¿Los negocios por encima de los Derechos Humanos? Primero la soja, ahora el arroz

Por Fernando Glenza

El sistema de Siembra Directa amenaza con contaminar los acuíferos de Argentina. Los científicos que alertan sobre este problema son intimidados. Una actividad concentrada que viola a la legislación internacional.
El sistema de Siembra Directa amenaza con contaminar los acuíferos de Argentina
Ya todos sabemos que la Siembra Directa (SD) o “siembra sin laboreo” viene de la mano de la utilización de herbicidas cuyo compuesto principal es el “glifosato”. En Argentina se rocían anualmente más de 220 millones de litros de herbicidas, sólo para los cultivos de soja y maíz, en algo más de 22 millones de hectáreas.
Estos números siguen incrementándose, ahora también de la mano de la SD en arroz, en donde la siembra tradicional –que prescindía del “glifosato”- casi dejó de existir.
La SD en arroz fue desarrollada por empresas como Copra SA –cuyo titular es el vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda- y Adecoagro –del financista húngaro George Soros-, que integran el Consorcio Regional de Experimentación Agrícola (CREA) Avatí-í. Este planea la construcción de una represa sobre el río Ayuí, en la provincia de Corrientes, para regar 18 mil hectáreas de plantaciones, para producir 120 mil toneladas anuales de granos con destino a la exportación, el emprendimiento arrocero privado más importante del Mercosur.
De la mano de la SD, la actividad arrocera se está expandiendo fuera de las tradicionales regiones productoras del grano –las provincias de Entre Ríos y Corrientes- hacia las provincias de Chaco, Formosa, Misiones y Santa Fe, poniendo en riesgo la mayor parte de los “humedales” del país, esto es, bañados, esteros, pantanos, ciénagas.
La importancia de los “humedales” es altamente reconocida, son los sitios de mayor biodiversidad y recarga de los acuíferos. Por lo que poner en contacto el “glifosato” y otros herbicidas con el agua es por demás preocupante.
El “glifosato” es sólidamente cuestionado por afectar a la salud y al ambiente por algunos científicos, como Andrés Carrasco –director del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad de Buenos Aires (UBA)-, lo que le valió un duro ataque de las cámaras patronales sojeras.
Este duro ataque se reeditó recientemente en la provincia de Chaco el pasado 7 de agosto, cuando una exposición suya, junto Hugo Lucero –jefe del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)-, fue abortada violentamente por un grupo de personas –ahora vinculadas al sector arrocero- que amenazaron y golpearon a parte de la comitiva que lo acompañaba, debiendo hacerse presente personal de la policía de la provincia y de Gendarmería Nacional.
Si ya estamos forzando la frontera agrícola hasta límites insospechados por la implementación de la SD de soja –que relegó a la ganadería a zonas marginales o a lotes de corral (“feedlots”), que destruyó bosques y que desplazó poblaciones-, pareciera ser que la próxima frontera son los “humedales”, esas zonas que se inundan permanente o intermitentemente.
Y si se inundan, estamos hablando de agua, un bien común que recientemente la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) aprobó con mayoría la propuesta –presentada por Bolivia y respaldada por otros treinta y tres Estados- de declarar el acceso al agua potable como Derecho Humano (DDHH). Tener en casa agua potable y limpia es ahora un derecho que debe cumplirse en todo el mundo, sin embargo, parece que lo estamos hipotecando. www.ecoportal.net
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Mujeres de maíz

Esther Vivas
Público



En los países del Sur, las mujeres son las principales productoras de comida, las encargadas de trabajar la tierra, mantener las semillas, recolectar los frutos, conseguir agua, etc. Entre un 60 y un 80% de la producción de alimentos en estos países recae en las mujeres, un 50% a nivel mundial. Estas son las principales productoras de cultivos básicos como el arroz, el trigo y el maíz, que alimentan a las poblaciones más empobrecidas del Sur global. Pero, a pesar de su papel clave en la agricultura y en la alimentación, ellas son, junto a los niños y niñas, las más afectadas por el hambre.
Las mujeres campesinas se han responsabilizado, durante siglos, de las tareas domésticas, del cuidado de las personas, de la alimentación de sus familias, del cultivo para el autoconsumo y la comercialización de algunos excedentes de sus huertas. Han cargado con el trabajo reproductivo, productivo y comunitario, y ocupado una esfera privada e invisible. En cambio, las principales transacciones económicas agrícolas han estado, tradicionalmente, llevadas a cabo por los hombres en las ferias, con la compra y venta de animales, la comercialización de grandes cantidades de cereales… ocupando la esfera pública campesina.
Esta división de roles asigna a las mujeres el cuidado de la casa, de la salud, de la educación y de sus familias y otorga a los hombres el manejo de la tierra y de la maquinaria, en definitiva de la técnica, y mantiene intactos los papeles asignados como masculinos y femeninos que durante siglos, y aún hoy, perduran en nuestras sociedades.
Sin embargo, en muchas regiones del Sur global, en América Latina, África subsahariana y sur de Asia, existe una notable feminización del trabajo agrícola asalariado. Entre 1994 y 2000, las mujeres ocuparon un 83% de los nuevos empleos en el sector de la exportación agrícola no tradicional. Pero esta dinámica va acompañada de una marcada división de género: en las plantaciones las mujeres realizan las tareas no cualificadas, como la recogida y el empaquetado, mientras que los hombres llevan a cabo la cosecha y la plantación.
Esta incorporación de la mujer al ámbito laboral remunerado implica una doble carga de trabajo para las mujeres, quienes siguen llevando a cabo el cuidado de sus familiares a la vez que trabajan para obtener ingresos, mayoritariamente, en empleos precarios. Estas cuentan con unas condiciones laborales peores que las de sus compañeros recibiendo una remuneración económica inferior por las mismas tareas y teniendo que trabajar más tiempo para percibir los mismos ingresos.
Otra dificultad es el acceso a la tierra. En varios países del Sur, las leyes les prohíben este derecho. Y, en aquellos donde legalmente lo tienen, las tradiciones y las prácticas les impiden disponer de ellas. Pero, este problema no sólo se da en el Sur global. En Europa, muchas campesinas no tienen reconocidos sus derechos, ya que, a pesar de trabajar en las explotaciones, igual que sus compañeros, la titularidad de la finca, el pago de la Seguridad Social, etc. lo tienen habitualmente los hombres. En consecuencia, las mujeres, llegada la hora de la jubilación, no cuentan con pensión alguna, no tienen derechos a ayudas, cuotas, etc.
El hundimiento del campo en los países del Sur y la intensificación de la migración hacia las ciudades ha provocado un proceso de descampesinización. Las mujeres son un componente esencial de estos flujos migratorios, nacionales e internacionales, que provocan la desarticulación y el abandono de las familias, de la tierra y de los procesos de producción, a la vez que aumentan la carga familiar y comunitaria de las mujeres que se quedan. En Europa, Estados Unidos, Canadá… las migrantes acaban asumiendo trabajos que años atrás realizaban las mujeres autóctonas, reproduciendo una espiral de opresión, carga e invisibilización de los cuidados y externalizando sus costes sociales y económicos a las comunidades de origen de las mujeres migrantes.
La incapacidad para resolver la actual crisis de los cuidados en los países occidentales, fruto de la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral, el envejecimiento de la población y la nula respuesta por parte del Estado a estas necesidades conlleva la importación masiva de mano de obra femenina de los países del Sur global, destinada al trabajo doméstico y de cuidado remunerado.
Frente a este modelo agrícola neoliberal, intensivo e insostenible, que se ha demostrado totalmente incapaz de satisfacer las necesidades alimentarias de las personas y el respeto a la naturaleza, y que es especialmente virulento con las mujeres, se plantea el paradigma alternativo de la soberanía alimentaria. Se trata de recuperar nuestro derecho a decidir sobre qué, cómo y dónde se produce aquello que comemos; que la tierra, el agua, las semillas estén en manos de las y los campesinos; de combatir el monopolio a lo largo de la cadena agroalimentaria.
Y es necesario que esta soberanía alimentaria sea profundamente feminista e internacionalista, ya que su consecución sólo será posible a partir de la plena igualdad entre hombres y mujeres y el libre acceso a los medios de producción, distribución y consumo de alimentos, así como a partir de la solidaridad entre los pueblos, lejos de las proclamas chovinistas de “primero lo nuestro”.
Hay que reivindicar el papel de las campesinas en la producción agrícola y alimentaria y reconocer el papel de las mujeres de maíz, aquellas que trabajan la tierra. Hacer visible lo invisible. Y promover alianzas entre mujeres rurales y urbanas, del Norte y del Sur. Globalizar las resistencias… en femenino

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Esther Vivas es coautora de ‘Del campo al plato’ (Icaria, 2009).
Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/2321/mujeres-de-maiz/