Brasil investiga el “genocidio” yanomami durante la gestión de Bolsonaro
Cecilia Valdez
Además de la devastación del territorio y la contaminación de sus ríos con mercurio (usado para separar el oro de los sedimentos), los indígenas denuncian asesinatos, abusos sexuales contra mujeres y niños, y prostitución de indígenas en los campamentos de garimpeiros, además del abandono y la falta de asistencia por parte del Estado. Toda esta situación ha propiciado una investigación sobre Bolsonaro, y varios de sus funcionarios de gobierno, por el delito de “genocidio”.
En el discurso de la victoria, el pasado 30 de octubre, Lula afirmó: “Brasil está listo para retomar su protagonismo en la lucha contra la crisis climática, protegiendo todos nuestros biomas, sobre todo la selva amazónica. […] Vamos a luchar para conseguir la deforestación cero en la Amazonia. Brasil y el planeta necesitan una Amazonía viva. Un árbol en pie vale más que toneladas de madera extraídas ilegalmente por quienes piensan solo en el beneficio fácil, al costo de deteriorar la vida en la Tierra. Un río de aguas límpidas vale mucho más que todo el oro extraído a costa del mercurio que mata la fauna y pone en riesgo la vida humana. Cuando un niño indígena muere asesinado por la codicia de los depredadores del medio ambiente, una parte de la humanidad muere con él. Por eso, vamos a reanudar el monitoreo y la vigilancia de la Amazonia y combatir toda y cualquier actividad ilegal, ya sea la extracción ilegal de oro, la minería, la extracción de madera o la ocupación agropecuaria indebida. […] Estamos comprometidos con los pueblos indígenas, con los demás pueblos de la selva y con la biodiversidad. Queremos la pacificación ambiental”.
Los integrantes de las comunidades indígenas, muchos de los cuales votaron a Lula, tomaron nota y esperan soluciones. Aunque cargan sobre sus espaldas grandes decepciones de las diferentes gestiones de gobierno (algunas incluso del PT), sortearon los escollos necesarios para llegar a las urnas (cortes de carretera o falta de transporte público), y redoblaron su apuesta por Lula confiando en sus compromisos de campaña. La elección de Marina Silva como Ministra de Medio Ambiente pareciera reforzar un poco más ese compromiso. Silva rompió con el PT (y con Lula) hace 14 años, alegando que las políticas ambientales no eran prioridad de ese gobierno, pero decidió acompañar esta nueva gestión y comprometió a Lula con una serie de políticas ambientales que incluyen una estricta fiscalización de la Amazonia.
Los Yanomami
La reserva yanomami está ubicada en el estado de Roraima, al noroeste de Brasil, en la frontera con Venezuela, y tiene una extensión de más de 96.000 kilómetros cuadrados (casi la misma superficie de Portugal), pero en los últimos cuatro años —bajo la gestión de Jair Messias Bolsonaro—, el área deforestada por los mineros ilegales o “garimpeiros” pasó de 1.236 hectáreas en octubre de 2018 a 5.053 en diciembre de 2022. La minería ilegal en tierras indígenas de la Amazonía brasileña aumentó 1.217% en los últimos 35 años, según un estudio del oficial Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) divulgado en febrero pasado. En ese mismo período, casi toda la actividad minera ilegal de la selva amazónica de Brasil (95%), se concentró en tierras federales indígenas de los pueblos Kayapó, Munduruku y Yanomami. Sólo en 2022 perdió 1.782 hectáreas de su reserva producto de la minería ilegal, la cifra había subido un 54% desde 2021.
Según el Ministerio de los Pueblos Indígenas, creado por Lula en diciembre pasado y encabezado por la líder indígena Sonia Guajajara, al menos 570 niños yanomamis murieron en los últimos cuatro años “por contaminación de mercurio, desnutrición y hambre”. El 3 de marzo pasado, el Gobierno confirmó que las principales causas de la muerte de 42 indígenas yanomamis en los dos primeros meses de 2023, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud, fueron desnutrición, diarrea y neumonía —todas dolencias asociadas al hambre—. Y que el número podría llegar a 48 si se confirman dos casos que se encuentran bajo investigación.
Por otra parte, el ministro de Derechos Humanos, Silvio Almeida, aseguró que se investiga a la mafia de la minería por haber violado derechos humanos de niñas y adolescentes a las que habrían secuestrado para someterlas a la prostitución y la realización de trabajos domésticos en los campamentos, y el embarazo de 30 adolescentes indígenas que habrían sido violadas por garimpeiros.
Garimpeiros
Bajo el amparo del expresidente Jair Bolsonaro, los empresarios buscadores de metales y piedras preciosas ampliaron un 46% sus actividades ilegales en reservas indígenas el año pasado, sobre todo en tierras indígenas yanomamis. Durante su presidencia, Bolsonaro recibió a delegaciones de garimpeiros que pedían el cese de los controles para ejercer la minería en tierras federales. Según distintas ONG que trabajan el tema, la expansión de la minería ilegal responde a las políticas de Bolsonaro en la Amazonia para/con los pueblos indígenas, y a su retórica.
En 2019, poco tiempo después de asumir la presidencia, Bolsonaro sostuvo que durante su Gobierno no habría demarcación de tierras indígenas y que “las reservas dificultan el desarrollo del país”. En la misma línea, desmontó la estructura pública cuyo objetivo era garantizar los derechos de las comunidades indígenas y sostuvo esta postura no sólo en el frente interno sino también en foros internacionales, lo que se tradujo en un mayor aislamiento de Brasil. Durante la gestión del ultraderechista, tanto Noruega como Alemania se alejaron de Brasil debido a las políticas ambientales de Bolsonaro y retiraron sus apoyos, pero luego de la victoria de Lula, y sus promesas por detener la deforestación, ambos países anunciaron el desbloqueo de su aporte económico al Fondo Amazonia. El Fondo consiste en unos 620 millones de dólares y Noruega es el principal donante.
En febrero de 2020, Bolsonaro suscribió un proyecto de ley que permitía la minería y la generación de energía eléctrica en las reservas indígenas y, ante el rechazo que esto produjo entre indígenas y grupos ecologistas ironizó: “Vamos a sufrir presiones de los ambientalistas. A esa gente ligada al medio ambiente, si un día pudiese los confinaba en la Amazonía, ya que les gusta tanto el medio ambiente“.
Por lo demás, y según contó hace algunos días Sumaúma, una plataforma de noticias especializada en la Amazonia, Bolsonaro fue informado en 2020 de que los mineros habían destruido una comunidad Yanomami y no tomó ninguna decisión al respecto. Por entonces, un documento entregado al Distrito Sanitario Especial Indígena (DSEI) Yanomami, órgano del Ministerio de Salud en Boa Vista, denunciaba que la minería había invadido las aldeas y causado violencia, alcoholismo y consumo de cocaína entre los indígenas de la aldea de Kayanaú. En el informe, los profesionales del equipo sanitario afirman que los criminales utilizaban el puesto de salud indígena de la región y tomaban medicamentos y vacunas que eran para los Yanomami. En este sentido, el actual Gobierno tomó la decisión de destituir a 54 personas, entre ellas 11 coordinadores regionales de la Secretaría de Salud Indígena (SESAI) y otros 43 jefes regionales y estatales de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI), incluyendo a 13 militares.
Medidas
En enero pasado, Lula, luego de viajar al territorio, puso en marcha un plan integral que, además de atención sanitaria de emergencia y envío de alimentos, incluye la retirada de los mineros ilegales (unos 20.000), decomiso de helicópteros y otros elementos usados por los garimpeiros. El Gobierno detectó al menos 75 pistas clandestinas en territorio indígena Yanomami y unas 800 en todos los territorios indígenas del país, y firmó un decreto que prohíbe el sobrevuelo de ciertas zonas y autoriza al derribo de las aeronaves que se resistan a salir del espacio aéreo, en aras de ”estrangular logísticamente“ a los garimpeiros, es decir, dejarlos sin comida ni combustible. Los garimpeiros suelen usar aviones toda vez que se les dificulta el acceso al territorio por tierra. José Múcio, Ministro de Defensa, advirtió que “todo vuelo sospechoso será desviado y el avión deberá aterrizar para ser identificado”. Como parte de las medidas para atender la crisis humanitaria el gobierno también adelantó el cierre definitivo del espacio aéreo que inicialmente estaba previsto para el seis de mayo al seis de abril.
Por su parte, el gobierno bolsonarista del estado de Roraima, donde se encuentra la reserva, informó que los garimpeiros comenzaron a abandonar ”pacíficamente“ el territorio. La Policía Federal dispuso que los barcos con garimpeiros que salen del territorio sólo pueden navegar entre las 7 y las 17 hs. Por otra parte, la Fuerza Nacional de Seguridad Pública es la encargada de garantizar la seguridad de los agentes del Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE) que tienen el deber de concluir el Censo Demográfico 2022 en Tierra Yanomami, según informó el diario Folha.
La situación en el lugar es de mucha tensión, hace algunos días el Instituto Brasileño del Medio Ambiente (IBAMA) denunció que hubo disparos contra una de sus sedes a orillas del río Uraricoera, en un espacio que sirve para prohibir la entrada de buques clandestinos en el territorio. Según el IBAMA, mineros armados rompieron el bloqueo dispuesto en el río Uraricoera y dispararon contra los agentes del IBAMA que abordaron una de las embarcaciones. Los garimpeiros bajaban en siete embarcaciones (voadeiras), de 12 metros de eslora cada una, cargadas de casiterita, un metal muy codiciado estos días. El cargamento fue identificado por drones operados por personal del IBAMA y, luego del ataque, los mineros huyeron.
Por otro lado, el Supremo Tribunal Federal (STF) dio de baja la ley de Rondônia que prohibía la destrucción e inutilización de maquinarias incautadas en operaciones y fiscalizaciones de combate a crímenes ambientales. El autor de la ley, sancionada en enero de 2022, el diputado Alex Redano (Republicanos), sostuvo en sesión plenaria haber atendido un pedido de los garimpeiros. En febrero pasado, el STF ya había declarado la inconstitucionalidad de una ley similar promulgada por el gobierno de Roraima. La destrucción de los equipamientos está prevista en la Ley de Crímenes Ambientales, para evitar que sean reutilizados en actividades ilegales cuando no sea posible retirarlos del lugar.
Investigación
Mientras tanto, el ministro de Justicia, Flávio Dino, señaló que “arrestar a 15.000 garimpeiros es estrictamente imposible”, y que será necesario, en cambio, ir directamente a la fuente, “a quienes financian y blanquean las ganancias”, es decir las empresas que operan en los estados de San Pablo, Pará, Mato Grosso, Brasilia y Minas Gerais y que actúan bajo la llamada “presunción de buena fe” sobre el origen del oro comprado.
Dino también presentó una denuncia para esclarecer la responsabilidad de los funcionarios del gobierno del entonces presidente Jair Bolsonaro, ya que sí se comprueba que la grave situación de emergencia por la que atraviesa el pueblo yanomami responde a una supuesta ”omisión“ del gobierno, esto podría constituir un ”delito de genocidio“.
Asimismo, desde el Supremo Tribunal Federal (STF), el juez Luis Roberto Barroso, ordenó incluir a miembros del gobierno de Bolsonaro en la investigación por genocidio. El magistrado pidió que la investigación determine si los miembros del gobierno de Bolsonaro cometieron crímenes como desobediencia de sentencias judiciales, violación de secretos y delitos ambientales en detrimento de la vida, la salud y la seguridad de las comunidades indígenas. Barroso también se refirió a posibles actos de desobediencia a las decisiones del STF, como la orden del máximo tribunal de justicia en 2020 de retirar a los 20 mil garimpeiros que se encontraban de forma ilegal en la reserva, una decisión de la que el gobierno de Bolsonaro hizo caso omiso; la posible filtración de las fechas en las que se iban a realizar las operaciones para retirar a los garimpeiros y que permitió que estos pudieran huir; y determinó el envío a las autoridades de documentos que, a su entender, ”sugieren un cuadro de absoluta inseguridad de los pueblos indígenas involucrados, así como la ocurrencia de acción u omisión, parcial o total, por parte de autoridades federales, agravando tal situación". Las investigaciones estarán a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), el Ministerio Público Militar, la Secretaría de Justicia y Seguridad Pública, y la Policía Federal.
Actualmente, la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, evalúa dos denuncias preliminares contra Bolsonaro, presentadas por la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y la comisión Arns, por presuntos crímenes de lesa humanidad y genocidio en la pandemia del covid-19, y por la protección que recibieron los indígenas en su gobierno.
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/brasil/genocidio-yanomami-investigacion-bolsonaro-amazonia-garimpeiros - Imagen de portada: Protesta indígena en Brasilia contra las políticas “genocidas” del Gobierno de Jair Bolsonaro. MIDIA NINJA
