CHILE: Denuncian que termoeléctrica fue aprobada por presiones políticas y económicas
Diputado Accorsi: “Le quiero preguntar al Presidente qué le ofreció a Suez Energy para cambiar Barrancones”
Juan Pablo Palacios
Parlamentarios de la Concertación y la organización Patagonia Sin Represas indicaron que la relocalización de la termoeléctrica Barrancones demuestra que el proyecto fue aprobado por presiones políticas y económicas. Asimismo, denunciaron serios conflictos de intereses de la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, y las autoridades de Conama de Coquimbo, quienes estarían autorizando proyectos de la misma envergadura en la zona.
La polémica por la “relocalización” de la termoeléctrica Barrancones está lejos de terminar. Un grupo de parlamentarios de la Concertación indicó que el traslado de la central anunciado por el Presidente Sebastián Piñera, demuestra que el proyecto fue aprobado por presiones políticas y económicas.
También acusan que a última hora se modificaron informes técnicos que eran negativos para la iniciativa.
Ante esto, los parlamentarios pidieron al Gobierno realizar una investigación que esclarezca las anomalías que hubo en este proceso.
En paralelo, el diputado de la comisión de Recursos Naturales de la Cámara Baja, Enrique Accorsi, exigió al mandatario que explique qué ofreció a la empresa mandante de la obra, la multinacional GDF Suez Energy, para trasladar de las inmediaciones de Punta de Choros la matriz termoeléctrica a carbón.
“Le quiero preguntar qué le ofreció a Suez Energy, porque Suez Energy para hacer todo este trabajo y el estudio de impacto ambiental, por lo menos gastó diez millones de dólares. A ese nivel de negocio, cuando estamos hablando de plantas de mil, mil 500 millones de dólares una empresa que tiene aprobado el proyecto, no porque el Presidente lo llame y diga ‘oye ¿sería posible que trasladaran la planta?’ Esas cosas no son así, aquí debe haber habido algún tipo de garantía”, acusó Accorsi.
El senador Guido Girardi, a su vez, planteó serios conflictos de intereses por parte de la actual ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, y de las autoridades regionales de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) de Coquimbo, quienes estarían autorizando proyectos similares en esa zona.
“Los conflictos de intereses son evidente, la ministra del Medio Ambiente es asesora de los proyectos ambientales. Hay otra central, Cruz Grande CMP, que está al lado de Punta de Choros, que quiere instalarse también ahí. Está participando de un proceso de impacto ambiental que adivinen quién fue la asesora y parte activa de la elaboración de ese estudio, pues bien, la ministra. Tenemos que la gran jueza y defensora del medio ambiente es la gran promotora y asesora de estos proyectos contaminantes y destructores del medio ambiente. Tenemos que la directora regional de la Conama está vinculada familiarmente a gerentes y directivos”, denunció Girardi.
En tanto, Patricio Rodrigo, representante de Patagonia Sin Represas, pidió al Ejecutivo que se apliquen los mismos criterios que se dieron en Barrancones para impedir la construcción del proyecto Hidroaysén.
“Esperamos que el mismo rigor que el Presidente ha puesto en este caso lo tenga para el proyecto Hidroaysén en la Patagonia chilena, que está sufriendo tantas o más irregularidades de las que ha tenido éste, porque también ahí hay un santuario, tal como lo es esta reserva marina. El país tiene suficiente energías renovables no convencionales para evitar las termoeléctricas y las grandes represas”, aseguró Rodrigo.
Los congresistas denuncian que en el trámite de evaluación se modificó el contenido de los informes de impacto ambiental de la Seremi de Salud y de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), los que en un principio señalaban que el proyecto Barrancones era nocivo para el ecosistema de la zona.
Fuente: http://radio.uchile.cl/noticias/80444/
