Colombia: Comunidades Indígenas Embera Defienden su vida de Proyecto Minero

Por Guadalupe Rodríguez

Los pueblos indígenas de Colombia ven su supervivencia seriamente amenazada. La propia Corte Constitucional colombiana declaró muy recientemente al Pueblo Embera en grave peligro de desplazamiento y desintegración y en emergencia junto a otros 34 pueblos indígenas de Colombia. Campesinos, indígenas y población afrodescendiente son asesinados, amenazados, torturados, intimidados o desplazados al defender su existencia y sus territorios frente al saqueo de los recursos naturales.


No cesan los reportes de casos de violaciones de derechos fundamentales vinculadas a proyectos mineros. Una realidad cada vez más visible, a la que no podemos dar la espalda. Campesinos, indígenas y población afrodescendiente son asesinados, amenazados, torturados, intimidados o desplazados al defender su existencia y sus territorios frente al saqueo de los recursos naturales. El proyecto minero Mandé Norte/Murindó de la empresa minera norteamericana Muriel Mining Corporation constituye un caso paradigmático por encontrarse en uno de los países más conflictivos de Latinoamérica en términos de derechos humanos, Colombia, dentro de un territorio indígena y en medio de una de las últimas selvas tropicales del planeta.
En la madrugada del 30 de enero de 2010, la comunidad de Alto Guayabal en el Resguardo Uradá Jiguamiandó fue bombardeada por el ejército colombiano resultando heridos varios miembros de una misma familia y días mas tarde muerto un bebé recién nacido herido en los hechos (1). Todo apunta a que tras estos hechos se esconde la velada intención de desplazar a los indígenas de su territorio para dejar vía libre a la minería. La situación de incertidumbre provocada por la presencia de la minera y los militares provocó el suicidio de ocho mujeres. Otras mujeres hablan de quitarse la vida ante el temor de que se destruya totalmente lo sagrado, que ya ha sido repetidamente profanado.
Los Embera viven en el Chocó
El Chocó, región boscosa, que se extiende a lo largo del Pacífico, desde el sur de Panamá, a lo largo de Colombia y hasta el Ecuador no es sólo el hogar de unos 30 pueblos indígenas, sino también una de las áreas más biodiversas del mundo. Allí viven los Embera, en armonía con la naturaleza.
La difícil supervivencia para pueblos indígenas y afrodescendientes en Colombia
Los pueblos indígenas de Colombia ven su supervivencia seriamente amenazada. Esto fue recogido por la propia Corte Constitucional colombiana (2) que muy recientemente declaró al Pueblo Embera en grave peligro de desplazamiento y desintegración y en emergencia junto a otros 34 pueblos indígenas de Colombia, debido al conflicto armado interno. Los megaproyectos en territorios indígenas, en lugares como sus sitios sagrados, suponen a menudo la militarización y paramilitarización con el fin de controlar las áreas. No es casual que este conflicto y el reciente bombardeo se den en medio de una gran confusión que apunta a tapar la complicidad del estado colombiano con los intereses empresariales a toda costa, incluso a la de la población local que sufre sus consecuencias desde hace décadas. En medio, no son aisladas las ocasiones en las que los pobladores locales son acusados de guerrilleros, con el sólo fin de criminalizarlos y eliminar aquellos quienes defienden sus derechos frente a los megaproyectos. Lo que el gobierno colombiano presenta como su “propuesta de desarrollo” favorece en realidad al poderoso empresariado local y a muchas multinacionales, atentando gravemente a la autonomía de la población.
En este contexto, la presión sobre los territorios indígenas aumenta: son invadidos, militarizados crecientemente, la movilización se ve limitada, los ecosistemas son destruidos. En estos momentos, la comunidad Embera Katío del resguardo Uradá-Jiguamiandó se encuentra en alto riesgo de desplazamiento.
El Cerro Careperro y la concesión minera
Según las organizaciones indígenas de Colombia, el 65 por ciento de las concesiones mineras vigentes en Colombia se encuentran en tierras ancestrales de comunidades indígenas y afrodescendientes (3).
El cerro Jaicatuma (“Filo de los espíritus” en lengua Embera) también conocido como Cara de Perro o Careperro, está ubicado en las selvas del Medio Atrato. La zona fue decretada como Reserva Forestal por el gobierno colombiano desde 1959. El territorio llamado Río Murindó es uno de los mayores resguardos indígenas en Colombia, y pertenece legalmente a varias comunidades locales indígenas y afrocolombianas.
El área fue concesionada a la compañía norteamericana Muriel Mining Corporation MMC que comenzó los trabajos de exploración el 1 de enero de 2009 (4). Y lo hizo en compañía de un batallón del Ejercito Nacional, que debía “garantizar” el trabajo de la multinacional. Esta exploración ha comenzado en contra de la voluntad de los pobladores y causó múltiples impactos sobre las comunidades y el medio que culminan con los bombardeos de enero 2010. No existe estudio de impacto ambiental.
Además, se denunció desde un principio que la compañía estadounidense MMC entró con una actitud de mala fe en los territorios indígenas, utilizando artimañas para comprar a los líderes indígenas con comida, licor y dinero.
La Consulta de los Pueblos
La empresa minera argumenta haber consultado acerca del proyecto con las comunidades, y exhibe una supuesta protocolización de tal consulta previa. Sin embargo, las autoridades indígenas han negado en repetidas ocasiones la validez de dicha consulta, alegan y que quienes firmaron lo hicieron a título personal y bajo engaño al hacerlos firmar documentos que no hacen parte de una consulta previa. Las personas consultadas ni siquiera habitan en el territorio afectado.
Debido a la falta de consulta legal acerca del proyecto, y a la oposición rotunda de la población hacia el mismo, las comunidades indígenas de la zona se movilizaron tomando una iniciativa popular. Los pueblos indígenas tienen derecho a la Consulta Previa (5) antes de la puesta en marcha de proyectos en sus territorios colectivos así como a planificar su desarrollo de acuerdo a sus cosmovisiones culturales. Así, se decidió realizar una consulta propia que se llevó a cabo con todo éxito siendo su resultado final un NO rotundo a la minería en el territorio indígena. Esta Consulta de los Pueblos fue la primera de su género que se realizó en Colombia.
La intención es contribuir a generar una mayor presión política y que la consulta sea reconocida legalmente por el Estado, por tratarse de un proyecto que tiene lugar dentro de territorios colectivos. Se quiso abrir así un camino para que el Estado colombiano y la empresa minera Muriel Mining Corporation conozcan y acepte la decisión comunitaria acerca del proyecto minero en sus territorios. Y en este sentido se continúa trabajando, ya que una acción legal de tutela que se interpuso para ello fue rechazada por el Tribunal Supremo de Justicia quien sorprendentemente falló a favor de la compañía minera norteamericana.
A su vez, la compañía minera, tampoco reconoce la consulta popular organizada localmente en febrero 2009 y por la militarización y ataques en la zona se piensa que pretende continuar con sus planes de exploración de la zona. De momento y a pesar de las exigencias por parte de las comunidades, no existe un diálogo encaminado al cese de la militarización de la zona y de la exploración minera. Tras ser interrogada al respecto, la compañía ha negado hasta el momento corresponsabilidad en los ataques aéreos a la comunidad. Sin embargo, las comunidades indígenas afectadas y las organizaciones indígenas piensan que sí existe responsabilidad de la compañía.
En respuesta a acciones legales emprendidas por la comunidad y las organizaciones de apoyo, la compañía minera ha intentado desacreditar a los organismos de derechos humanos que interceden por la población, como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y la organización internacional Peace Brigades International (Brigadas Internacionales de Paz) (6).
Cuál es el potencial del proyecto y quién lo codicia
Ingeominas investigó el potencial minero de la zona en 1975, en el marco de un proyecto financiado por la ONU, encontrando un alto contenido en cobre (el yacimiento más grande del país), molibdeno y localmente oro. Esta investigación se completó en los años 90. Los depósitos se encuentran en los flancos orientales de un pequeño grupo de montañas, al Norte de Murindó y 165 Km. al noroeste de Medellín. La Muriel Mining Corporation se hizo con la concesión minera en 2001. Sin embargo, las poblaciones no conocieron hasta 2005 acerca del interés de las empresas de explotar los minerales de la zona del Cerro Cara de Perro.
La sede de la empresa Muriel Mining Corporation está en Denver, Colorado (USA), y tiene una representación también en Medellín y en Bogotá. La familia Juilland dueña de la Muriel posee otras varias empresas mineras en diferentes países. Entre ellas, la Goldplata Ressources, la cual controla la Goldplata Colombia, que tiene tres proyectos mineros en Colombia: Titiribí, Acandí y Murindó (7). Desde el año 2005, la Muriel Mining Corporation se encuentra en un joint venture (30%-70%) con la multinacional minera Rio Tinto (8), una de las compañías mineras más grandes del mundo.
El nombre del proyecto es Mandé Norte. La parte inicial del proyecto es en el departamento Chocó, y la segunda parte también será en Antioquia.
Tras el bombardeo por parte del ejército colombiano y la negación de La Muriel sobre su relación con estos hechos, los nombres de otras empresas mineras como la Ashanti Gold o la Glencore han salido a relucir, pero no existen todavía para las organizaciones indígenas evidencias al respecto de los intereses de estas empresas en la zona.


Por qué resistencia
La comunidad embera ya se vio obligada a abandonar el territorio en 2000, tras ser bombardeada y aterrorizada de una manera similar. En aquel momento, no se realizaron denuncias y las circunstacias del desplazamiento quedaron sin aclarar. Cinco personas de la comunidad indígena desaparecieron y no se ha vuelto a saber de ellas. En agosto de 2008, los indígenas de Alto Guayabal decidieron regresar para reinstalarse en la comunidad. Entre diciembre 2008 y enero 2009 entraron paralelamente al territorio el ejército colombiano y la empresa minera Muriel Mining Corporation, que estableció campamentos para los trabajadores y un helipuerto en el Cerro Sagrado, para lo cual arrasaron una parte importante de la selva. La destrucción del bosque en el que viven tiene graves consecuencias para cualquier comunidad indígena en términos de subsistencia.
Y no sólo hay este antecedente, sino que en el territorio todavía se recuerda lo que pasó en el Alto Andagueda hace muy pocos años, donde la explotación de una mina de oro causó la muerte de unos 400 Emberas y desplazamientos masivos que desintegraron la cultura y la organización de esta comunidad. Los Emberas que se vieron obligados a salir de las comunidades del Alto Andagueda y colindantes, y recorren en la actualidad las ciudades pidiendo limosnas (9).
Las prioridades del gobierno para el desarrollo del país, de acuerdo a las direcciones que sigue la política globalizante, no suelen coincidir con la visión de desarrollo de los indígenas. Los proyectos mineros se localizan en varios sitios sagrados de los Embera. Estos sitios representan su espiritualidad. Es difícil de entender, pero forman una parte central de su existencia, de su vida, su cultura, su medicina. Ya hemos mencionado más arriba la importancia de la región Chocó en términos biológicos. No es casual que muchos de estos sitios sagrados están en fuentes de agua, protección obligada para poder garantizar la vida en ellos.
Conociendo sus derechos, más de 600 Emberas ocuparon durante tres meses el helipuerto y el campamento que la compañía extranjera estableció en sitio sagrado (10). “Bajo ninguna circunstancia vamos a permitir el saqueo de nuestro territorio ancestral. Hacemos responsables al Gobierno Nacional, a las Empresas Multinacionales y a sus Gobiernos, por la afectación cultural, ambiental y la perdida de vidas humanas del Pueblo Embera en defensa de nuestros derechos culturales y territoriales”, es la posición de las organizaciones indígenas con respecto al proyecto minero.
Impactos que ya ha tenido el proyecto minero en el territorio y las comunidades locales
Además del mencionado bombardeo que corona la sucesión de agresiones en contra de los indígenas, y a pesar de que el proyecto minero se encuentra en su fase inicial de exploración, son muchos los daños que de hecho ya se han causado a la población. Todos ellos continúan impunes y se dan con la complicidad de las autoridades nacionales y locales. Se han producido múltiples violaciones a los Derechos humanos y a los Derechos de los Pueblos Indígenas, y así al derecho interno y el derecho internacional. Algunas de las mismas: desconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades indígenas, lo que pone en alto riesgo el territorio y la supervivencia de las comunidades como tales. En este sentido, tuvo lugar la muerte de cinco bebés y en repetidas ocasiones se ha puesto en riesgo la vida individual. Adicionalmente, la situación de incertidumbre ha provocado el suicidio de ocho mujeres. Otras mujeres han cometido intento de suicidio o hablan de quitarse la vida ante el temor de que se destruya totalmente lo sagrado, que ya ha sido repetidamente profanado. El desplazamiento forzado sería la consecuencia lógica de un proyecto minero de estas características.
No puede dejar de mencionarse aquí el auténtico pánico que se ha generado en la población con operaciones militares. La zona se encuentra militarizada en apoyo de los intereses empresariales mineros, con allanamientos ilegales, uso de capuchas para ocultar la identidad de sus unidades. Se ha denunciado el uso de artefactos en tierra que impiden la movilización dentro del territorio, y que amenazan con generar nuevos daños irreparables a la vida e integridad personal. Las intimidaciones a las comunidades con métodos inhumanos son continuas. También se han reportado diferentes abusos de autoridad.
A pesar de la repetidas solicitudes por parte de los pobladores, ni los empresarios ni el gobierno nacional, responsables de lo que está pasando, se han hecho hasta el momento presentes en el lugar con la finalidad de dialogar.
Qué puede hacer la comunidad internacional
La comunidad internacional puede hacer mucho en casos como el de la amenaza de la integridad de los pueblos indígenas. En el caso particular del pueblo Embera se dan diferentes posibilidades de acción:
Una línea muy general, es rechazar la política oficial colombiana de entrega de los recursos naturales en los territorios indígenas y de comunidades locales a las multinacionales, y la militarización que ello implica. Esta es tarea de nuestros gobiernos, los que sin embargo priorizan tratados comerciales (11) a cuestiones de derechos humanos. Por eso es tarea de la sociedad civil vigilar y hacer exigencias a nuestros gobiernos acerca de las relaciones con Colombia.
En este caso particular, cabe instar a los miembros de la fuerza pública colombiana que hacen presencia en la zona que se abstengan de violentar los derechos de los indígenas que se encuentran en legítima resistencia y defensa de sus territorios. Tanto organizaciones como personas particulares pueden dirigir sus comunicaciones a las autoridades y al ejército colombiano pronunciándose abiertamente en contra de la violación de los derechos de los pueblos indígenas Embera, expresando su rechazo por el bombardeo y exigiendo una aclaración total de los hechos, reparación total de los daños (12).
De modo más particular, se puede respaldar directamente y acompañar la resistencia que la comunidad Embera viene ejerciendo en defensa de su territorio. Para ello, se puede solicitar que el Estado colombiano reconozca los resultados de la Consulta de los Pueblos realizada entre el 24 y el 28 febrero 2009 por las comunidades acerca del proyecto minero. También se puede instar a las entidades públicas de control y de defensa de los derechos humanos (Procuraduría General, Defensoría del Pueblo, Personerías y Organizaciones de Derechos Humanos) que garanticen la seguridad y el respeto a los derechos humanos de las comunidades afectadas y que ordenen el cese inmediato de la actuación empresarial.
La campaña internacional de apoyo se encuentra en plena construcción. La comunidad necesita y desea el acompañamiento de políticos, periodistas, grupos, organizaciones, personas particulares, que estén en capacidad y voluntad de colaborar a difundir, defender y asesorar el caso en materia de derechos humanos y medioambientales.
Tras una misión de verificación realizada el 5 y 6 de febrero en la que han participado la defensoria del Pueblo, ACNUR, OIA, ONIC, JYP y Salva la Selva, se determinó que las mayores urgencias en este momento son hacer efectivas para la comunidad Embera: una declaración de alto riesgo de desplazamiento y crisis humanitaria, la creación de una comisión mixta permanente compuesta por organizaciones indígenas y organizaciones de apoyo que tengan interés en apoyar, composición de un informe humanitario exhaustivo sobre la situación, difusión de la situación de la comunidad Embera Katío a nivel internacional con especial atención a las mujeres y acompañamiento constante de verificación a la comunidad.
La Unión Europea y la extracción de materias primas
La Unión Europea se encuentra desarrollando una nueva Estrategia de Materias Primas no energéticas. Esta política, que de momento se encuentra en forma de "líneas estratégicas" se irá convirtiendo gradualmente en propuestas legislativas y leyes. En este momento, es vital dar a entender a parlamentarios y al público en general las consecuencias que las políticas europeas en cuanto al abastecimiento de las materias primas y los recursos naturales están teniendo en el mundo.
En principio, puede parecer que los vínculos de la Unión Europea con el proyecto minero no son tan directos. Pero según la Comisión Europea, la demanda de metales para la producción de productos de consumo y para la alta tecnología está en aumento. Las empresas europeas dependen altamente de importaciones de muchas materias primas (que incluyen metales y minerales). Para proteger los intereses la industria dentro de sus fronteras, la Unión Europea elabora esta estrategia: para garantizar su competitividad y “asegurar el acceso a los recursos” en todos los acuerdos comerciales y considerar este aspecto en el futuro en las políticas de desarrollo (13). Públicamente, la estrategia fue presentada en Europa como algo positivo y adornada con términos como “minería sustentable” y “ayuda para el desarrollo”, pero en la práctica se trate de una agresiva estrategia comercial en términos de competencia con economías emergentes como la de China e India (14).
Además, la minería es por definición una actividad insustentable basada en la extracción de recursos no renovables, que requiere de ingentes cantidades de agua, y provoca deshechos altamente contaminante entre otros muchos impactos ecológicos (15). Se habla de tecnología punta y nuevos métodos de extracción minera más amigables con el medio ambiente. Pero con la crisis y el dinero público destinado al salvataje descontrolado de los bancos en quiebra, no queda mucho para invertir ni en protección del medio ambiente, ni en el desarrollo de países del Sur. Así pues, iniciativas de presentar la minería como sustentable son consideradas ampliamente como “maquillaje verde”. Aquí sólo queda preguntarse ¿Seremos desde la Unión Europea tan consumidores y codiciosos, que no dudamos en hacer la “vista gorda” a las violaciones de derechos humanos, a la exterminación de pueblos indígenas y a la destrucción ambiental que se comete sistemáticamente en los países del Sur para abastecer a los países industrializados de las materias primas que necesitamos diariamente? A la vista de la inminente firma del Tratado de Libre comercio de la UE con Colombia, todo parece apuntar a que sí.
Sigamos trabajando para revertir estas políticas irracionales y para que así, comunidades como la de los Embera Katío no estén amenazadas, no vivan aterrorizadas, no sean desplazadas. www.ecoportal.net
Guadalupe Rodríguez - Salva la Selva http://www.salvalaselva.org - Marzo 2010 –
Elaborado en base a informaciones proporcionadas por las comunidades afectadas, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Organización Indígena de Antioquía OIA, Salva la Selva y demás fuentes mencionadas.
Un agradecimiento a Mathias Hohmann, Berlin, por su valiosa colaboración en la investigación.

Todas las fotos son de la Organización Indígena de Antioquía OIA.
Foto vertical: militarización de la zona.
Foto apaisada: verificación de la zona bombardeada.