AAPRESID defiende el glifosato: San Jorge y el dragón herbicida

Los poderes económicos detectan rápidamente cuando un peligro se cierne sobre sus billeteras. Ahora que la patriada de la comunidad de la localidad santafesina de San Jorge cunde en despachos políticos y tribunalicios –un fallo del juez Tristán Martínez ordenó la suspensión inmediata de las fumigaciones cerca de la zona urbana y la Cámara de Apelaciones lo confirmó–, la Asociación Argentina de Productores Siembra Directa (Aapresid), que lidera Gustavo Grobocopatel, llamado Rey de la Soja, saltó al centro de la escena en defensa del “uso racional del glifosato”, al tiempo que advirtió, para sensibilizar a quienes piensan que una tonelada de soja vale más que la vida de un ser humano, que “la producción corre peligro” y la pérdida de empleo está cerca. Otra vez San Jorge debe enfrentar al dragón.

La mentira con la que el lobby agrario pretende sembrar, además de soja, la alarma social, es que el fallo prohíbe usar el mencionado agroquímico, cuando en realidad la Justicia dispuso la prohibición de volver a fumigar en determinados campos y, “para el futuro, a menos de 800 metros, para fumigaciones terrestres, y 1.500 metros para fumigaciones aéreas”.

La historia de los fallos

Hace poco más de un año, el 17 de marzo de 2009, Redacción Rosario publicó un artículo en el que se informaba de la decisión del juez Tristán Martínez, quien ordenó la suspensión inmediata de las fumigaciones en adyacencias de la zona urbana de la ciudad de San Jorge. El magistrado falló así a partir de la presentación de un recurso de amparo interpuesto por un grupo de vecinos afectados por las fumigaciones y el Centro de Protección a la Naturaleza de Santa Fe (Cepronat).

Mucha agua corrió desde entonces, al punto de que la sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe dejó firme aquella sentencia y eso hizo poner en alerta al aparato sojero de la región y a sus sostenes políticos y mediáticos.

Cabe consignar que los primeros en interponer apelaciones al fallo de Martínez fueron los dueños de los campos adyacentes a San Jorge, y el gobierno de la provincia de Santa Fe, presionado por “los productores”, a los que viene bancando desde la guerra gaucha de las retenciones.

El gobierno de Hermes Binner criticó la sentencia porque sostiene que “se intenta una acción que por su importancia y trascendencia merece un ámbito de debate muy amplio y de demostraciones científicas necesarias, por lo que el amparo no resulta el trámite adecuado”. Los abogados de la administración Binner no pidieron la realización de un taller, pero el cuestionamiento se inscribe en la tradición tallerista del socialismo. Hablar de “un ámbito de debate muy amplio y de demostraciones científicas necesarias” mientras la vida de los fumigados corre riesgos es, como mínimo, una actitud desaprensiva.

Alarma, alarma que algo queda

La mentira alrededor de la cual se pretende sembrar pánico productivo en una provincia cuya dirigencia ha demostrado ser especialmente sensible a las demandas de “el campo” es que la Justicia prohibió usar glifosato. En un medio de comunicación dedicado a los negocios, se reproduce el comunicado de Aapresid y se publica una pregunta que la entidad prestamente responde: “¿Qué implicancias tendría prohibir el uso de glifosato en Santa Fe?”, inquiere Puntobiz. Según Aapresid, “implicaría hacer imposible la siembra directa sin la posibilidad de volver a la producción con degradación de suelo porque los viejos equipos no están disponibles”. Y agrega: “La caída estrepitosa de la producción agrícola y la baja abrupta de las exportaciones con secuela de desocupación industrial y agropecuaria”.

La asociación cuyo principal y más visible dirigente es Gustavo Grobocopatel, organizador de pools de siembra y dueño del establecimiento agroindustrial Los Grobo, omite que la restricción implica no fumigar a menos de 800 y 1.500 metros, según sean fumigaciones terrestres o aéreas.

El fallo es claro: “...la confirmación de la sentencia se impone en lo que refiere a la prohibición de fumigar ya sea terrestre o en forma aérea y en los límites señalados. Tal prohibición lo será por un plazo de seis meses contados desde que quede firme la presente, lapso en el cual el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de la Provincia deberá presentar al juez a quo un estudio conjuntamente con la Universidad Nacional del Litoral en el área que estime el mismo pertinente acerca del grado de toxicidad de los productos identificados al postular y si por los mismos es conveniente continuar con las fumigaciones o no. De igual forma el Ministerio de Salud efectuará durante igual lapso un estudio en los barrios comprometidos que permita discernir si durante ese período, las posibles afecciones que se denunciaran disminuyeron o no. Hecho lo cual y conforme el resultado obtenido, el Sr. Juez a cargo se expedirá sobre si corresponde continuar con la prohibición o bien adoptar una decisión distinta”.

De modo que “la secuela de desocupación industrial y agropecuaria” de que habla Aapresid no debería darse si los sojeros fumigan con esos límites bien precisos y si el gobierno socialista, tan preocupado por el esquema productivo, hace los estudios que le pide la Justicia lo más rápido posible.

Aapresid contra la ciencia, o con ciencia propia

En el comunicado Aapresid claramente asume la defensa del glifosato, un herbicida que en la Argentina se vende bajo el rótulo comercial de Round Up, y es producido por la multinacional Monsanto, aunque hay otras marcas con esa base agroquímica. “El glifosato es un producto químico utilizado para controlar las malezas, sin afectar a los cultivos y de baja toxicidad para sus usuarios. En la actualidad, se comercializa en más de 140 países, contando además con el respaldo de instituciones especializadas que se apoyan en evidencias científicas”, enunció la asociación de sembradores de soja.

Aapresid ya ha defendido el uso del herbicida con base en dictámenes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que clasificó al glifosato dentro de la categoría de Menor Riesgo Toxicológico (IV), y de la Agencia de Protección Ambiental de EEUU (EPA), que la pondera como grupo “E”, o sea que en él no se detectan evidencias de efecto carcinogénico en humanos. Sin embargo, esos criterios fueron criticados por la bióloga de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Lilian Graciela Joensen, quien sostiene que “las clasificaciones de la OMS y FAO no están basadas en estudios propios o de grupos independientes de las empresas interesadas sino que se trata de revisiones de estudios no publicados hechos por las empresas mismas”, según consta en el fallo de la Cámara.

No son los únicos testimonios científicos en torno de los peligros que encierra el uso de agroquímicos. El fallo de la Cámara también señala las investigaciones de Argelia Lenardón (UNL-Conicet), que analizó la presencia de agroquímicos organoclorados en leche materna; Amalia Dellamea (UBA), que detectó plaguicidas en productos lácteos; Alejandro Oliva (Hospital Italiano de Rosario), que estudió los impactos en las funciones reproductivas; Jorge Kaczewer (UBA), que recopiló trabajos sobre el tema; y Andrés Carrasco (UBA-Conicet), que en 2009 descubrió malformación en embriones anfibios, lo que le valió un duro ataque de las cámaras patronales sojeras.

El comunicado de Aapresid es tal vez más cauto que algunos defensores inescrupulosos de “el campo”, puesto que señala: “Como fue dicho anteriormente, el mundo necesita evolucionar, y no involucionar. Esta nueva agricultura tiene un compromiso con la sustentabilidad, exigiendo que las nuevas prácticas no pongan en riesgo la salud de la población, ni la de los operarios. Es una gran herramienta a aprovechar, si se utiliza con precaución”.

Petitorio a Binner

Desde el 19 de febrero pasado, voluntarios, socios y miembros de la comisión directiva del Cepronat vienen realizando una recolección de firmas para apoyar un petitorio al gobernador Binner, a través del cual se le solicita “hacer extensivo a todos los municipios y comunas de la provincia el reciente fallo de la sala II de la Cámara Civil y Comercial de Santa Fe, donde se establecen 800 y 1.500 metros para las fumigaciones terrestres y aéreas, respectivamente, por el término de seis meses”.

En el petitorio, los vecinos confiesan su inquietud ante el avance sojero: “Nos encontramos preocupados por el fuerte impacto que producen en la salud de las personas y en el ambiente las aspersiones con agroquímicos, tanto en forma terrestre como aérea, utilizados para el control de plagas en los cultivos ubicados en las cercanías de los asentamientos poblacionales”.

Los voluntarios del Cepronat instalaron mesas en los conciertos que dieron Rubén Rada el pasado 13 de febrero en la plaza de Mayo de la capital santafesina, y Los Auténticos Decadentes, el 28 de febrero, en la Costanera Vieja. Además, todos los sábados se pueden ver las mesas de la entidad en la peatonal San Martín, entre las calles Tucumán y Primera Junta.

Fallo ejemplar

Redacción Rosario, que tuvo acceso al extenso fallo de la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, integrada por los magistrados Armando Drago, Enrique Müller y María Cristina de Césaris de Dos Santos Freire, reproduce algunos tramos que, habida cuenta de la actuación de la mayoría de los tribunales que deben enfrentar a los poderes fácticos en estos días terribles, pueden ser calificados de valientes y ajustados a la defensa del sujeto más vulnerable.

Se destacan algunos párrafos por tema, y el encomillado corresponde al propio fallo:

Sobre cómo puede afectar la fumigación a la salud de las personas y la posición de la Provincia de Santa Fe

“Por lo que frente a la existencia de la duda relevante, la aplicación –reitero– del principio precautorio deviene ineludible, porque la sola existencia de los niños afectados, la posible incidencia en otros destacados por el juzgador en base a la prueba rendida así lo determinan, ya que la crítica efectuada por el letrado de la Provincia al expresar sus agravios en relación a esta prueba no se disipan con el discurso de que lo dicho por los médicos no muestran rigor científico alguno, sino con una pericia científica en contrario que permita disipar de manera tajante la vinculación de aquellas patologías con el producto aplicado y esto no fue producido por la recurrente, pudiendo hacerlo”.

Sobre los condicionantes políticos y económicos

“...no cabe duda alguna que lo llamado a decidir se desarrolla en un contexto difícil en donde juegan controversias científicas, intereses económicos, presiones y contrapresiones de orden político y empresario...”. Dichos riesgos, dice el fallo, “...tienen la propiedad de transformar lo apolítico en político, desinformación interesada, descoordinación en la gestión pública, insolidaridad con los posibles afectados, olvido consciente de lo reclamado constitucionalmente como objetivo; esto es, el desarrollo sustentable; omisiones de fiscalizaciones en serio con adecuados estudios; etc...”.

Sobre los argumentos gubernamentales y del sector agrario

La Cámara, en otro de los párrafos más destacados, plantea serias crítica a los argumentos de varios actores interesados, alegando que son “...cuestiones todas que a su vez, lejos de generar compromisos de identificación de los niveles riesgos reales, se diluyan en una suerte de lucha de intereses parcelarios diciendo por ejemplo los fumigadores que si se producen contaminaciones derivan de los improvisados en el tema y no de los que en su mayoría ajustan su accionar a las directivas a respetar; las empresas productoras de agroquímicos, sosteniendo su atoxicidad en estudios encargados por las mismas; el Estado, pregonando su preocupación por el medio ambiente creando estamentos dedicados al mismo, pero olvidando que la mejor manera de comprometerse en el tema es efectuando los debidos controles; y los productores, sosteniendo que si los productos que aplican se encuentran autorizados por la autoridad de aplicación, nadie puede endilgarle acción antijurídica alguna, por lo que no puede impedírseles trabajar y producir como les corresponde”.

Sobre la polémica en torno de la toxicidad del glifosato

La Cámara tomó nota de la presentación de los vecinos demandantes, quienes “...señalaron que si bien el glifosato (no de sus formulaciones comerciales) está clasificado como un herbicida de baja toxicidad, dicha clasificación fue puesta en cuestión por especialistas e investigadores nacionales como internacionales y que han probado su alto grado de toxicidad y sus nefastas consecuencias sobre la salud del hombre, los animales y vegetales”.

Los estudios mencionados no son pocos: “...un estudio del Ministerio de Salud de la Nación; una investigación de la Universidad Nacional del Litoral; un documento de la Jefatura de Gabinete de la Nación; un estudio multidisciplinario llevado adelante por el Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Ambiente (Ecosur), el Hospital Italiano Garibaldi de Rosario, la Universidad Nacional de Rosario, el INTA, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y la Federación Agraria Argentina; un estudio realizado por Raúl Montenegro –presidente de FUNAM– y un pedido de la Cámara de Diputados de Santa Fe al Poder Ejecutivo para la recategorización del glifosato”.