A confesión de partes…

El senador César Gioja intentó descalificar las acusaciones contra él y su hermano José Luis que vertí en esta columna el 14 de diciembre. Por: M. Bonasso.

Ejerciendo el derecho a réplica que este diario otorga a sus lectores, el senador (Frente para la Victoria- PJ) César Ambrosio Gioja, intentó descalificar las acusaciones contra él y su hermano José Luis Gioja, gobernador de San Juan, que vertí en esta columna el 14 de diciembre último. La respuesta del empresario minero que preside la Comisión de Minería del Senado a mi nota “El veto de la Barrick Gold”, fue publicada el viernes 19 de este mismo mes y en ella propone que nos pongamos todos “a la altura de las circunstancias”. Procuraremos complacerlo. 

El político minero comienza aceptando uno de los primeros señalamientos que le hago en la citada contratapa: “Es cierto que, desde hace más de treinta años, tengo a mi cargo, aunque hoy no soy el responsable, una empresa que se dedica a la extracción, industria, ligazón y comercialización de bentonitas blancas”. A confesión de partes, relevo de pruebas, pero igual aportaremos un dato estratégico. En Internet esa empresa figura textualmente como “Bentonitas-Santa Gema- César Gioja Cuit 20079415279”. Y el senador figura como “contacto”. Cuando uno llama a los teléfonos que figuran en la página se informa, como lo dije en la nota, que quien se encuentra a cargo es el señor Alejandro Gioja, hijo del senador y sobrino del gobernador de San Juan”. 

Ante mi pregunta sobre si es lícito o no que un empresario minero presida la Comisión de Minería, el senador Gioja ofrece dos respuestas. La primera es francamente pintoresca: admite que la empresa, a la que define como pyme, está a su nombre, “porque no tengo nada que ocultar, porque no soy un haragán, porque no vivo del verso, ni de la política…” 

No lo acusé de vago ciertamente, pero en cuanto a “vivir de la política” hay motivos para discrepar: tengo ante mi vista una planilla de ANSES, de consulta por beneficio, donde consta que el primero de enero de 1996, a los cincuenta y un años de edad, el señor César Ambrosio Gioja (Cuil 20079415279) comenzó a percibir una jubilación de privilegio por valor de 5.123 pesos con 88 centavos, que mantuvo hasta agosto del 2005. En ese momento la suspendió voluntariamente. Pero no renunció al beneficio, derivado de su práctica política. 

Ante el planteo ético sobre la vinculación entre la actividad privada y la función pública, se defiende de esta manera: “Es cierto que soy presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustible, precisamente porque conozco la problemática del sector (no pretenderá el autor que se nombre para tal función a un médico cirujano o un profesor de filosofía)”. 

En todo caso, la duda sobre la posible incompatibilidad de intereses entre lo público y lo privado, no es exclusividad del “autor”. En un artículo publicado el 6 de mayo de 2005, en el semanario La Séptima de San Juan, que firma el señor Juan Carlos Aguirre, se formula el mismo interrogante con una respuesta categórica. En aquel momento el actual senador era jefe de asesores de su hermano el gobernador José Luis Gioja y, a la vez, dueño de Bentonitas Santa Gema S.A. Según el cronista, esta doble condición violaba los artículos 17 y 18 de la ley de ética pública provincial número 6.773. 

¿Por qué razón? Porque en la página web de Bentonitas Santa Gema, se proclamaba orgullosamente que la empresa era proveedora de nuestra vieja conocida Barrick Gold (la que está detrás del famoso veto a la ley de glaciares) y la no menos poderosa Techint. Como dice el periodista de La Séptima “siendo Techint la empresa contratada para la principal obra pública de San Juan (Dique Caracoles) y que Barrick tenga el principal emprendimiento minero (Veladero, Pascua Lama), y que César Gioja sea proveedor de ellos siendo jefe de asesores de su hermano, es a todas luces y sin lugar a dudas motivo de aplicación de la ley 6773”. 

En su réplica, el senador Gioja dice textualmente: “Por tanto, no es cierta la afirmación irresponsable y mentirosa que sostiene el señor Bonasso sobre ‘la connivencia del presidente de la Comisión del Senado con una empresa minera’, a la que identifica como la Barrick Gold. Insisto, no tengo negociación ni relación alguna, más allá de un conocimiento protocolar”. 

No es lo que decía la página web de la empresa que reconoce como propia: “Con satisfacción decimos que somos proveedores de empresas líderes con actividades tan diversas como Unilever (jabones), Techint (construcciones civiles), Barrick Argentina (lodos de perforación)”. 

La página en cuestión fue retirada de la red tan pronto como la reprodujo el semanario La Séptima. En previsión del escamoteo, las imágenes fueron certificadas por el escribano Rodolfo Mó, a pedido del propietario y editor de la revista, Carlos Castro Espinosa. 

En su edición del 12 de noviembre de 2005 la revista “Noticias” edita una nota de Castro Espinosa donde afirma lo siguiente: “Cuando publicamos en el semanario La Séptima la relación de su hermano César (Gioja) con la empresa minera Barrick y Techint, la respuesta fue una carta documento de César Gioja, patrocinado por un abogado de la mismísima minera Barrick. Esto describe el nivel de impunidad que tienen”. 

Como vemos se trata de datos concretos, precisos, verificables. Nada más alejado de los “ladridos de bajo tono que encubren mezquindades muy particulares” que me endilga la irritada prosa del senador-minero. 

Amparándose en el veto presidencial a la ley de glaciares, que he leído atentamente, el senador Gioja afirma que su provincia no permitirá que se destruyan los glaciares y que “tiene montado un importante operativo de control de la actividad minera, que se basa en el cumplimiento de la legislación nacional y de las disposiciones provinciales y municipales que regulan el tema”. 

Hay otros documentos que ponen en duda su aseveración. Por ejemplo la nota que el dirigente bloquista Raúl Montero, vocal del Instituto de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM) dirigió en el 2005 al Tribunal de Cuentas de la provincia de San Juan, solicitando que se investigue “si la falta de controles en las actividades de explotación minera en el Proyecto Veladero, produciría algún perjuicio a la Provincia en general y en particular al IPEEM”. 

En el veto presidencial se sostiene que la ley vetada “no pondera que cada actividad en ejecución en las provincias involucradas pasa por las evaluaciones y autorizaciones ambientales pertinentes previo a entrar en ejecución y es objeto de monitoreo constante por parte de las autoridades ambientales provinciales”. 

No es lo que se desprende de la denuncia citada. No es lo que piensan las asambleas populares, ni las organizaciones ambientalistas que defienden el agua por encima del oro. Ayer sostuve que éste era el veto de la Barrick Gold, hoy lo estoy probando.