Argentina: "En Misiones, el control de la deforestación se da por las denuncias de las comunidades indígenas"
El Pueblo Mbya Guaraní es el garante del monte nativo en Misiones, donde las empresas multinacionales Arauco y Carba avanzan con el monocultivo de pinos detrás de las políticas de “bonos verdes”. La responsabilidad del Gobierno provincial y el incumplimiento de las leyes de Bosques y Emergencia Territorial Indígena. Diálogo con una abogada del equipo Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa).
Por ANRed
Esta producción periodística por el 12 de Octubre es compartida por Agencia Tierra Viva, ANCAP, Anred y Revista Cítrica.
Según estudios y relevamientos oficiales, la tasa de deforestación en la provincia de Misiones ha disminuido debido a la aplicación de la Ley de Bosques y el interés por la biodiversidad. Sin embargo, desde las comunidades originarias que allí residen señalan que se oculta el fenómeno de la plantación del monocultivo de pinos, que ha provocado la sustitución del monte nativo. Para contarnos cómo es el panorama sobre el avance de la deforestación en territorio ancestral de las comunidades Mbya guaraní, entrevistamos a Roxana Rivas abogada del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y miembro del equipo misionero de Derechos Humanos Justicia y Género. La falta control por parte de los organismos y el Estado, en particular el Ministerio de Ecología provincial, a pesar de las denuncias de las comunidades indígenas; el rol de las empresas extractivas Arauco y Carba con la excusa de los proyectos de bonos verdes y la falta de políticas concretas para frenar la deforestación ilegal.
—¿Cómo es la situación ambiental en relación a la deforestación a nivel general en la provincia?
—La provincia viene en teoría con una disminución de tasa de deforestación en términos generales, esto tiene que ver con la aplicación de la Ley de Bosques, con la declaración de "interés por la biodiversidad" a nivel provincial. También hay que decir que, en este último tiempo, apareció el negocio de los bonos verdes (mecanismo financiero establecidos en el Acuerdo de París en 2015 para financiar proyectos "sustentables" que tienen como parámetro "preservar el medioambiente"). Por eso se muestra un cierto atisbo de que se está frenando la deforestación. Sin embargo, la realidad es que cuando se habla de los procesos de deforestación en la provincia se oculta, hace mucho tiempo, que este mecanismo financiero es una propaganda política para hablar de la plantación de pinos como forestación. En realidad, lo que hubo fue una sustitución importante de lo que es la selva y el monte nativo a partir de la extensiva plantación de los pinos que son, principalmente, de propiedad de la multinacional Arauco, antes era Alto Paraná. Arauco es la principal empresa con la que hay conflictos en la defensa de los territorios. En cuanto a la aplicación de la Ley de Bosques, están haciendo bandera con la recuperación de zonas de conservación, asignándoles valores alto, medio o bajo por zonificación, que hace que una parte del monte sea plausible de algún tipo de actividad forestal o ganadera o cambio de uso de suelo y cuáles no.
—¿Cuál es el control que realiza el Estado de estas actividades productivas en las zonas de conservación?
—Con el trabajo en territorio notamos que hay una ausencia notoria de los organismos de control estatales. Más allá de los permisos de deforestación que se autorizan, en las cuales desde Emipa intervenimos frenando por un sinfín de situaciones, lo cierto es que en las zonas de conservación está presente la actividad extractivista de las grandes empresas y también la deforestación furtiva, ilegal. En el departamento de San Pedro, por ejemplo, que sería la zona norte o Alto Paraná, el desmonte está absolutamente sin control, a pesar de las denuncias que se vienen haciendo y es sobre el monte nativo. Es un fenómeno que, se supone, el Ministerio de Ecología provincial debe controlar y, en teoría, lo hacen a través de sus mapeos satelitales, pero no da información cierta, lo que significa que ahí no interviene ningún organismo para su autorización o control sino que es puramente furtivo. Es notoria la ausencia del Estado porque, a pesar que se denuncien y se hagan todos los reclamos habidos y por haber, no hay una política pública concreta para frenar esto. El problema es que esta madera sin registrar circula en camiones y hay todo un negocio alrededor de eso.
—¿De qué manera intervienen ustedes junto a las comunidades frente a esta situación de desmonte?
—Las comunidades Mbya guaraní que viven en la provincia son la única etnia que, mayoritariamente, residen dentro de territorios en los que todavía hay monte nativo. Entonces, el control que nosotros hacemos del desmonte, de la deforestación, viene a partir de la denuncia que las comunidades hacen. Ellos son los verdaderos efectores de ese control, y en nuestros casos, por ejemplo, los conflictos más importantes que venimos trabajando son con empresas como Carba y Arauco. Estas empresas son multinacionales conocidas, que tienen diferentes inversiones en la provincia. Carba, por ejemplo, una empresa que en provincias como Mendoza y Córdoba tienen mineras, en Misiones tienen una actividad forestal muy ínfima en relación a lo que sería Arauco. Pero tienen grandes extensiones de territorio de monte nativo, que es sumamente apreciable y en la cual además conviven con las comunidades indígenas, que reclaman y reivindican estas extensiones como su territorio ancestral. Muchas de las comunidades cuentan con los relevamientos territoriales, que otorga la Ley 26.660 de Emergencia Territorial Indígena.
—¿Cómo se plantea la defensa de estos territorios?
—En esos escenarios, donde convive una empresa que tiene un título registral y las comunidades que tienen su relevamiento territorial, tenemos más herramientas para la defensa. Son zonas de conservación de monte nativo, donde toda actividad que se desarrolle dentro de ese territorio debe ser a través de un proceso que se lleva adelante bajo supervisión del Ministerio de Ecología. En este proceso se ponen en discusión lo que se llaman proyectos o planes de manejo "sustentable o sostenible", que tienen que pasar una serie de pasos inevitables, entre ellos la consulta previa, libre, informada y de buena fe a los pueblos indígenas que habitan ese territorio y de ahí recién salen las resoluciones que habilitan o no estos proyectos. Desde Emipa, hemos podido frenar, durante más de cuatro años, un proyecto de Carba en el municipio de Ruiz Montoya, porque las cinco comunidades indígenas que vive ahí, entre las cuales la más intensa en la defensa es la comunidad de Ka’a Kupe, apoyada por las autoridades asamblearias de todos los pueblos indígenas de Misiones, ya no conciben ningún tipo de desmonte.
—¿Cuál es el posicionamiento de las comunidades frente a estos planteos de manejos "sustentables" de las empresas?
—Para las comunidades esto de lo "sustentable" dentro del mapeo de conservación de la zonificación de bosques y en sus territorios no tiene ningún tipo de significación ni ecológica ni económica. Ellos no quieren que se toque un árbol más. Y esa lucha es bastante intensa. Nosotros pudimos lograr la declaración de nulidad de un plan de manejo del monte nativo a través de recursos jurídicos, administrativos y también de la presencia de las comunidades frenando el desmonte. Ahora estamos en proceso de realización la consulta, que el Ministerio de Ecología no había hecho en aquel proyecto de Carba. A su vez, lo que fuimos haciendo con el equipo que acompaña las luchas territoriales, fue iniciar una demanda de titularización a partir del relevamiento con el que cuenta la comunidad de acuerdo a Ley de Emergencia Territorial Indígena. Llevamos esta discusión al escenario judicial, porque hasta ahora veníamos esperando la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, que no salió nunca y que difícilmente en este contexto político se dé.
—¿Cómo está distribuido el territorio en el que operan las empresas extractivas forestales y cuáles son los conflictos con las comunidades indígenas?
—Aproximadamente cinco comunidades indígenas conviven dentro del territorio ancestral con la empresa Carba. Con Arauco son más de 14, o sea, son muchas comunidades y Arauco tiene muchísimas extensiones, alrededor del 20 o 25 por ciento de la superficie forestada, porque monte ya casi no queda, lo tiene Arauco, la principal empresa forestal que explota la selva misionera con el monocultivo de pino. Arauco sí tiene como principal actividad económica en la provincia la extractivista a diferencia con Carba, que sus negocios estaban también en otro lado. Entonces, con Arauco la pelea es un poco más compleja porque ellos han logrado durante este último tiempo, históricamente, ir avanzando con la forestación de pino en lo que antes era el monte nativo. Entonces, las comunidades indígenas con las que conviven, la mayoría tienen muy poco monte nativo. En San Pedro Pozo Azul, que limita al norte con Brasil, parte de ese territorio que está siendo desmontado ilegalmente, también es propiedad de Arauco y otros, como, por ejemplo, la empresa Harriet, una empresa de negocios forestales que ha abandonado la zona por la Ley de Bosques. Entonces, para ellos pareciera que es más fácil dejar que se desmonte por desmonte ilegal. Y cuando ya esté perdido el monte, ellos podrán eventualmente ingresar y será más fácil aprobarse los proyectos de reforestación con la aplicación de proyectos de bonos verdes. Por eso, la convivencia es un poco más compleja.
—¿Nos podemos explicar más sobre la mecánica de proyectos con bonos verdes?
—Los bonos verdes son un sistema de compensación de carbono o carbono "cero neto". Arauco es una de las pocas empresas en las que esta compensación le da cero. Ellos tienen una cantidad suficiente de forestación y de propiedades, ya sea por monte nativo o por su propia forestación, ya que el monocutivo de pino califica para los bonos verdes, que no estaría debiéndole nada, de compensación en ese sentido a la provincia. Por eso, ellos pueden deforestar tranquilamente en otros territorios. Entonces es una empresa que tiene poder, entre otras cosas, con incursiones complejas en el territorio.
—¿Cómo describirías esas incursiones de la empresa en el territorio?
—Ellos cuentan con un equipo de profesionales que están abocados a la cuestión de la comunidad Mbya guaraní. Entonces, están todo el tiempo supervisando, visitando a las comunidades, asumiendo ese rol un poco paternalista, si se quiere. Siempre como dueños, ofreciendo agua, luz, o sea, tratando de tener un vínculo más clientelar, que les habrá servido para disminuir cualquier tipo de conflicto. Pero hoy la situación de las comunidades Mbya guaraní es que no están tolerando ni siquiera las visitas, porque lo que hay es un empoderamiento, si se quiere, de la titularidad que tienen sobre ese territorio. Por ejemplo, en las que nosotros acompañamos, en la zona de Arauco, como las comunidades de Andrés Guasurari, de Tacuapi Merí y Puente Quemado 2, que son las que se están confrontando con esta empresa. En Puente Quemado 2, hace dos años hubo incendios que casi destruyeron el poco monte que había en la comunidad, dentro de un proceso de reforestación que incluía, por ejemplo, un proyecto de una universidad nacional para reimplantar monte nativo. La comunidad la rechazó reafirmando que es necesario dejar que el monte se restablezca por sí mismo, porque además tienen los elementos para poder hacerlo, para que se restaure naturalmente. Desde Emipa, hicimos todo un informe con un especialista, con un ingeniero agroforestal, que dio cuenta exactamente de eso, que esa zona tiene la posibilidad de restablecerse. Eso implicó que esta comunidad, que es muy pequeña, pero que está muy fortalecida, esté rechazando la presencia constante que tenía Arauco sobre su comunidad.
—¿De qué manera se vinculan desde Emipa con las comunidades para enfrentar a las empresas extractivas?
—Una de las cuestiones interesantes es el proceso de empoderamiento que tienen las comunidades. Nosotros trabajamos con ellos desde el equipo de pastoral aborigen. Aclaro que es un equipo que pertenece a la Iglesia, pero es ecuménico, que tiene premisa ética, la no evangelización. Nosotros solo intervenimos en cuestiones vinculadas a su territorio y cuando nos lo demandan. Las demandas han sido, durante estos últimos años, la obtención del título de propiedad comunal y la no incursión de ningún tipo de actividades dentro de su territorio ancestral, aún en los casos en los que ya esos territorios tenían pino implantado por las empresas, por ejemplo. Entonces ellos dicen que saquen el pino, que se regenere, o que ellos se encargarán de eso. Por ejemplo, para la comunidad de Puente Quemado, el incendio para ellos fue un signo. Porque lo que se incendió masivamente fue el pino, ¿no? Y una vez que se incendió, empezó a brotar la capuera, como le dicen ellos a los brotes en la tierra desmontada, con los árboles que son los ancestrales. Entonces todo eso es un proceso sumamente interesante y que demanda mucho trabajo y mucho compromiso y también mucha resistencia al sistema.
—¿Cómo continúa el acompañamiento de Emipa a las comunidades?
—Actualmente, tenemos cuatro demandas iniciadas por escrituración y tenemos una en la que ya se obtuvo la devolución de tierras por parte de la Universidad de La Plata. Se trata de más de 6.000 hectáreas en una zona de reserva, que es la del Valle del Cuñapirú, en la que estamos ahora haciendo otro proceso judicial para reivindicar lo que pasó en el tiempo en el que se estuvo discutiendo la devolución del territorio a las comunidades. El poder político, sobre todo de esa zona, agitó mucho la usurpación. Entonces también la usurpación implica que las personas que ingresan, muchas de ellas ni siquiera respetan que eso era una reserva ecológica. Y bueno, empiezan los conflictos de convivencia.
Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/en-misiones-el-control-de-la-deforestacion-se-da-por-las-denuncias-de-las-comunidades-indigenas/ - Imagen de portada: Foto: Geronimo Molina / Subcoop
