La Corte les reconoce sus tierras a los huarpes

Después de siete años de lucha falló a favor de la comunidad y rechazó un planteo de inconstitucionalidad contra la ley que les otorgaba 700 mil héctareas en Lavalle.

Desde hace 11 años, la comunidad huarpe reclama por sus tierras.

Después de 7 años de litigio, la Suprema Corte de Justicia falló a favor de las comunidades huarpes para que se queden con 700 mil hectáreas de tierras que han habitado durante años.

En realidad, la Legislatura había ordenado por ley darles estos terrenos a los huarpes, pero el fiscal de Estado Pedro Sin interpuso una acción de inconstitucionalidad. Esto fue en 2001.

Entonces la ley 6.920 que ordenaba al Estado expropiar unas 786.000 hectáreas del desierto lavallino y restituírselas a los descendientes de los antiguos habitantes quedó sin efecto.

Ahora la historia se dio vuelta, ya que el Suprema Corte emitió un dictamen en el cual considera que la 6.920 si está dentro de la Constitución.

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La Suprema Corte de Justicia falló a favor de los huarpes

La Suprema Corte de Justicia de la provincia falló a favor de las comunidades huarpes milcallac. Con esta sentencia, el máximo Tribunal rechazó el recurso de inconstitucional presentado por Fiscalía de Estado en 2001 y, de esta manera, dejó vigente la ley 6.920, la cual ordena que se restituya al pueblo indígena que habita el desierto lavallino más de 780 mil hectáreas.

Así, tras diez años de lucha incansable, los huarpes volverán a ser dueños de los terrenos que les quitaron luego de la conquista. Por eso, la noticia fue un verdadero triunfo para sus integrantes. Diego Barros, presidente de la comunidad huarpe de Asunción señaló que se trata de un paso gigante que les permitirá ir solucionando otros problemas que hay detrás, como la falta de vivienda, trabajo y agua.

La necesidad de pelear por sus derechos se remonta al año 1998. En ese momento, las once comunidades indígenas comenzaron a organizarse para obtener su personería jurídica. Un año después lograron introducir un proyecto de ley en la Legislatura para recuperar sus tierras.

Finalmente, la normativa 6.920 fue aprobada en octubre de 2001. En ella se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación los terrenos ubicados en Lavalle para que sean transferidos en forma de propiedad comunitaria a los huarpes.

Lo cierto es que a las pocas semanas de sancionarse la disposición, el fiscal de Estado, Pedro Sin, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza un recurso de inconstitucionalidad, alegando que la ley afectaba el derecho de propiedad.

A partir de ahí empezó un largo proceso judicial que terminó ayer con la sentencia del máximo Tribunal.

"Esto significa que la ley 6.920 es constitucional y hay que aplicarla, ya que con la acción que presentó Fiscalía de Estado quedó suspendida. Ahora, el Poder Ejecutivo debe hacer las expropiaciones correspondientes para entregar más de 780 mil hectáreas a las once comunidades huarpes involucradas", indicó Ricardo Croche, coordinador del Programa de Acompañamiento de Comunidades Indígenas, que depende del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

Apenas se conoció la resolución, los teléfonos no pararon de sonar. "Esta Navidad va a ser muy especial. Hoy (por ayer) hemos estado comunicando el fallo a toda la gente del campo lavallino", contó Croche, quien también es miembro del equipo Nacional de la Pastoral Aborigen.

Por su lado, Barros agregó que "es una alegría enorme. Esto significa terminar con los graves inconvenientes de usurpación que sufrimos desde hace años. La comunidad va tener lugar para criar a sus animales y desarrollar todas sus actividades". / V Di Bari
http://www.losandes.com.ar/notas/2008/12/23/un-399995.asp