“Enemigos del Estado”: la represión silenciosa contra los activistas climáticos en Uganda
John Okot
Una de sus primeras tareas consistió en dirigir un diálogo para debatir los peligros del Oleoducto de Petróleo Crudo del Este de África (East African Crude Oil Pipeline, EACOP). Este macroproyecto de infraestructura transportará crudo a lo largo de 1.443 kilómetros, desde los campos petrolíferos de Uganda hasta el puerto de Tanga, en Tanzania. Según los activistas, su realización desplazará a 14.000 familias, causará daños ambientales irreversibles y generará 34 millones de toneladas de emisiones de carbono al año. El proyecto lo lidera con un 62% de las acciones la petrolera francesa Total Energies, junto a la china CNOOC (con un 8%) y las petroleras de cada país africano (con un 15%).
La reunión para debatir estos riesgos fue fijada el 24 de enero, el mismo día en que el presidente Yoweri Museveni dio a conocer la primera de las cuatro plataformas de perforación que forman parte del megaproyecto. Antes del encuentro, Barigye había obtenido la autorización policial y esa mañana se encontraba delante del hotel esperando a saludar a los ecologistas, activistas, funcionarios gubernamentales y políticos que habían aceptado participar. Sin embargo, poco antes de que comenzara el encuentro, agentes de la policía se desplegaron por el edificio. “Empezaron a registrar todas las habitaciones del hotel buscándome”, cuenta Barigye. “También iban echando a los invitados que habían venido a las conversaciones. Me detuvieron por obstrucción a la justicia y desobediencia a la Ley de Control del Orden Público”, agrega.
Bargiye sospecha que las fuerzas de seguridad “sabotearon deliberadamente” las conversaciones en el último minuto cuando se enteraron de que entre los invitados se encontraban dos líderes de la oposición (Kizza Besigye y Robert Kyagulanyi). Bargiye estuvo cuatro días en una celda, durante los cuales, según declara el activista, fue sometido a “torturas psicológicas”. “Me amenazaron a mí y a mi familia”, denuncia. “Me arrastraron a una celda mugrienta, me hicieron pasar hambre... No podía dormir porque me interrogaban a cualquier hora de la noche. Ahora la policía prefiere la tortura psicológica”, detalla.
No atraer la atención internacional
El Gobierno de Museveni, aferrado al poder desde 1986, conoce la represión de las voces disidentes y la detención de sus adversarios. Como informó African Arguments, las fuerzas de seguridad secuestraron a más de 1.000 personas en el periodo previo a las elecciones de 2021 y muchas de ellas siguen en paradero desconocido. Más recientemente, la policía detuvo al destacado político de oposición Joseph Kabuleta y el 6 de febrero, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Uganda notificó a la sede en el país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR, por sus siglas en inglés) que no se renovaría su mandato, justamente después de que el organismo expresara su preocupación por las actuaciones de los servicios ugandeses de seguridad.
La novedad, según estos activistas, es el grado en que se utilizan ahora estas tácticas represivas para asfixiar a los movimientos que se oponen al EACOP. En los últimos dos años han sido detenidas varias personas que pedían que se abandonara el oleoducto, y docenas de ONG —entre ellas numerosas organizaciones ecologistas— han sido cerradas a la fuerza.
“Nos consideran enemigos del Estado”, afirma Barigye. “Ahora la policía prefiere la tortura psicológica, porque la física daría una publicidad negativa al proyecto de oleoducto, lo cual podría ahuyentar a los inversores y las aseguradoras... El Gobierno no quiere atraer la atención internacional”, agrega.
Según el líder ecologista, esta estrategia fue lo que obligó a su predecesor en el cargo, Jackson Ssemwanga, a dejar el activismo en diciembre de 2022. En ese momento, este hombre de 37 años y otros tres compañeros, Barigye entre ellos, fueron detenidos cuando se dirigían a las oficinas de un organismo gubernamental para pedir que se reconsiderara la evaluación del impacto ambiental y social del EACOP. La policía los mantuvo encerrados cuatro días. A Ssemwnaga lo trasladaron a un lugar desconocido y al recobrar la libertad anunció que dejaba el activismo. A diferencia de los otros tres, no fue llevado a juicio.
“Quizá la policía amenazó su vida o a su familia. Todavía no lo sabemos”, dice Barigye. Cuando African Arguments se puso en contacto con él para pedirle su versión de los hechos, Ssemwanga respondió por teléfono: “No puedo, no es seguro para mí... Mis amigos pueden seguir con su activismo, pero en lo que a mí respecta, me tomo un descanso”.
Criminales a ojos de la sociedad
Dickens Kamugisha, director general del Instituto Africano para la Gobernanza de la Energía (AFIEGO, por sus siglas en inglés), con sede en Kampala, también cree que el Gobierno intenta inyectar miedo a los activistas. La policía obligó a su organización a cesar su actividad en octubre de 2021 y él y cinco empleados estuvieron detenidos varios días. “El Gobierno está lleno de personas codiciosas que quieren beneficiarse del oleoducto a costa del medioambiente y están dispuestas a hacer impunemente cualquier cosa, porque las leyes no significan nada para ellas”, afirma.
El activista de derechos humanos y abogado Maxwell Atuhura insinúa que el Gobierno quiere “desacreditar a los activistas y hacer que parezcan auténticos criminales a los ojos de la opinión pública”. Atuhura fue detenido en 2021 acusado de “incitación a la violencia” mientras realizaba un trabajo de investigación sobre las comunidades que habían sido desplazadas por el EACOP, pero no habían recibido indemnización. Desde entonces se encuentra en libertad vigilada, lo que significa que sigue teniendo que presentarse cada cierto tiempo en comisaría, y que, oficialmente, su caso sigue abierto. El abogado explica que “hay extraños” que le siguen por la calle, afirma que se siente intimidado y que su familia “vive con miedo”.
Beatrice Rukanyanga, fundadora del grupo de agricultores Kwatamiza, una organización que ha prestado ayuda a las familias desplazadas y también fue cerrada temporalmente en 2021, asegura que en Uganda cada vez es más difícil decir lo que se piensa. “Cuando luchas contra la tala de bosques o contra un oleoducto porque afecta a las futuras generaciones, te consideran un opositor, lo cual muestra que no eres libre en tu propio país”, lamenta.
En declaraciones a African Arguments, el portavoz adjunto de la policía metropolitana de Kampala, Luke Owoyesigyire, explicó que las acusaciones de tortura psicológica contra los activistas “no tienen ningún fundamento” y que la policía aplica “una fuerza razonable” para obtener información de los sospechosos. “No entiendo cómo se puede medir la tortura psicológica ni su magnitud. Si los activistas creen que tienen algo que reprochar, que vengan y lo denuncien”, pidió.
Por su parte, el portavoz del Gobierno de Uganda, Ofwondo Opondo, se limitó a calificar a los ecologistas que luchan por el clima de “un grupo de personas que buscan atención y que no se han dado cuenta de que el oleoducto está pensado para beneficiar a todos los ugandeses”.
“El nuevo corredor que unirá ambos países aportará beneficios, como el desarrollo de nuevas infraestructuras, la transferencia de tecnología y la mejora de los medios de subsistencia de las comunidades a lo largo de su recorrido”, se felicita la página oficial del EACOP.
Que la población no sepa
Los activistas climáticos de Uganda aseguran que su propósito es dialogar pacíficamente con el Gobierno sobre el EACOP y debatir sobre las amenazas que la infraestructura representa para zonas de rica biodiversidad como el Parque Nacional de las Cataratas Murchison y el Lago Victoria, por donde pasará el ducto. También quieren tener discusiones serias sobre formas más limpias de generar energía e ingresos para el país. Sin embargo, dicen que el Gobierno solo ha respondido con acoso, intimidación, detenciones y torturas.
Para Barigye, las autoridades quieren evitar a toda costa que la opinión pública esté informada sobre los riesgos relacionados con el oleoducto. Por ello, él se ha dedicado a enseñar a los escolares los peligros de los combustibles fósiles a través de su Club Verde, que cuenta con más de 250 miembros en toda Kampala.
“Quiero formar a los jóvenes para que se conviertan en una generación de activistas climáticos que puedan ocupar nuestro lugar cuando nosotros no estemos”, declara. Sin embargo, incluso esta estrategia tropieza con dificultades. En 2017, Barigye fue despedido de la escuela en la que enseñaba, en parte porque los responsables temían que sus actividades atrajeran la atención de la policía. “Nuestro Gobierno no quiere que la gente tenga información sobre el oleoducto porque, cuando la tenga, se levantará y le hará preguntas comprometedoras”, concluye.
Este artículo fue publicado inicialmente en inglés por la página web African Arguments - Fuente: https://elpais.com/planeta-futuro/2023-03-24/enemigos-del-estado-la-represion-silenciosa-contra-los-activistas-climaticos-en-uganda.html - Imagen de portada: Bob Barigye, activista climático de Uganda JOHN OKOT
