Injusticia ambiental, crisis climática y migraciones
Beatriz Felipe Pérez
Isabel Vilaseca Boixareu
Alejandra Durán Castellanos
Voluntarias de Ingeniería Sin Fronteras y socias de la cooperativa CICrA Justicia Ambiental
La crisis climática nos afecta a todas las personas, pero no lo hace de igual manera ya que depende en gran medida de dónde, cómo y cuándo nacemos. En otras palabras: no es lo mismo hacer frente a la subida del nivel del mar en los Países Bajos que en Kiribati, ni tampoco es lo mismo hacer frente a un ciclón en Tenerife que en Florida. Tampoco es igual enfrentarse a la escasez de agua siendo mujer, pues como consecuencia de los roles de genero socialmente construidos, en muchas sociedades, la dedicación de las mujeres a la recolección de agua es muy superior a la de los hombres. De hecho, hoy en día, según datos de Naciones Unidas, en 8 de cada 10 hogares sin agua dentro del hogar, son ellas quienes asumen la tarea de conseguirla. Asimismo, las generaciones más jóvenes y las futuras son quienes lo tendrán más difícil. Una niña o un niño que haya nacido en 2020 se enfrentará a un riesgo dos veces mayor de verse afectado por un incendio y soportará unas 30 olas de calor extremas a lo largo de su vida que alguien nacido a inicios de los 60.
Esta injusta crisis climática a menudo tiene sus peores impactos en lugares donde se materializan otras formas de degradación ambiental y expolio de la naturaleza (sobrepesca, deforestación, etc.). Estas son, además, las poblaciones más vulnerabilizadas a las que cada vez se les está haciendo más complicado vivir en sus territorios. Muchas personas ya se han marchado, otras lo están pensando.
Hoy en día hay casos de migraciones ambientales (entendidas como traslados multicausales, individuales y colectivos, internos e internacionales) alrededor de todo el planeta, como visibiliza el informe “Injusticia ambiental, crisi climàtica, aigua i migracions. Estudi de casos”, elaborado por Enginyeria Sense Fronteres y Ecologistes en Acció. A través del análisis de cuatro casos -Senegal (Saint Louis), Colombia (Cartagena, Bolívar), los pueblos inuit (Estados Unidos y Canadá) y Vietnam (delta del Mekong)- se analizan las intrincadas causas de diferentes movimientos de población inducidos por la degradación ambiental, los desastres y la crisis climática y se pone especial énfasis en las afectaciones relacionadas con el agua. Además, se dedica un apartado al estudio de diferentes casos en el Estado español y Cataluña: el delta del Ebro, el Mar Menor y Siurana.
En Senegal, concretamente en Saint Louis, hay zonas antes habitadas que ya están sumergidas bajo las aguas del océano. La desafortunada construcción de un canal y la sobreexplotación pesquera están dificultando la vida de sus habitantes. En Colombia, los impactos climáticos (como las olas de frío y la elevación del nivel del mar), la violencia estructural y los impactos de las industrias y de las empresas transnacionales también están afectando a la vida de los y las habitantes del municipio de Cartagena (departamento de Bolívar). En la región ártica, los pueblos Inuit están teniendo que hacer frente al deshielo del permafrost y a la elevación del nivel del mar, pero también a los incendios y a las consecuencias nefastas de las industrias extractivas. En el delta del Mekong, en Vietnam, las poblaciones campesinas están presenciando cómo las inundaciones cada vez más intensas afectan la productividad de los cultivos de arroz y ponen en jaque su seguridad alimentaria.
En todos estos lugares ya están ocurriendo diferentes procesos de movilidad humana. Se han constatado casos de desplazamientos internos en todos los casos de estudio, así como traslados internacionales (especialmente en el caso de Saint Louis). En los casos del delta del Mekong y de los pueblos inuit han tenido lugar reubicaciones de población (más o menos planificadas). Estos son procesos en los que un grupo de personas se traslada de manera organizada y se instalan en un nuevo emplazamiento donde se les ofrecen las condiciones necesarias para reconstruir sus vidas. Aunque a menudo no ocurre así, las reubicaciones siempre tendrían que ser voluntarias y contar con la participación plena de las poblaciones involucradas.
Ante estas injusticias ambientales (y en general, ante la crisis climática) las poblaciones locales ya están articulando e impulsando estrategias de acción. Se identifican movilizaciones contra los gobernantes locales por su ineficiencia (Saint Louis), la visibilización de la situación a través de redes sociales, contenido multimedia y talleres específicos (Saint Louis y delta del Mekong), la denuncia pública y el diálogo institucional (Cartagena) y los litigios climáticos (Inuit), entre otras.
En relación con el delta del Ebro, Mar Menor y Siurana, estos tres lugares también están experimentando graves situaciones de riesgo socio-ambiental en las que se combinan importantes procesos de degradación ambiental, crecientes impactos de la crisis climática y una insuficiente gestión de la planificación territorial que pueden incluso llegar a tener impactos demográficos significativos en cuanto a la movilidad humana.
Ante el contexto de enorme vulnerabilidad en que con frecuencia se encuentran las poblaciones afectadas por las migraciones ambientales, toma importancia el enfoque de la justicia ambiental, entendiéndose desde la perspectiva de la existencia de responsabilidades comunes pero diferenciadas, así como de diferentes afectaciones. Los países y empresas del Norte global tienen una responsabilidad añadida frente a la degradación ambiental en que se encuentran muchos territorios (Saint Louis, Cartagena, pueblos Inuit, delta del Mekong) , y a la que no se puede hacer frente con supuestos desarrollos tecnológicos o la construcción de megaproyectos queson “peor remedio que la enfermedad”.
En definitiva, la crisis ambiental global es fruto, directa e indirectamente, de las actividades humanas y en particular de aquellos países y grandes empresas transnacionales que han alterado el planeta Tierra, se han adueñado de la atmósfera común y están afectando la seguridad alimentaria, la disponibilidad del agua y la subsistencia de miles de comunidades, pueblos y hogares en todo el mundo. Por eso es indispensable que, desde las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones y también desde el ámbito académico se reconozca la importancia que tiene el reconocimiento jurídico y político de la movilidad humana inducida por factores ambientales y climáticos.
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/la-tecnologia-no-nos-salvara/injusticia-ambiental-crisis-climatica-y-migraciones - Imagen de portada: Dos personas andando a través del barro tras el efecto de los huracanes ETA y IOTA en Centroamérica en 2020. Foto: D. Membreno / EU Civil Protection and Humanitarian Aid (CC BY-SA)
