Rompecabezas del Uruguay forestal y papelero

Por Silvana Silveira




MONTEVIDEO, ago (Tierramérica) - "Un uruguayo consume 40 kilos de papel al año, contra los 400 que consume un finlandés. Producimos madera para alimentar el consumo extranjero", dijo a Tierramérica la socióloga María Selva Ortiz, representante de la organización ecologista Redes - Amigos de la Tierra.
"Pero la mochila ecológica de ese consumo la padece nuestra agua, nuestro suelo, nuestros productores", agregó. 

Detrás de los cientos de miles de toneladas de "rolos" de madera que se producen, como materia prima de la industria papelera, hay un paisaje de carreteras dañadas, monocultivos extendidos, recursos hídricos exigidos y suelos degradados, afirman los ecologistas. 

Para Ortiz, la expansión forestal entraña desplazamiento de pequeños productores, extranjerización de la propiedad agraria y daños a una cultura de producción de alimentos. 

Retratar la transformación que el mapa natural uruguayo sufrió entre 1975 y 2009 es uno de los propósitos del informe "América Latina y el Caribe: Atlas de nuestro cambiante medio ambiente", elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), con base en imágenes satelitales tomadas a lo largo de las décadas. 

Un avance de ese estudio fue presentado en la XVII Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, celebrada del 26 al 30 de abril en Panamá. 

El área forestada uruguaya pasó de 45.000 hectáreas en 1990 a 900.000 en 2009, constató el Atlas. Esto conllevó pérdida de biodiversidad, alteración del ciclo del agua y degradación del suelo, según el PNUMA. 

Según el senador oficialista Ernesto Agazzi, ex ministro de Ganadería Agricultura y Pesca, el país tiene un millón y medio de hectáreas de árboles. Pero sólo unas 750.000 corresponden a bosques nativos. 

Casi todo el resto son plantaciones de especies exóticas, en las que el eucalipto ocupa 70 por ciento y el pino 30 por ciento. Y hay más de tres millones de hectáreas de prioridad forestal en una superficie total de 17,6 millones de hectáreas. 

La ley forestal 15.939 de 1987 promovió estos monocultivos en zonas de baja productividad de lana y carne --en este país ganadero-- mediante subsidios, devolución de impuestos y créditos blandos. Las plantaciones se asentaron en praderas, el ecosistema más abundante y biodiverso de este país, y en áreas en las que hubo bosques. 

"Fue una ley presentada para los proxenetas de la celulosa", dijo el ex ministro a Tierramérica. Cuando el izquierdista Frente Amplio llegó al gobierno en 2005, se eliminaron las subvenciones a la actividad, que ya era "económicamente madura". 

"Ahora para invertir hay que elaborar un proyecto que debe ser analizado económica, social y ambientalmente", dijo Agazzi. 

Ante el alerta de los ambientalistas sobre el daño de estos monocultivos al suelo y el agua, Agazzi replicó que "los riesgos se presentan en zonas de recargas de freáticos y suelos arenosos, el resto son especulaciones sin base técnica". 

En su opinión, los activistas "suelen tenerle miedo al árbol, como si fuera un enemigo". 

Pero "el problema no es el árbol, sino los cientos de miles de hectáreas plantadas que son como una noche, producen plagas de jabalíes, zorros y cotorras, y sólo sirven para alimentar el consumo excesivo de los países del Norte", dijo a Tierramérica la activista Elizabeth Díaz, del no gubernamental Grupo Guayubira. 

Ortiz apuntó que "investigaciones científicas de todas partes del mundo dicen que las nacientes de cuencas no deben ser forestadas" con esas especies, "para proteger el caudal de las aguas". 

"Estamos forestando en forma masiva en las nacientes de cuenca del río Tacuarembó Grande (norte) y del Santa Lucía (sur)". El primero es tributario del río Negro, donde se asientan tres represas hidroeléctricas. El segundo abastece de agua potable a 70 por ciento de la población del país. 

De acuerdo con la "Caracterización de los trabajadores forestales", realizada en 2009 por el sindical Instituto Cuesta Duarte, más de 90 por ciento de los 16.000 trabajadores forestales uruguayos, concentrados en los norteños departamentos de Paysandú, Rivera y Tacuarembó, laboran bajo subcontratos. 

Las condiciones "han mejorado mucho en los últimos cinco años a partir de la instalación de los Consejos de Salarios y de la ley de tercerizaciones, porque buena parte del trabajo se hace a partir de empresas tercerizadas, sinónimo de fraude permanente en contra de los trabajadores", dijo a Tierramérica el secretario general del Sindicato de Obreros de la Industria de la Madera y Anexos, Fernando Oyanarte. 

Pero, "por las propias particularidades del trabajo forestal es difícil organizar a trabajadores que están dispersos en lugares de difícil acceso y son nómades. Hoy están con un contratista y mañana con otro", ejemplificó. 

Uno de esos trabajadores es Pablo Litrizon. Él está contratado por Nazca Servicios Forestales, empresa proveedora de Forestal Oriental, que a su vez abastece a la fábrica de celulosa de la corporación finlandesa UPM, asentada sobre el río Uruguay. 

"Hay dos formas de relacionamiento con las empresas: las multinacionales, que tratan de respetar la legislación vigente, y un montón de empresas chicas que abastecen a las plantas de energía y trabajan en régimen de esclavitud, sin condiciones dignas de vivienda, con mala alimentación y un montón de deficiencias", denunció. 

"El mameluco (vestimenta protectora) se debe cambiar cada 10 horas por las aplicaciones de pesticidas, sin embargo lo usan hasta que no dé más y se rompa", ejemplificó Litrizon, representante sindical en Paysandú. 

Según el gerente general de la Sociedad de Productores Forestales, Edgardo Cardozo, en los últimos 20 años se invirtieron más de 2.400 millones de dólares en el sector. "Hoy la clave es la cautela, ya que no todos los países superaron la crisis de 2008", dijo Cardozo a Tierramérica. 

La chilena Arauco y la sueco-finlandesa Stora Enso se preparan para construir una nueva planta de celulosa en el sudoeste de Uruguay. Pero otros planes están en duda. 

La forestación produce ingresos de unos 600 millones de dólares anuales, sin contar la producción de UPM, dijo a Tierramérica el ingeniero Pedro Soust, director general forestal en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. 

Su repartición controla 90 por ciento del sector, y los procesos de certificación, que imponen normas laborales y buenas prácticas, son aliados valiosos en la cadena, indicó.



* Este artículo fue publicado originalmente el 14 de agosto por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.