Muchas gracias” de radio Libertador de Mendoza el ministro de Economía, Enrique Vaqué, dio declaraciones que aumentan la incertidumbre. Para él, quien debe definir finalmente es el Estado Nacional, mientras que el gobierno de Mendoza ya avaló la entrega de la tierra para el proyecto, y relativizó la superficie: “Pueden ser 12.000 o pueden ser 50.000 hectáreas” expresó. Y dijo que depende del masterplan y el estudio de impacto ambiental que aun no se realizaron. Es decir, según el Ministro las tierras regaladas a la empresa podrían ser aun más del doble de lo que se conoció.
Tierras de Mendoza, campesinos y comunidades indígenas
Verificando los puestos de veranada que aparecen en el Registro Único de Puesteros del estado provincial, alrededor de catorce puestos campesinos están afectados al área de Potreros de Cordillera. La veranada es una de las etapas del ciclo de trashumancia con el que se crían los chivitos del sur de Mendoza, producción que se destaca por ser mayoritariamente campesina y porque Mendoza ocupa el segundo lugar nacional con más de 800 mil cabezas caprinas. En el verano los crianceros arrean a los piños (majadas) hasta los potreros cordilleranos y luego, en el inicio del otoño, retornan a los campos de invernada donde se encuentran sus casas en la precordillera o el llano. En los registros de la Provincia se contabilizan cerca de 3600 familias campesinas dedicadas a la cría de cabras, aunque según las estimaciones de la Union de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) la cifra llega a las 5000 familias.
La empresa dice haber “arreglado” con dos familias. Sin embargo, también ahí los trascendidos son contradictorios: por un lado se habla de compra de derechos y por otro de “acuerdos”.
El abuso de la buena fe y palabra de los campesinos es moneda corriente en la historia de Mendoza. Un ejemplo es la situación en el campo de las Leñas (de más de 100 mil hectáreas) que a pesar de que estaba nominalmente inscripto en títulos privados, sus poseedores históricos fueron “puesteros” campesinos y mapuches. Sin embargo, la empresa Las Leñas (de capitales foráneos) adquirió ese titulo y hoy sus originarios poseedores deben pagar “derechos de pastoreo” que van desde el 30 al 50 por ciento de los chivitos anuales. Mas de 100 familias campesinas se encuentran en ese campo en zonas de invernada y veranada.
Por otro lado, la organización territorial mapuche Malalweche denuncia que en el territorio cedido al proyecto Azufre se afecta parte del territorio comunitario relevado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), correspondiente a la comunidad mapuche Lof Butamallin.
El campo Potrero de Cordillera, como su nombre lo indica, ha sido utilizado como potrero por generaciones enteras de familias campesinas e indígenas. Es además zona de frontera, ya que una gran extensión del mismo limita con chile.
Un Gobierno aliado de empresas y lejano a los campesinos
El Decreto del Gobernador menciona entre sus justificaciones que la empresa ha realizado inversiones importantes en el lugar. Desde los trascendidos se informa de alcantarillas y de desvío de arroyos. La pregunta es cómo se realizaron esas obras e inversiones sin aprobación de las instituciones correspondientes, en este caso del Departamento General de Irrigación, y sin estudio de impacto ambiental. ¿Es que el Estado mendocino no controla esas áreas estratégicas? ¿Cualquiera puede ir a Mendoza y realizar inversiones en tierras de frontera con áreas de glaciares, periglaciares, vegas y arroyos sin ninguna autorización ni control del Estado?
El senador provincial Lucas Ilardo denunció entre otras irregularidades el proceso viciado de la mensura que se incorpora en el Decreto. La misma no se tramitó, según la normativa, y sin ser publicado en su momento en el Boletín Oficial, fue parte de un trámite “express” y firmada directamente por el ex ministro de hacienda de Suárez y actual diputado nacional de Cambiemos, Lisandro Nieri.
Mientras en menos de un año la empresa El Azufre logra esta adquisición, la UST acumula seis expedientes que involucran a más de cien familias campesinas desde hace mas de diez años de idas y vueltas en las reparticiones públicas sin que aun se puedan concretar en la regularización dominial de la tierra de Mendoza en la que viven y producen desde hace generaciones.
El deterioro institucional de los organismos de ordenamiento y planificación territorial y ambiental de la provincia ha sido evidente los últimos años. Y ese es el contexto en el que se fueron denunciando situaciones poco transparentes y prácticas neoliberales de intentos de privatización de tierras fiscales y bienes naturales.
Avances, demoras y retrocesos de las políticas públicas
En 1993 se sancionó en la provincia la Ley 6086, conocida como Ley de Arraigo de Puesteros. La misma pone en el centro de la política pública de las zonas de secano a las familias campesinas y sus objetivos son fortalecer el arraigo, regularizando el acceso a la propiedad registral de la tierra de Mendoza, fomentando el asociativismo, promoviendo el desarrollo productivo y comercial, y mejorando la calidad de vida en cuanto al acceso a la vivienda, salud y educación de calidad en el campo. Esta Ley crea el Registro Único de Puesteros, la Dirección de Arraigo y el Consejo Provincial de Arraigo, todos instrumentos para esos objetivos.
Si bien al pasar los años el proceso se fue debilitando, tuvo impacto en varios departamentos. Posteriormente, frente a las consecuencias neoliberales en el desarrollo de la provincia, durante el gobierno de Celso Jaque (2007-2011), se retomó la iniciativa de planificar el territorio. Así, en 2009, se aprobó la Ley 8051 de “Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo”. Se inicia el proceso de conformación del Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial y se impulsa la creación de la Agencia de Ordenamiento Territorial, organismos descentralizados y participativos que tienen el objetivo de fortalecer las herramientas del Estado para la planificación del uso del suelo y el ordenamiento territorial en base a un plan estratégico de desarrollo.
Estos procesos ponderan la Ley de Arraigo y se amplia la mirada incluso a la agricultura familiar en zonas irrigadas, así como el avance de la urbanización sobre tierras irrigadas y los avances sobre el pedemonte mendocino. También la Doadu (Dirección de Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Urbano) avanzó en acciones de regularización en el marco de la Ley de Arraigo y la de Colonización.
En el 2014, durante el gobierno de Francisco Pérez, se crea el Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales, jerarquizando estas políticas y se continúa con las designaciones para el funcionamiento de la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial.
Desmantelar el Estado para favorecer a los privados
Si embargo, a la llegada de Alfredo Cornejo se produce un gran retroceso. Asociado al desmantelamiento que promovió el macrismo a nivel nacional, se desarticuló el Ministerio de Tierras y con él sus políticas. Ambiente pasó a ser una Secretaría y la Agencia de Ordenamiento Territorial (organismo encargado de coordinar la elaboración, implementación, seguimiento y revisión permanente de todos los instrumentos del ordenamiento territorial) se redujo a una repartición de esa Secretaria, sin designar sus autoridades. Las áreas de Arraigo, Tierras Fiscales y Colonización se transformaron en meros escritorios con trabajadores sin herramientas para desempeñar sus funciones y se eliminó la Dirección Provincial de Agricultura Familiar.
En ese contexto, entre 2017 y 2018, el gobierno nacional y el provincial intentaron privatizar 4000 hectáreas del Campo de los Andes, propiedad del estado nacional, también en la Cordillera. La reacción popular, y diferentes presentaciones jurídicas, impidieron que se concrete.
En la misma idea de debilitar los controles en cuanto a la dinámica de las inversiones, apenas asumido, Rodolfo Suárez intentó derogar la Ley 7722, que regula la actividad minera en la provincia. Nuevamente la reacción popular frustró el intentó “desregulador”.
El escándalo de la entrega de las 12.000 hectáreas permitió que los medios vuelvan a hablar de los puesteros (campesinos) y la vergonzosa diferencia de tiempos entre un expediente de arraigo y el tratamiento “express” del proyecto de la empresa Azufre. Frente a los reclamos, el Gobierno reaccionó anunciando la creación de la “Unidad de Gestión y Administración de Tierras Fiscales” (Ugatif) para “la gestión y administración de los procedimientos relacionados a tierras fiscales, planes de colonización y arraigo”. Nombró como responsable a Nadia Rapali. Resta saber si es una simple reacción coyuntural para encubrir las falencias y contradicciones del proyecto Azufre o realmente se retomará la agenda para regularizar las tierras de puesteros y pueblos originarios. El nombramiento de Rapali (que estuvo a cargo de la desmantelada Agencia de Ordenamiento y que no gestionó nada para los campesinos) no alienta muchas esperanzas de cambio.
Por su parte, el gobierno nacional reaccionó el 21 de febrero: la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) presentó una nota al gobernador de Mendoza donde lo intimó a dejar sin efecto el Decreto 2138/21 que beneficia a la empresa El Azufre. La AABE denuncia la Provincia incumplió con los convenios de manejo de tierras acordados con Nación (que tenían como fin el desarrollo de esa zona de frontera).
Distribución de la riqueza, alimentos sanos y cuidado de los bienes naturales
Bajo el mito de una “lluvia de inversiones” salvadora que solo llegaría cuando el Estado se retire completamente, el gobierno radical queda enredado en acciones poco transparentes y de dudas respecto a posibles negocios dominando los dos lados del mostrador, y eso pone al pueblo mendocino nuevamente en alerta y movilización.
Mendoza necesita más que nunca inversiones, pero las mismas deben estar en el marco de un plan estratégico de desarrollo, que no solo siente las bases para el crecimiento económico sino que también garantice la distribución de la riqueza, el derecho al hábitat y el arraigo, la alimentación saludable y el cuidado de los bienes naturales; especialmente el recurso hídrico, que es el más escaso de la provincia, y esto debe ser bajo estricto control y vigilancia del Estado y la sociedad.
Difícil salir de la crisis y el atraso que atraviesa Mendoza con promesas neo liberales que ya sabemos como terminan.
*Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza - MNCI Somos Tierra
Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/un-plan-para-garantizar-el-arraigo-la-alimentacion-saludable-y-el-cuidado-de-los-bienes-naturales/ - Imagen de portada: Foto: Subcoop
